Latinoamérica

Sánchez de Lozada insiste: "no renunciaré, quieren imponer una narcodictadura"
Marcha multitudinaria en La Paz al grito de "¡que se vaya Goni!"

Allanamientos del ejército casa por casa en El Alto Protestan por hambre, dice politóloga
El presidente acusa de "terroristas apoyados por guerrillas externas" a líderes de la oposición
AFP, REUTERS, DPA Y PL / LA JORNADA
La Paz, 16 de octubre. "Que caiga Goni, que se vaya", fue una de las consignas en la multitudinaria manifestación de este jueves en La Paz, donde las huelgas de hambre, marchas y barricadas se extendieron, al igual que en otras ciudades de Bolivia, para exigir la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien insistió en que no dimitirá y calificó de "terroristas" a los líderes de la oposición, quienes según él quieren imponer una narcodictadura o una anarcodemocracia.
Anoche, Sánchez de Lozada había ofrecido un referendo sobre el tema de la exportación de gas -una operación que sólo beneficia a las multinacionales petroleras, y que fue detonante de la rebelión hace un mes-, pero además de que la propuesta no significa que la operación sea anulada, no hizo mención a los más de 80 muertos que ha dejado la represión.
Sigue la mano dura
Además, el mandatario no ha abandonado la opción de mano dura, según reportó desde La Paz -sede del Ejecutivo- el periodista Manuel Robles Sosa. Esa opción "asomaba anoche en allanamientos militares, casa por casa, en El Alto, y en la voladura de las antenas de transmisión del canal universitario y la radio sindical Pío XII de la sureña ciudad de Oruro, aunque en opinión del analista Róger Cortez el gobierno contempla como alternativa agotar por cansancio a la protesta".
En El Alto, reportó a su vez la agencia alternativa Econoticias, "no han pegado los ojos. Han sufrido y penado toda la noche, sometidos a tortura sicológica emprendida por militares carapintadas que hacían explotar dinamita y bombas, lo mismo que disparaban metralla al aire para amedrentar a los vecinos".
"La represión hasta ahora sólo ha conseguido hacer crecer el conflicto, pues aplicada con virulencia en el vecino distrito de
El Alto -el más pobre y el más rebelde del país- causó la paralización total de La Paz y propagó la protesta a la mayoría de las ciudades. Hoy, una multitud jamás vista en Bolivia, indignada pero pacífica, pidió a voz en cuello la salida del presidente, aunque fue desalojada del centro a punta de gases y balines de goma", con saldo de varios heridos, señaló Robles Sosa.
La multitud, más de 50 mil personas según prensa citada por Afp, se concentró en el centro de La Paz gritando consignas contra Sánchez de Lozada. Muchos provenían de los barrios miserables de las laderas de la ciudad y también de El Alto, donde al menos una cincuentena de personas murieron el pasado fin de semana a manos del ejército.
"No son subversivos, son el pueblo", comenta un comerciante mestizo al paso de la columna de indígenas expulsados por la pobreza del altilplano a El Alto, la ciudad más poblada del país y también la más pobre.
"Goni asesino, Goni al paredón", gritaban los manifestantes al converger en la céntrica Plaza San Francisco, convertida en epicentro del descontento popular contra el mandatario, conocido por ese apodo.
En una entrevista con el Grupo Latinoamericano de Radio, Sánchez de Lozada dijo: "yo no asumo la responsabilidad por los actos vandálicos, pero la responsabilidad por los muertos siempre cae en el presidente".
Se justificó: "nos hemos visto obligados a mantener el orden en el marco de la Constitución.
"No voy a renunciar, vamos a mantener la democracia y la unidad de la nación", insistió el mandatario, impulsor de una ola de privatizaciones, para quien sólo un acto "de Dios" lo hará abandonar el cargo.
"Si tiene éxito este movimiento subversivo, la droga será la única y principal exportación de Bolivia, y el país se convertirá en un campo de batalla", insistió Sánchez de Lozada, cuyo discurso acusa a los opositores de "sediciosos" y "terroristas" apoyados por "guerrillas" y sectores externos.
El mandatario habló incluso de la presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en un "rol de entrenamiento y preparación y capacitación", y más tarde, en declaraciones a la cadena CNN, insistió en que las protestas están dirigidas por "elementos que están en el cultivo de la coca", y que "tienen lazos con Sendero Luminoso".
Esta noche agregó -a la misma cadena noticiosa- que los líderes de las protestas lo que buscan es un "golpe de Estado" para instalar una anarcodemocracia o narcodemocracia. Mencionó haber convocado al Congreso para que examine la crisis social y retó a la oposición a que traslade a ese foro "el debate y el enfrentamiento" que mantiene en las calles.
En relación a su oferta de anoche, el mandatario dijo a estaciones de radio que "el líder Evo Morales (de cocaleros) y Felipe Quispe (de campesinos) manejan los sindicatos de La Paz en aras de mantener su dinámica de terroristas, son los enemigos que vienen escudándose en las demandas sociales, a las cuales yo he respondido".
Morales y Quispe habían calificado de burla la propuesta presidencial: "Después de la cantidad de compañeros acribillados, la posición del pueblo boliviano es dejarlo fuera del gobierno", dijo el primero, diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), la primera fuerza de oposición en el Congreso.
"Si la represión es la única respuesta a sus reivindicaciones, temo de verdad que se llegue a la lucha armada. Para evitar llegar a estos extremos terribles y para que los indígenas no pierdan la esperanza, hemos decidido jugar la carta de la acción política", sostuvo Morales al diario francés Le Monde.
La oposición pidió al vicepresidente Carlos Mesa que asuma el poder, pero éste, un intelectual independiente que se alejó del gobierno el martes en desacuerdo por la violenta represión, dijo hoy que no está "dispuesto a servir como instrumento en un proceso creciente y peligroso de polarización de la sociedad boliviana".
"Es tarde para concesiones"
Otros sectores rechazaron la propuesta de Sánchez de Lozada: "Desde el radical dirigente campesino aimara Quispe hasta la moderada ex defensora del Pueblo, Ana María Romero, promotora del movimiento de ayuno de la clase media, el criterio unánime es que ya es muy tarde para concesiones que durante meses las organizaciones sociales y los partidos políticos habían hecho al mandatario, sin ser escuchados", dice el periodista Robles Sosa.
"Lo que pasa ahora es que sobre las espaldas del presidente pesan muchos muertos", apuntó por su lado el sacerdote católico Eduardo Pérez Iribarne, director de la cadena de radios Fides.
La propuesta "parece una burla a los muertos" en las ciudades de La Paz y El Alto, consideró el analista Alvaro García, "cuando medios locales denuncian acoso" a los vecinos de esas localidades y "cuando han silenciado la radio Pio XII".
La politóloga Ximena Costa, de la universidad pública de La Paz, estimó a su vez que el mantenimiento de la represión militar policial contra los manifestantes en calles y caminos "no hará otra cosa que desembozar al gobierno que acusa a todos sus opositores de sediciosos, narcotraficantes y terroristas, cosa que no es así, porque se marcha por hambre, por pobreza".
Sánchez de Lozada, apoyado firmemente por Estados Unidos, sostuvo, no obstante, en su charla con las radios, que "la gran mayoría del país, sus plantas, sus minas y sus fábricas están funcionando normalmente".
Sin embargo, a las marchas y barricadas impulsadas por sindicatos y organizaciones indígenas y campesinas, se suma una huelga de hambre que casi un centenar de intelectuales, artistas, empresarios, antiguos miembros del gobierno y sacerdotes realizan en 38 lugares diferentes de Bolivia, según la ex Defensora del Pueblo Ana María Romero.
"El presidente ya no tiene credibilidad y su propuesta no fue oportunamente planteada, por lo tanto lo que corresponde es que renuncie", afirmó el viceministro de Microempresa, Samuel Soria, quien renunció y se sumó a la huelga de hambre.
Por su lado, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares, dijo que el embajador de Estados Unidos, David Greenlee, debe abandonar el país, ya que violó la soberanía boliviana al intervenir para mantener en el cargo al presidente.
El dirigente de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz, Arsenio Alvarez, denunció a su vez que el embajador reunió en días pasados a los directores de diversos medios de comunicación, a quienes advirtió que su país no reconocerá a ningún presidente que no sea Sánchez de Lozada.
En tanto, en Sucre, capital oficial de Bolivia, el comité cívico regional mantiene una huelga indefinida desde el lunes, mientras una marcha de campesinos avanzaba hacia Santa Cruz, polo económico en el este boliviano, aunque a última hora decidieron regresar sobre sus pasos para evitar un choque con grupos de civiles que no quieren su presencia en esa ciudad.
En Oruro y Potosí, en el sur andino, las manifestaciones de descontento persistían y tendían a recrudecer, según versiones de medios locales.