Latinoamérica

Por Pilar Lozano*

Desde Santafé de Bogotá

¿Hasta dónde se debe perdonar en aras de la paz? Un proyecto de ley que concede a paramilitares y guerrilleros la suspensión de penas para sus delitos, incluidos los atroces, ha generado una dura polémica en Colombia. "Las atrocidades deben significar prisión", dicen sus críticos. El gobierno asegura que sin esta herramienta no habrá paz y defiende sus alcances en foros internacionales. La mayor crítica es que se trata de una "impunidad disfrazada". Lo afirman incluso partidarios del presidente Alvaro Uribe. Es que las penas alternativas no se corresponden con el tamaño de los crímenes cometidos: los culpables de masacres, secuestros, actos terroristas, pagarían con penas tan ridículas como la inhabilidad para ser elegido o la prohibición de residir en determinados lugares o aproximarse a sus víctimas. La reparación a tanto dolor se haría con actos simples, como el arrepentimiento. El proyecto planteado en el papel para paramilitares y guerrilleros parece tener nombre propio: los paramilitares con los cuales avanza un proceso de desmovilización. El gobierno lo niega y asegura que está pensada para "paras", FARC y ELN. El artífice de la ley de alternatividad penal, el Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, habló con este diario pocos días después de presentar el texto al Congreso.
–Naciones Unidas asegura que con este proyecto se corre el peligro de la impunidad porque no hay reparación real a las víctimas, porque las penas alternativas a la cárcel son, como las han calificado algunos, una "ridiculez jurídica".
–La inclinación en general de las personas es que los crímenes deben pagarse con cárcel. El proyecto está organizado desde una filosofía diferente. Para nosotros lo importante no es castigar al victimario sino reparar a la sociedad y a la víctima. La reparación de la sociedad la entendemos como una consecución de la paz. Entonces, si una persona que pertenece a un grupo armado al margen de la ley nos ayuda efectivamente a desmontar su organización, creemos que ésa es una reparación eficaz a la sociedad. Si además esa persona puede contribuir, de manera material o simbólica, en la reparación a las víctimas, completamos de manera plena el horizonte de la reparación. Ahora, el proyecto de ley deja en manos del juez las decisiones. Hay ya unos estándares establecidos en el derecho penal colombiano que podrían servir de modelo.
–¿Cuáles?
–En este momento, en el derecho penal colombiano se considera la reparación integral a las víctimas, en caso por ejemplo del homicidio culposo. Eso podría servir de modelo. Sin embargo, hemos querido dejar también amplitud para la aplicación concreta de la ley. De todas maneras, todo lo que sirva para perfeccionar la ley en el sentido de que haya mejor reparación a las víctimas, mejor reparación a la sociedad, es bienvenido. Lo que sí no compartimos es que vayamos en contra del principio filosófico fundamental que es buscarle una alternativa a la pena de cárcel.
–¿Ni un día de cárcel? ¿No acepta, por ejemplo, la libertad condicional, como se ha planteado, para que al menos paguen parte de la condena?
–No, la idea nuestra es que haya una alternativa a la pena de cárcel y que...
–Pero es que son muy tontas esas alternativas. ¿Cómo se explica que Carlos Castaño (jefe paramilitar con 27 órdenes de captura por masacres y asesinatos selectivos) o Jorge Briceño, comandante de las FARC, vayan a quedar libres a cambio de comprometerse a no ir a determinado lugar del país, que es una de las alternativas a la cárcel planteadas?
–Si pensamos en términos de prisión todo lo otro es demasiado suave. Nosotros tenemos que buscar una alternativa para esas personas que han cometido delitos atroces. Sin esto no puede haber una negociación efectivay sólo queda la opción militar. El mundo en su conjunto nos pide que exploremos la salida negociada. Estos señores no van a negociar para irse a la cárcel. Queremos conseguir el bien supremo de la paz. Este instrumento nos permite asegurar una plena investigación, un pleno esclarecimiento de los hechos, pues exige al desmovilizado confesar todos sus delitos. No va a haber impunidad.
–¿Hasta qué punto se puede decir que esas investigaciones se van a cumplir en un país en el que hay tanta impunidad, en donde los grandes crímenes nunca se han aclarado? ¿Se puede garantizar que se sabrá, por ejemplo, hasta dónde llegó la relación paramilitares-ejército?
–Lo que pretendemos con esta ley es fortalecer la justicia reduciendo el conflicto armado. Como no va a haber una amnistía global, entonces las instituciones judiciales van a mantener plena capacidad de investigación sobre los hechos acaecidos. Si hay un indicio, si hay una investigación, esa investigación tendrá que seguir su curso y esclarecerse plenamente. La sentencia ejecutoriada es condición sine qua non para obtener el beneficio. Y la manera de agilizar esa sentencia ejecutoriada es que el sindicado coopere eficazmente con la justicia y confiese sus delitos. Ninguna investigación se va a parar. Esa es una de las cosas importantes de la ley. Por eso, aquí no hay ni perdón ni hay olvido.
–Otro peligro que se le ve a este proyecto de ley es que se puedan cobijar otro tipo de delitos como el narcotráfico o bandas de delincuentes comunes...
–Es muy difícil encontrar un jefe de una organización armada al margen de la ley en Colombia que no tenga de una u otra forma responsabilidad en el negocio del narcotráfico. Pero de manera pragmática sí hay una distinción: las Autodefensas de por sí se definen por una actividad antisubversiva, y la guerrilla de por sí se define por un propósito antiestatal. Entonces, así actúen como una mafia por momentos y se alimenten del narcotráfico, es evidente que tienen otro propósito.
–Es un secreto a voces que don Berna, jefe del Bloque Nutibara de los paramilitares, es más narcotraficante que "para"... Además hay quienes aseguran que los narcotraficantes han comprado franquicias de los bloques paramilitares...
–En esto hay mucha guerra de información. Insisto: hay una diferencia entre una organización de autodefensas que se alimenta del narcotráfico y una organización estrictamente narcotraficante. Con organizaciones de narcos nosotros no vamos a negociar. Ha quedado claro en la negociación con las AUC que tienen que cesar todo vínculo con el narco. El Estado será implacable en ese caso. Para nosotros ha quedado supremamente claro en la mesa que si ellos tienen bienes ilícitos, que hayan conseguido con narcotráfico, robo de gasolina, extorsión, esos bienes les serán expropiados.
–Pero no hay ningún compromiso, como lo exige la Iglesia, de devolver todas las tierras que les han quitado a los campesinos, a los desplazados...
–Pero es que eso es muy sencillo. No es sino que nos digan dónde están esas tierras y las expropiamos mañana sin necesidad de proceso de negociación. Una cosa es que ellos estén dispuestos a entregar bienes para la reparación. Pero otra cosa es que cualquier bien adquirido ilícitamente es expropiable. Y todos los bienes que estamos expropiando los estamos destinando a programas sociales, a la política social del Estado.
–Otra crítica es el corto tiempo que se prevé, cinco años, para que el beneficiario obtenga la libertad total, suspendiendo el control del Estado sobre él. ¿No debería ser más largo, más de acuerdo a la condena...?
–De todas maneras hay una Comisión de Verificación que tiene que certificar. Si al cabo de cinco años él no ha cumplido, la Comisión no certifica y el beneficio no se le puede conceder de manera permanente.Pero igual, si él vuelve a incurrir en alguna conducta dolosa, si él incurre en algún acto criminal, él no está protegido. Automáticamente la justicia cae sobre él.
–Para tener claridad absoluta, supongamos que Castaño confiesa todos sus delitos, se compromete a no volver a una zona del país –con eso paga la cárcel–; y para cumplir con la reparación aparece en televisión y dice: "Estoy profundamente arrepentido de haber matado a cientos de colombianos..." ¿y todos tan felices?
–Es decir, eso no lo elige él. Lo elige el juez. Penas alternativas, sólo cumple una. Pero las acciones de reparación pueden ser todas (trabajo social, entrega de bienes), depende de la gravedad del delito. El juez es quien decide cuáles son las acciones de reparación que debe cumplir.
–¿Cómo garantizar que los jueces no sean presionados? Esos señores tienen mucho poder.
–Siempre existe la posibilidad del error humano. Pero aquí nosotros no tenemos otra alternativa que fortalecer nuestra justicia. De hecho ya hemos dejado en manos del presidente, que creemos es la persona menos presionable del país, la posibilidad de solicitar el beneficio. El beneficio lo concede el juez pero lo solicita el presidente.
–La guerrilla ha dicho que no negocia con este gobierno. ¿Usted cree que algún jefe de las FARC o el ELN se puede entregar individualmente, se va a sentir atraído por estos beneficios?
–Yo creo que sí. A mí mucha gente me ha dicho que a los miembros de la guerrilla no les interesa su situación judicial. Y eso es falso. No ofrecerles alternativas judiciales a los miembros de la guerrilla es incitarlos a que sigan pensando que el único camino es derrocar el sistema. Pero yo creo que éste es un excelente mensaje para la guerrilla de que estamos dispuestos a recibirlos dentro de la sociedad y de que pueden ser ciudadanos de derecho pleno.
–La Corte Penal Internacional tiene competencia sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia. El hecho de no tener cárcel estos delitos, ¿no daría pie a que la Corte solicite a los culpables?
–No. Creemos que en este caso hay investigación, hay condena, se asignan responsabilidades y hay reparación. Como la Corte Penal actúa de manera complementaria a la justicia nacional sólo cuando ésta no actúa, creemos que en este caso no habría competencia para la Corte.
–Estados Unidos sigue insistiendo en la extradición de comandantes paramilitares. ¿Qué va a pasar?
–Van a seguir insistiendo en la extradición. Ellos nos acompañan en el proceso de paz pero van a seguir insistiendo en la extradición. Será el presidente de la República el que un día tenga que tomar la decisión de si extradita a una persona o no la extradita, y una decisión de ésas tendrá consecuencias políticas.

* De El País de Madrid, especial para Página/12