Sistema Informativo Patria Libre
Es mucha la algarabía con propuestas de doble intención que llevan a buscar el "ahogado río arriba" para no llegar al fondo de los problemas reales y mantener a salvo la estructura que protege y reproduce los intereses de la oligarquía.

El gobierno de Uribe, a través de una publicidad bien montada plantea soluciones atractivas para despistados pero pensadas para llegar a otra esquina donde no se resuelven y sí se agrandan los problemas del país.

La inseguridad, que es uno de los más grandes y sentidos problemas del país, el actual Presidente la tomó como bandera: la "seguridad democrática", convertida en política marco de su gobierno, es un retoque de la "política de seguridad nacional" en que se basaron las terribles dictaduras del Cono Sur en las décadas del 70 y 80 del siglo pasado.

Esta doctrina parte de ubicar un enemigo interno convertido en "chivo expiatorio" para hacerlo responsable de todos los males del país, al que hay que eliminar. En ese entonces para Pinochet y los Videlas era el comunismo, en la versión uribista es cualquiera que se oponga al establecimiento, calificándolo de terrorista como en la cartilla de Bush.

Los resultados de esta "seguridad" se están viendo en el incremento de víctimas de la guerra sucia, encarnada en la estructura terrorista del Estado, que se mantiene intacta sin que el país se inmute y apenas unos pocos quijotes exigen que desactive esta maquinaria de muerte; en las bandas paramilitares arropadas en la estrategia contrainsurgente que se mueven por la geografía, libres para matar e intimidar a quien quieran, para mover toneladas de cocaína y heroína sin aduanas internas ni control de la DEA. El reciente escándalo de soborno de la policía en Barranquilla con las cinco (5) toneladas de cocaína de los paramilitares, deja en evidencia hasta dónde llegan los pactos contrainsurgentes.

Los 52 sindicalistas muertos en lo que va corrido del año y los miles de detenidos en redadas masivas, así como los testimonios de campesinos, indígenas y pobladores de las regiones del Catatumbo, la Sierra Nevada de Santa Marta, oriente Antioqueño, Sur de Bolívar, Arauca y muchos otros lugares de la geografía nacional, son de por sí ilustrativos de esa política nefasta. Estas comunidades además de poner los muertos en masacres y asesinatos selectivos, son víctimas del bloqueo criminal impuesto durante varios años por el ejército, la policía y sus socios paramilitares. Unos y otros en coordinación impiden la entrada de víveres, medicinas y semillas a las comunidades y obstaculizan la salida de las cosechas.

Estas comunidades en resistencia, olvidadas del país y la comunidad internacional, se han negado a abandonar su tierra y su trabajo porque es lo único que tienen. El Estado colombiano las tiene sitiadas por hambre, privadas de medicina y hasta de educación porque el sitio para los "Murillos" de hoy incluye impedir que entren cuadernos, porque el saber se considera terrorista.

La operación del Frente de Guerra Norte, con la retención de un grupo de extranjeros en la Sierra Nevada de Santa Marta, tiene como objetivo denunciar esta realidad para que el mundo conozca lo que está ocurriendo en Colombia, la falsedad de la política de Uribe Vélez en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario e inversión social.

Porque lo que está haciendo el Estado colombiano contra la población civil, enmascarado con el emblema de la "seguridad democrática" y la lucha antiterrorista, es criminal y terrorista, violatorio de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Desgraciadamente hay que utilizar recursos como las retenciones para llamar la atención nacional e internacional y poder dar a conocer estos hechos ya que todos los espacios donde el pueblo pueda ser escuchado están cerrados y los medios de comunicación son un instrumento más de la política gubernamental.

Otro de los grandes problemas de Colombia es la corrupción.

El terrorismo de estado hizo simbiosis y anda de la mano con la corrupción ligada al narcotráfico, al robo de las arcas públicas, los contratos, los empréstitos públicos y las privatizaciones. Es el desangre de la economía pública que priva a las comunidades de la inversión social llenando los bolsillos de quienes se benefician de la guerra y se oponen a la solución política al conflicto interno mediante un gran acuerdo entre los colombianos.

El Banco Mundial, en un estudio de este año, afirma que los corruptos le roban al presupuesto US 2.600 millones cada año, aproximadamente $7.6 billones de pesos colombianos, y que el 50% de los contratos fueron adjudicados mediante sobornos en el año 2002. Esto es apenas una muestra que no incluye los dineros de los empréstitos que se esfuman y que hoy constituyen una deuda cercana a US 45 mil millones. Esta deuda, que es impagable, se engullirá en el año 2004 el 35% de los $77.7 billones de pesos del presupuesto nacional, aproximadamente 9.800 millones de dólares para pagar el servicio de la deuda externa.

La lucha contra la corrupción es otra de las banderas con que Uribe engolosina a los colombianos y la utiliza como anzuelo para que le voten el plebiscito llamado referendo, sin ir más allá para no pisarle callos a muchos de los personajes vinculados a su proyecto, entre ellos al ministro Fernando Londoño Hoyos enriquecido con los dineros del Estado en base a trampas y negociados.

El terrorismo de Estado y la corrupción constituyen el monstruo de dos cabezas que lleva a Colombia en camino de país sin futuro cierto, con tres millones de desplazados y un 62% de su población en niveles de creciente pobreza.

Quienes cuidan y alimentan este monstruo son los que se oponen a la salida política al conflicto, exigen más impuestos para financiar la guerra y hacen el ajuste fiscal exigido por el FMI para garantizar nuevos préstamos.

Por eso el ELN no se cansará de insistir en la urgencia de que los colombianos nos unamos y asumamos la tarea de tejer entre todos la salida política al conflicto, resolver los grandes problemas que nos afecta a los colombianos.