Latinoamérica

Se concentra en El Alto la llamada "guerra del gas''. Ataque combinado de ejército y policía a opositores; se suman transportistas al paro. Sánchez de Lozada mantiene su decisión de vender energéticos vía trasnacionales
Crece la revuelta en Bolivia; al menos 26 muertos

Stella Calloni
La Jornada
La crisis en Bolivia, o la también llamada "guerra del gas", se agravaba hoy, con saldo de cinco muertos, según el gobierno, y de 15 a 26, de acuerdo con medios locales, y unos 90 heridos en la militarizada ciudad de El Alto en represión a manifestantes, cuando el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada -quien acusó de "sediciosos" a los opositores- busca una posibilidad para justificar un eventual golpe de Estado, denunció la directiva del opositor Movimiento al Socialismo (MAS) desde aquel país, en comunicación telefónica con esta corresponsalía.

"Hay un levantamiento general en la ciudad de El Alto, anexa a La Paz, que tiene 800 mil habitantes (...) la gente se ha organizado cuadra por cuadra y grupos de vecinos vigilan; esta mañana han impedido que se realicen allanamientos (...) y están siendo atacados por fuerzas combinadas del ejército y la policía", dijo Antonio Peredo, jefe de la bancada del MAS en el Congreso, desde La Paz.

Organismos humanitarios, se conoció aquí, denunciaron el uso de armas pesadas, como ametralladoras, en la represión en El Alto, donde se concentró en los últimos tres días la protesta social que se inició ya hace casi un mes con bloqueos contra la venta de gas boliviano a través de Chile, en una operación en que casi nada quedaría para las arcas públicas.

Luego, a esta demanda de realizar una consulta popular sobre el tema de la venta del gas se unieron otras sectoriales y el pedido de renuncia del presidente Sánchez de Lozada, cuyo gobierno ha respondido con despliegue de tropas y declarando El Alto "zona militar".

Según las cifras oficiales, hubo hoy cinco muertos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que comenzaron en la mañana, pero Peredo habló de por lo menos nueve muertos, y al cierre de esta edición reportes de emisoras radiales vinculadas con la Inglesia católica mencionaban entre 15 y 26 decesos y de 88 a 90 heridos, y que los enfrentamientos continuaban esta noche. Vecinos que se han comunicado con estaciones radiales han dicho que los soldados dispararon contra civiles en diferentes operaciones. Entre las víctimas mortales estaría un pequeño de cinco años. "Están disparando a matar", aseguró un testigo. También en las radios se suceden llamados para pedir donadores de sangre y medicamentos para los heridos. Las aerolíneas comerciales, en tanto, suspendieron sus vuelos desde y hacia el aeropuerto de La Paz.

El gobierno ha dicho que los líderes opositores, encabezados por el diputado indígena (por el MAS) y líder campesino cocalero Evo Morales, buscan un golpe de Estado, y advirtió que no negociaría con este último. Esta noche, el gobierno anunció que dirigentes sindicales asistirán a la residencia presencial para comenzar un diálogo, pero la COB desestimó la iniciativa.

Peredo aseguró que el MAS está por la defensa de la democracia, "porque cualquier golpe aquí siempre se ha dado contra el pueblo. Nosotros no apoyamos, no participamos ni tenemos esperanza de que un golpe militar vaya a ser favorable al pueblo".

Tanto el MAS como la Central Obrera de Bolivia (COB) desmintieron además que sus máximos dirigentes, Morales y Jaime Solares, respectivamente, hayan pasado a la clandestinidad, como habían informado medios de prensa.

Desde Cochabamba, Morales, en breve comunicación telefónica con La Jornada, aprovechó para advertir sobre las guerras sucias de la información del gobierno y algunos medios para tratar de crear una situación que favorezca al golpismo oficial. Tanto Morales como Peredo denunciaron además que en el marco de esa campaña "sicológica y desinformativa", se difunden mensajes por Internet, como si fueran procedentes del MAS y otras organizaciones sociales, con informaciones falsas.

En estos momentos hay negociaciones que llevan adelante mediadores entre los que están la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, la jerarquía de la Iglesia católica local y la Federación de Prensa de Bolivia, que piden se ponga fin a la violencia represiva y a la virtual militarización del país.

"El problema es que el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada quiere imponer sus propias condiciones, e insiste en que hay un complot subversivo y que está dispuesto a impedirlo y a usar la fuerza", señaló Peredo.

Esa denuncia del gobierno "es parte de todo el armado de guerra sicológica. Mientras los mediadores le piden al gobierno que ponga a disposición un avión para que líderes como Evo Morales puedan trasladarse al encuentro (para el diálogo), el gobierno insiste en su patraña", agregó.

Un golpe de Estado o autogolpe, advirtió el jefe de la bancada del MAS, podría ser posible en un contexto diferente, "pero en estas circunstancias desbordaría ya la paciencia de la población y sería algo incontrolable. El gobierno tiene que pensar en Bolivia ya. Todos los dirigentes, incluyendo Felipe Quispe (el líder campesino), están perfectamente accesibles, y esto lo decimos para que se entienda que están todas las posibilidades para el diálogo y para que se detenga la tragedia que vive el país", insistió Peredo.

Añadió que hay fuertes movilizaciones en distintos distritos del país y que a partir de la media noche paran los transportistas por tiempo indefinido, lo que se une a los bloqueos carreteros y al paro cívico que se observa en El Alto. También estarán cerrando todos los mercados y las agrupaciones gremiales de pequeños comerciantes y artesanos. Además, la coordinadora que agrupa a la mayoría de las organizaciones movilizadas instruyó la víspera "a la movilización en estado de alerta y, en caso de golpe de Estado o estado de sitio, se declara la resistencia", dijo.

"El tema esencial en este problema -aprovechó para recordar- es la recuperación del gas para los bolivianos. Si el presidente no está en condiciones de ver y escuchar lo que se le está pidiendo, debe dejar el gobierno ahora y dar paso a uno de transición y unidad nacional. Lamentablemente la embajada de Estados Unidos está actuando aquí empujando a la represión."

Así, el gobierno aparece aislado y se resquebrajan las alianzas que formó después de aquellos trágicos días de febrero pasado, en los que la represión a movilizaciones dejó una treintena de muertos. Ahora el país vive otro momento dramático en su historia, una de las más fuertes de la región, en lo que se conoce como "la guerra del gas", que hace tambalear una democracia castrada por las imposiciones neoliberales de las últimas dos décadas.

Las trasnacionales del petróleo y sus intereses multimillonarios, acusan los movimientos sociales, están detrás del débil gobierno de Sánchez de Lozada en su intención de cerrar el Parlamento y sacar del camino a las dirigencias políticas, sindicales y sociales de oposición, lo que facilitaría el camino para la exportación de gas boliviano hacia Estados Unidos y México a través de un puerto chileno.

El ministro de Gobierno, Yerko Kukoc, ha dicho que el MAS ha preparado un clima de convulsión social en torno a la venta del gas natural, proyecto que dejaría millonarias ganancias a las empresas petroleras, pero prácticamente nada para el país.

Por ello, el tema del gas, que ya ha dejado más de 20 muertos, entre ellos dos niños, la mayoría en El Alto, fue tomado por una población hundida en el hartazgo de la miseria como una reivindicación de vida o muerte.