URUGUAY: EL TRIBUNAL DE CUENTAS Y LOS ESCANDALOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO

BRECHA

Las maniobras financieras del gobierno sufren tropezones varios. Todo el elenco anterior del equipo económico aparece como responsable de graves irregularidades durante la crisis financiera, según surge de las conclusiones de la bancada de izquierda en la investigadora sobre la debacle bancaria. Particularmente expuesto quedó el ex ministro Bensión, quien hipotecó las reservas del país sabiendo que el barco ya se había hundido.
También el Tribunal de Cuentas, cuyos esfuerzos por maquillar los desaguisados resultaron estériles.
El Tribunal de Cuentas de la República (TCR), el órgano que dictamina sobre la legalidad del gasto público, se encuentra en un callejón sin salida: está dilatando, desde hace meses, una decisión sobre los balances de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) y no sabe cómo dar luz verde a una demanda que el equipo económico del gobierno de Jorge Batlle está reclamando perentoriamente. La aprobación de los estados contables de la CND -en los que se asume como crédito un faltante de 40 millones de dólares- implica confirmar la actitud política de maquillar las principales decisiones del gobierno en materia económica, y particularmente las relevantes medidas adoptadas durante la crisis financiera del año pasado.
Maquillaje a gran escala
En ese 'operativo maquillaje', el TCR ya convalidó las 'órdenes verbales' del ex ministro de Economía Alberto Bensión y, como consecuencia, facilitó al gobierno el enmascaramiento, en la rendición de cuentas, de un gasto irregular, un 'agujero' de más de 900 millones de dólares que multiplica el déficit del presupuesto nacional. Todo el operativo maquillaje gira en torno a la necesidad del gobierno de 'legalizar' la asistencia que brindó a los bancos, que no impidió el default, que deglutió la totalidad de las reservas del país y que terminó duplicando la deuda externa. Ese gasto es, como se consigna en la cobertura sobre los informes finales de la Comisión Investigadora de la crisis bancaria, una de las principales acusaciones contra el presidente Batlle y su ministro Bensión.
De hecho, toda la estrategia del gobierno, en la que el TCR jugaba un papel protagónico, se vino al suelo cuando el Parlamento se negó a convalidar la rendición de cuentas con 'gasto cero' tal como proponía el Ejecutivo. En esa rendición el gobierno pretendía pasar de contrabando las órdenes verbales de Bensión y, de paso, aprovechando el criterio legal utilizado, convalidar el balance de la CND y 'superar' el 'agujero menor' de los 40 millones de dólares que provocaban otro boquete en las cuentas poco claras de la corporación.
El país se quedó sin rendición de cuentas, y el gobierno se quedó sin maquillaje. Todo volvió a fojas cero: el Ejecutivo, de alguna manera, se sacó de encima un 'lastre' de más de 900 millones de dólares, porque la explicación del gasto y la dificultad para congeniarlo en los números del presupuesto serán parte de la herencia que reciba el próximo gobierno. Y será, sin dudas, otro ítem más en la larga lista de los reproches a la gestión del presidente Batlle, quien, si mantiene la predilección por lo jocoso y lo espontáneo, perfectamente podrá decir 'que me quiten lo bailado'. En cambio para el TCR la no rendición de cuentas significa retroceder un casillero y enfrentarse al dolor de cabeza que creía superado.
En verdad el artífice del maquillaje fue el director general de auditorías del TCR, el contador Carlos Bray, fallecido recientemente y cuyos antecedentes se exponen en recuadro aparte. Bray, quien asumió personalmente la justificación de los criterios de control financiero cuestionados por la misión del FMI que analizó nuestras cuentas a finales de 2002, se había convertido en el asesor preferido del gobierno. 'Yo trabajo para Jorge Batlle', confesaba sin escrúpulos cuando el ex ministro de Economía Alejandro Atchugarry lo convocaba a su despacho para buscar salidas formales a los desaguisados reales.
Así, cuando fue necesario justificar el gasto en el que había incurrido el ministro Bensión con el pretexto de 'salvar' la plaza financiera, el contador Bray elaboró una original explicación: las transferencias de dinero, unos 522 millones de dólares, desde el Ministerio de Economía a la CND y a las cuentas de los bancos Comercial, Montevideo, Caja Obrera y de Crédito, efectuadas entre el 29 de abril y el 16 de julio de 2002, consistieron en una utilización transitoria de fondos; tal utilización estaba autorizada por los artículos 74 y 15 del TOCAF, en la medida en que se afectaban créditos presupuestales a situaciones graves e imprevistas.
Una mayoría de los ministros del TCR aprobó ese criterio, por más que la fundamentación hacía agua por todos los costados: de hecho, el ministro Bensión no había apelado al carácter imprevisto y urgente; simplemente decidió no justificar su decisión, en la esperanza de que pudiera devolver el dinero que estaba utilizando discrecionalmente. Cuando su sucesor Atchugarry debió apagar el incendio, necesitaba un justificativo: Bray sugirió el carácter 'transitorio' del gasto en virtud de la existencia de un 'crédito' que surgiría del préstamo del FMI, que a mediados de julio de 2002 aún no estaba concretado. El préstamo no implicaba un 'crédito presupuestal', es decir, una asignación; y el carácter imprevisto del gasto estaba limitado al 1 por ciento del presupuesto, una cifra que fue superada por la discrecionalidad de Bensión en el uso de los dineros públicos. La fundamentación elaborada por el director general de auditorías del TCR resultó en definitiva poco prolija, tal como comentaron los diputados del EP-FA que elevaron pedidos de informes sobre la resolución del tribunal, tema que fue exhaustivamente debatido en la Comisión Investigadora. Interpelado por la diputada encuentrista Silvana Charlone, el contador Bray encontró dificultades para justificar el maquillaje que había sugerido al TCR.
Maquillaje balanceado
La misma línea de argumentación utilizó el contador Bray para resolver el espinoso asunto de la CND: si el Parlamento aprobaba una rendición de cuentas en la que la asistencia al sistema financiero se justificaba como asunto 'grave e imprevisto', entonces era posible incorporar a la lista de los gastos del Ministerio de Economía los 40 millones de dólares que la CND quiere a toda costa hacer figurar como crédito a su favor en los balances.
Para el TCR aceptar ese criterio significaba borrar con el codo lo que ha venido sosteniendo durante 12 años: desde 1991 el tribunal reclama una explicación sobre esos 40 millones de dólares. La controversia implicó, entre otras cosas, que la CND se negara sistemáticamente a permitir la auditoría del tribunal. El dinero en cuestión fue entregado por el entonces ministro de Economía Enrique Braga para que la CND, que en ese momento era propietaria de los bancos La Caja Obrera y Pan de Azúcar ('rescatados' por el gobierno y gestionados por el Estado), pusiera a las instituciones en condiciones de ser reprivatizadas.
En sus balances la CND pretendió incorporar los 40 millones de dólares como crédito, aduciendo que Economía le debía ese dinero, que había sido usado para sanear y gestionar bancos. Los ministros sistemáticamente se negaron a aceptar esa deuda y el TCR cuestionó los resultados del balance. Durante una década la CND hizo sus negocios al margen de la fiscalización oficial; el resultado de esa gestión (particularmente durante el período en el que tuvo una influencia decisiva la contadora Milka Barbato) se está ventilando en una comisión investigadora especial de diputados.
Finalmente, urgida por sus proyectos de participación en la Bolsa de Valores, la CND aceptó volver a ser auditada por el TCR. En enero de este año un informe de los servicios técnicos aconsejaba a los ministros del tribunal observar los estados contables de la CND porque 'no presentan razonablemente la situación patrimonial, ni los resultados de sus operaciones, ni el origen y aplicación de fondos para el ejercicio analizado de acuerdo a normas contables adecuadas'. Según los auditores, la CND no sólo sobrevaluaba su activo y su patrimonio con un crédito contra el Estado no demostrado, sino que además incluyó en el activo cuentas a cobrar por 5 millones de dólares, correspondientes a créditos vencidos en 1998, además de contabilizar como créditos financieros deudas de Mi Granja que, como se sabe, nunca serán cobradas.
Si en un primer momento se pretendió resolver la cuestión de los 40 millones de dólares del Ministerio de Economía maquillando la rendición de cuentas, los otros rubros que sobrevaluaban el patrimonio de la CND ocasionaban problemas adicionales. Dispuesto a resolverle al gobierno el dolor de cabeza de la CND, el contador Bray se 'sentó' sobre el informe técnico y se tomó más de seis meses para encontrar una solución que permitiera al TCR aprobar los balances cuestionados. Cuando finalmente, eludiendo todos los mecanismos administrativos que son tradicionales en el TCR, concibió un proyecto de resolución 'aceptable', Bray sorpresivamente falleció. Cuando esto ocurrió Bray aún no había firmado el informe que sería elevado a consideración del tribunal. La fórmula que había ideado no era muy sofisticada, y decía, en esencia, que el TCR no tenía elementos de juicio para pronunciarse sobre la legalidad de los balances de la CND. Después de 13 años de sostener exactamente lo contrario, para el tribunal esa fórmula era difícil de aceptar. Pero el gobierno estaba urgido a obtener la luz verde.
Si el tribunal todavía no se ha decidido a dar el paso es porque, además de lo endeble del argumento, deberá aprobar un informe que no tiene firma, de hecho anónimo, y que ningún otro jerarca se anima a convalidar. En esa encrucijada, el TCR se enfrenta a la disyuntiva de aprobar una 'orden verbal', en este caso de su propio director de auditorías, que quizás algún otro deberá maquillar en el futuro como éste lo hizo con las órdenes verbales de Bensión.