Odalys Buscarón

El gobierno del presidente paraguayo, Nicanor Duarte, está a punto de llegar a los dos meses de mandato y todavía no asoman los visos del cambio, ante una ciudadanía que demanda mayor celeridad para salir de la agobiante crisis y la incertidumbre.
Nada está definido aún, si tenemos en cuenta los ambiciosos plazos trazados por el flamante mandatario en su afán de cumplir una de sus promesas electorales de 'cambiar el calamitoso rostro' de Paraguay en la brevedad posible.
Concretamente podrían mencionarse algunos bandazos que arremetió contra las oficinas recaudadoras (Aduanas, Puertos, Instituto de Previsión Social) y otras instituciones vinculadas con la evasión fiscal, la corrupción y el contrabando.
Y es que a pesar de los tenues avances registrados con su administración en materia económica y concertación política, ninguno de los importantes proyectos contemplados en el Plan de urgencia para los primeros 100 días ha tenido la celeridad esperada, frente al cúmulo de problemas y la preocupante magnitud de estos.
Prioridades como la reactivación económica, generación de empleo, presupuesto y combate a la pobreza siguen varadas en espera de que se logre un acuerdo político entre los partidos representados en el Congreso, que dé luz verde a su implementación.
Una señal alentadora fue la confirmación de la firma este jueves de un pacto político entre el oficialismo y los partidos con representación parlamentaria, para impulsar los debates de por lo menos siete proyectos en el Legislativo.
Estos casi dos meses de gestión de Duarte han estado signados por presiones de todo tipo, tanto internas como externas, en lo concerniente al futuro rumbo de la economía paraguaya, sumida en la peor crisis de los últimos tiempos.
El mejoramiento de la situación fiscal -su talón de Aquiles- es la principal batalla que libra el Ejecutivo y con ella se entrelazan otras pesadillas como el manejo del presupuesto, las recaudaciones, la política de ajuste, deuda externa y el enfrentamiento a la corrupción.
En esa dirección, la senda trillada por el gabinete nicanorista para recibir un aval de credibilidad y confianza por parte de los organismos financieros internacionales es vista con preocupación por algunos sectores sociales y políticos, en el sentido de las consecuencias y la nefasta carga que desatarán las medidas de ajustes (de tinte neoliberal) sobre la mayoría de los paraguayos.
En la arena política tampoco los nubarrones permiten que al menos un eslabón del Poder Judicial sea renovado con la urgencia que previó el mandatario para dar muestra de su compromiso con la depuración de las instituciones y la lucha frontal contra la corrupción.
La pelea por la remoción de los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia, quienes en su mayoría están salpicados por denuncias de irregularidades en sus funciones, parece desembocar en una 'crisis de poderes', pues los jueces siguen aferrados al cargo, pese al consenso entre oficialismo y oposición para que se vayan.
El presidente Duarte en sus pronósticos prometió 'una nueva Corte antes de fin de año', lo cual le permitiría proseguir con la reforma del Estado a otros niveles, pero la arrogancia desafiante de los magistrados y su táctica dilatoria ponen zancadillas a este proceso, y a la vez, desvía la atención hacia otros temas que esperan una toma de decisión a mediano plazo.
En medio de incertidumbres, vaivenes y escollos de última hora, la opción del juicio político de los miembros del máximo tribunal (y no la jubilación ordinaria ni anticipada) gana terreno esta semana, tras alcanzarse un entendimiento entre representantes del oficialista Partido Colorado (PC) y el bloque opositor.
Así lo confirmó el titular del PC, Herminio Cáceres, cuando admitió que será muy difícil lograr los cambios en la Corte de manera negociada. La postura del PC, a cuyas filas pertenecen los nueve ministros del tribunal, se traduce en un nuevo espaldarazo al Poder Ejecutivo.
Otro de los asuntos pendientes que ganó Duarte al ingresar en el Mburuvicha Róga (residencia presidencial -en guaraní 'casa del cacique'-), es la polémica firma de un acuerdo con Estados Unidos que otorgue inmunidad a ciudadanos norteamericanos en el exterior ante la Corte Penal Internacional, acusados de crímenes de lesa humanidad.
Entre dilaciones, presiones a favor de la rúbrica y múltiples voces que claman porque Paraguay se proyecte con 'dignidad y en defensa de la soberanía nacional', Asunción no da señales aún si concederá impunidad a Washington.
En julio pasado, la Casa Blanca suspendió la asistencia militar a unas 35 naciones, entre ellas a 15 latinoamericanas que no cedieron a los imperativos del presidente George W. Bush, en desmedro del Estatuto de Roma, suscrito en 1998, al cual el país sudamericano ratificó su apego.
En círculos oficiales ronda la idea que a cambio de ayuda económica, se pueda dar una especie de 'inmunidad limitada' sólo a los ciudadanos que ostentan rango diplomático y altos mandos militares; muy contrario al amparo total que quiere Bush para sus ciudadanos implicados en violaciones de derechos humanos.