Hugo Cores
La República

A diferencia de lo que suele ocurrir cuando acomete temas de su ciencia económica, en esta oportunidad el compañero Danilo Astori no está brindando un mensaje claro a la ciudadanía. Sostiene que por el bien del país votará con blancos y colorados. Un error similar cometió en 1996, cuando apoyó la reforma de la Constitución que impuso el balotaje y creó las condiciones de un nuevo gobierno neoliberal, el de Batlle y Bensión.
Un buen tramo del razonamiento de Astori a favor del mantenimiento de la ley de Ancap no responde a una línea de reflexión coherente con otras consideraciones suyas con relación a la misma norma.
Cuando la misma se debatió en el Senado, los senadores elegidos por el lema Frente Amplio-Encuentro Progresista la votaron negativamente. Negativamente en general y negativamente artículo por artículo. La mayoría de los compañeros culminaba así una oposición que habían expresado en el curso del debate, confrontando sus opiniones con las de los blancos y colorados que defendían la ley.
El compañero Astori, cuando como senador votó contra la Ley, en diciembre del 2001, lo hizo en función de la "disciplina partidaria". Dado que el Frente Amplio consideraba mala para el país la ley, la votaba en contra.
Acompañando esa decisión, el senador de Asamblea Uruguay se sumaba al rechazo.
Primera confusión, si la "disciplina partidaria" era buena y valedera en el 2001 ¿porqué ha perdido eficacia y legitimidad en el 2003? Si no se nos explicita, hay en esto una perdida de sentido.
El otro aspecto donde el discurso del compañero se vuelve discontinúo remite a la valoración de la ley. Cuando el proyecto se aprobó en el Senado, Danilo Astori formuló un encendido elogio a la norma. Pero no lo hizo examinando cómo esta contribuía a mejorar la gestión de Ancap y cómo beneficiaría al país. El discurso final puso el acento en otra cosa, que no era exactamente la materia de la ley.
Astori resaltó la importancia del acuerdo político que había hecho posible la norma. Elogió la búsqueda de consensos, la trabajosa construcción de un pensamiento común entre blancos, colorados y frenteamplistas.
El gran mérito de la ley, según el discurso de Astori de diciembre del 2001, era que se constituía en una muestra de la capacidad de constituir espacios de concordia nacional por encima de los partidos. La ley era un ejemplo de todas las buenaventuras que le esperaban al país si blancos, colorados y frentistas se ponían de acuerdo.
La Ley 17448 más que por las normas que aportaba, valía como símbolo, como expresión de una estrategia en "beneficio" de la cual se disolvían todas diferencias partidarias y se iniciaba el ciclo de la armonía nacional.
Desaparecían las ideologías y los antecedentes. Había llegado por fin la hora de los hombres de buena voluntad. Bien cuidado, el arrullo de la concordancia nos seguiría meciendo mucho tiempo, más allá incluso de las elecciones del 2004.
Ahora bien ¿tiene sentido hoy seguir hablando de la ley como expresión de un nuevo tiempo de consensos políticos? ¿Qué hacer con el hecho, bien palpable por cierto, que las organizaciones sociales y el Frente Amplio recogieron 700 mil firmas porque están en contra de la ley? ¿Se lo puede ignorar? La ley no es prenda de concordia entre los partidos, sino de discordia.
Pero, ¿de discordia de quién? De una discordia sustentada por su propio partido, el Frente Amplio. Un partido que asume hoy la misma actitud que tuvo Astori cuando votó contra la ley en el Senado.
Lo de la concordia universal no sé si es una estrategia o ya tiene el espesor de una ideología. Lo que sí se es que en los últimos años hay muchos políticos que la invocan. Y dicha por televisión queda bárbara. Dan ganas hasta de creer en ella. Eso sí, no ha habido un solo acto de gobierno importante que sea fruto de "los consensos" a los que tantos elogios sinfónicos se le brindan. Ni uno solo.
De ahí la importancia de la campaña que contra viento y marea lleva adelante el Frente. De la afirmación de su identidad clara y distinta. De su tesitura firme y neta de oposición. De su confianza en un programa opuesto al del gobierno, que responde a otras ideas y a otros intereses. De su reafirmación como opción de izquierda en la lucha democrática.
fuente: La República (de Uruguay)