 Latinoamérica
|
23 de octubre del 2003
Ecuador
Cuando las hojas y los indios están de más
Kintto Lucas
Quincenario Tintají / Quito
Hace diez meses el pueblo kichwa de Sarayacu denunció la presión de compañías petroleras para explotar crudo en su territorio. En esa ocasión los dirigentes indígenas exigieron a las petroleras que respeten el acuerdo entre el Estado y las comunidades, en el que éstas dejaban claro que no aceptaban la extracción de crudo por el daño ambiental que significaba. Además exigían al gobierno nacional que protegiese sus derechos colectivos. Sin embargo, las autoridades no tomaron en cuenta la denuncia y los dirigentes comenzaron a ser perseguidos.
"El pueblo kichwa de Sarayaku está siendo presionado por la petrolera CGC-Texaco Chevron, que invade su territorio violando los derechos de la comunidad", comentó en aquella oportunidad el dirigente Franco Viteri. También denunció que "se deforestaron árboles gigantes que han existido por cientos de años, para construir los campamentos de la compañía petrolera. Se encontraron animales cercenados y abandonados como el tapir que está en vías de extinción. Además han vertido gasolina a lo largo de las trochas", afirmó.
Estado de emergencia
En febrero de este año, en Washington, los participantes en el Grupo de Trabajo de la Organización de Estados Americanos (OEA), encargado de elaborar el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, expresaron preocupación por la agresión a los pueblos kichwa, shuar, achuar, zápara y particularmente el kichwa de Sarayaku, como consecuencia directa de la aplicación unilateral de la política petrolera.
"En noviembre de 2002, eI pueblo kichwa de Sarayaku como medida de protección auto-declaró su territorio ancestral de 130.000 hectáreas en estado de emergencia, por la invasión de la petrolera Argentina CGC (Compañía General de Combustibles)", que hasta febrero de 2003 estuvo asociada "con la estadounidenses Chevron-Texaco", afirmó Viteri.
En Sarayacu se ha paralizado la economía comunitaria y la actividad educativa, por la movilización a la que se han visto forzados para vigilar y proteger los linderos de su territorio.
"La medida es el último recurso en vista del acoso y la grave ruptura interna provocada por el consorcio petrolero. Eso colocó a las comunidades al borde del enfrentamiento, evidenciándose que la política petrolera del Estado y la forma de operar de las empresas se hallan en contraposición de los derechos colectivos de los pueblos indígenas", manifestó el grupo de la OEA.
Pedirán la comparecencia del Ministro
La semana pasada en una reunión con los corresponsales de la prensa extranjera, el Ministro de Energía y Minas, Carlos Arboleda, señaló que en estos días sería militarizada la zona de Sarayacu para permitir la explotación del crudo por parte de la compañía CGC. Y arremetió contra las propias comunidades, señalando que estaban yendo contra la ley y son apoyadas por Organizaciones No Gubernamentales extranjeras, que promueven el caos en la zona. Las expresiones de Arboleda hicieron recordar las amenazas del ex presidente Gustavo Noboa contra las organizaciones ambientalistas que se oponían a la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). Además preocupan porque podría estarse gestando una represión contra el pueblo de Sarayacu y las organizaciones ambientalistas que se oponen a la ampliación de la explotación petrolera. El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso Nacional, Ricardo Ulcuango rechazó la actitud de Arboleda y podría pedir su comparecencia por "su política contraria a las comunidades indígenas de Sarayacu y a los intereses del país".
"No se puede militarizar el territorio indígena y obligar a la gente que acepte la explotación petrolera. El ministro está yendo contra la Constitución y el Convenio 169 de la OIT. La política petrolera de Arboleda no sólo está afectando los intereses del país sino que afecta a los pueblos amazónicos", aseguró Ulcuango. El Convenio 169 de la OIT y la Constitución, establecen que se deben respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y consultar a las comunidades cuando pueden ser afectadas por la extracción petrolera o minera. En este caso ni las empresas ni el gobierno estarían respetando la posición de las comunidades que no quieren la contaminación que provoca la extracción petrolera.
La triste historia de Texaco
En este contexto, la demanda presentada por diversas organizaciones sociales contra la petrolera Chevron-Texaco (ex Texaco) por daños ambientales en la Amazonia de Ecuador renovó el debate sobre los efectos de la extracción de hidrocarburos en las comunidades indígenas y campesinas de esa región. Luego de nueve años de alegatos en las cortes de Estados Unidos, desde el 7 de mayo el juicio a Chevron-Texaco se trasladó a Ecuador y en los próximos días se darán algunas providencias.
El dirigente campesino Luis Yanza de las organizaciones sociales demandantes aseguró que ésta es una oportunidad para que los jueces ecuatorianos demuestren que en un país pequeño se puede administrar justicia ''aún cuando al frente se encuentra un monstruo económico como la Texaco'',
El Frente de Defensa de la Amazonia representa a 30.000 demandantes de los pueblos indígenas sionas, secoyas, cofanes y huaoranis, y campesinos. Según Yanza, desde 1994 han acumulado pruebas que demuestran el impacto nocivo de la inadecuada tecnología petrolera que se utilizó en el país.
También indicó que la compañía abrió vertederos de desechos hidrocarburíferos a pocos metros de sus viviendas, provocando enfermedad y muerte de cientos de personas y de animales en las últimas tres décadas. Por su parte, Toribio Aguinda, delegado de la nacionalidad Cofán, afirmó que aún se observan decenas de piscinas donde la empresa enterró el crudo que ahora fluyen en fincas y comunidades de la región. Las comunidades de Sarayacu no quieren que ocurra algo similar en su territorio, no quieren que "las hojas y los indios estén de más"...
COMUNIDAD EN ALERTA
Marlon Santi, presidente de la Comunidad de Sarayacu y el abogado José Serrano del Centro de Derechos Económicos y Sociales, describieron a Paco Velasco del Noticiero La Clave de radio la Luna de Quito, la situación que atraviesa los habitantes de esa zona que se oponen a la explotación petrolera por la contaminación que provocaría en el lugar. "Nosotros llevamos un proceso de resistencia en contra del ingreso de la petrolera CGC en nuestro territorio. Pero el 16 de septiembre, el Presidente estuvo en la provincia de Pastaza, y aseguró que apoyarían a la petrolera. Eso ha provocado una preocupación en la gente que ahora vive alerta sin llevar una vida normal", afirmó Santi.
Paco Velasco: ¿Cuáles fueron las expresiones exactas del presidente? Marlon Santi: Que va apoyar a la petrolera para que ingrese con refuerzo militar, militarizando nuestra zona, nos preocupan mucho. Hace seis meses estuvimos en problemas, pero el gobierno no habló con nosotros. Yo llevo cuatro meses como representante oficial de mi pueblo, y no hubo ningún diálogo, más bien se ha cerrado el diálogo.
P.V: ¿Al almuerzo organizado por el Ministerio de Energía, para dialogar sobre las políticas petroleras ustedes no acudieron? M.S: En esa ocasión no hemos participado porque no hubo seriedad. Vimos que era una forma de manejar y decir que él (Ministro de Energía y Minas) está dialogando con los pueblos. Nosotros dijimos mediante una carta que no íbamos a participar, porque era una forma de trampa que nos hacía el gobierno. Ahora nos preocupa bastante las expresiones del Presidente.
P.V: ¿A usted le preocupa estas expresiones de Gutiérrez de que va a militarizar la zona?
José Serrano: Definitivamente las últimas declaraciones del presidente durante la inauguración del túnel, Baños-Puyo no solamente amenazan a Sarayacu sino además a todas las nacionalidades indígenas.
P.V: ¿Gutiérrez nombró la palabra Sarayacu?
J.S: Si, eso está grabado. El manifestó que llegó a un acuerdo y que la empresa CGC ingresará nuevamente en un programa de exploración petrolera desde diciembre. Y si es necesario ingresará con la fuerza pública. Pero vale mencionar y tener en cuenta que en mayo de este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un órgano judicial interamericano, dictó tres medidas cautelares a favor de Sarayacu. Una es que el Estado debe ser responsable de vigilar por la integridad física y síquica de los habitantes y dirigentes de Sarayacu. Otra es investigar las torturas e intentos de violación que se dieron a finales de enero del 2003. Tanto las torturas por parte de militares que ingresaron a la zona que están documentadas, como los intentos de violación por parte de unos empleados de la Compañía CGC.
P.V: ¿Contra quiénes?
M.S: Contra unas niñas de 10 y 12 años en territorio Sarayacu. Con el ingreso de la fuerza pública de la compañía CGC hubo disparos, las niñas salieron corriendo asustadas y fueron interceptadas por unos militares que les preguntaron que hacían ahí. Los empleados les dijeron que les violen, que para qué les tienen ahí a las niñas. Es una situación sumamente documentada y denunciada. Se pidió que se investigue y el gobierno no ha hecho nada.
P.V: ¿Qué pasó con estas niñas?
M.S: Había gente que no permitía la entrada de los militares con el personal de trabajo de la compañía. Hubo disparos al aire y salieron corriendo. Eran bastantes un grupo de 20, entre niñas, niños y ancianos. Cogen a las niñas y las llevan a un centro, pero había empleados de la empresa que querían abusar de ellas físicamente, las manosearon. Había un militar consciente que no permitió eso. Pero las niñas síquicamente quedaron mal. Situación que fue reconocida públicamente por el anterior comandante de la brigada de Pastaza, Coronel. Rivas, que fue cambiado hace tres meses. El dijo "no fuimos los militares", sino los empleados de la compañía. Aparentemente uno de los militares dijo en el momento que ese tipo de cosas no se podían permitir.
P.V: ¿Cuál es la tercera medida cautelar?
M.S: Pedimos que se respete la especial relación que tiene Sarayacu con su territorio. El 16 de octubre en Washington en la Comisión Interamericana hay una audiencia pública porque el Estado ha mandado una carta diciendo que cumplió con estas medidas cautelares. Se va a denunciar que no se ha cumplido ninguno de los puntos. Y además hay mucha persecución, con un informe de inteligencia militar que dice que hay grupos delincuenciales y subversivos. Es importante mencionar que a todos los dirigentes se les inició juicios penales. Se ha denigrado todos los derechos individuales y colectivos de los pueblos. Once dirigentes de la comunidad están acusados de robos. Aunque no estaba permitida, la Compañía ya hizo campamentos en Sarayacu. Es como cuando entran a mi casa, yo puedo echarles, puedo detenerle a esa persona, eso hizo Sarayacu. Porque nosotros somos ancestralmente dueños de ese territorio y tenemos escrituras de 130 mil hectáreas. La comunidad retuvo los equipos de trabajo petrolero que habían ingresado arbitrariamente los empleados de la empresa y después de un tiempo los devolvió, pero el hecho sirvió de excusa para iniciar el juicio penal contra los dirigentes. No hay duda que están violentando las disposiciones cautelares de la CIDH.
