Marcelo Larrea* para Adital -

A la crisis política, social y económica, se suma ahora la emergencia a la superficie de incendiarios conflictos internos en las Fuerzas Armadas y el inicio de un proceso penal por la explosión de los arsenales de la Brigada Galápagos, que en noviembre del 2002 estremeció a la ciudad de Riobamba, ocasionando una cantidad indeterminada de muertos y heridos militares y civiles y destrozos que afectaron a más del 60% de la población.

El caso ha salido a la escena luego del discurso de Lucio Gutiérrez en la ONU, en la que ratificó su adhesión a la estrategia del Presidente Uribe de abrir las puertas al ingreso de una fuerza multinacional en el conflicto colombiano.

La instrucción del ministro Fiscal, Juan Rivera, expone que la tragedia se desencadenó por la repotenciación de las municiones sin las normas de seguridad, según lo establece el contrato de repotenciación de las granadas y municiones de la Fuerza Terrestre provocando lo que califica como un homicidio intencional. Él solicita se dicte la orden de prisión preventiva contra los Generales Norton Narváez, ex comandante del ejército, y Oscar Isch, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

El pronunciamiento del Fiscal, riguroso y severo con las formalidades del contrato, no da un tratamiento similar a los hechos y a las hipótesis de que el siniestro fue deliberadamente provocado para ocultar la desaparición ilegal de armamento, como ha ocurrido en otros arsenales del país.

Isch, cuando ejerció sus altas funciones, realizó pronunciamientos continuos en oposición al uso de las Fuerzas Armadas ecuatorianas en el Plan Colombia impulsado por Washington. Pero luego de la posesión del Presidente Gutiérrez, los militares ecuatorianos se han visto involucrados cada día más en la frontera norte.

Hoy mismo, EEUU presiona porque a los 7.000 soldados ya instalados en la zona limítrofe se sumen 3.000 más, lo que implica la virtual concentración de sus fuerzas en la estrategia de Washington y Bogotá para su participación en la guerra sangrienta. De igual forma insiste en una mayor asignación de recursos a las Fuerzas Armadas, dirigidos a ampliar su equipamiento humano y bélico. La demanda está asociada a un informe del Comando Conjunto el cual advierte que en una guerra no convencional como la que sacude Colombia, se requieren de 10 soldados por cada adversario armado.

La pretensión del Pentágono de ampliar sistemáticamente sus operaciones en Ecuador que amenaza transformar al país en un enclave armado para ser usado en una guerra que no es suya y en la protección de los intereses de Washington que tampoco son suyos, combinada con la dócil orientación del Presidente Gutiérrez, es causa de un creciente malestar social.

El ex jefe del Comando Conjunto, Oswaldo Jarrín, declaró que Ecuador no debe buscar una solución militarista al conflicto colombiano, detrás del cual ve una enorme demanda social que debe ser atacada.

El Plan Colombia está confrontando a tendencias opuestas y ha empezado a regar pólvora en los cuarteles.

* Marcelo Larrea es corresponsal de Adital y director de la revista "el Sucre".