La Jornada Desde 2002 los movimientos sociales bolivianos advertían que si el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada insistía en exportar gas boliviano a México y Estados Unidos a través de puertos chilenos, pese al fuerte rechazo de la población, que pide una industralización interna del hidrocarburo, habría una "guerra civil" en el país. Frente a la decisión del gobierno de seguir adelante con sus planes, lo que se vive ahora en Bolivia puede ser exactamente la antesala de una guerra civil.
La huelga general decretada por la Central Obrera Boliviana continúa: dos tercios del país están paralizados con protestas generalizadas, en las que además se reflejan una serie de otras reivindicaciones y descontentos, lo que lleva a un aislamiento general del gobierno y a una amplia movilización social y política que cuestiona la continuidad del mandato de Sánchez de Lozada.
El mandatario fue electo por amplia mayoría en el Congreso contra el candidato de los movimientos sociales y de las comunidades indígenas, Evo Morales. El país es mayoritariamente indígena: los censos muestran que la población que se identifica a sí misma como indígena es de 61.21 por ciento, lo que corresponde justamente a los sectores más pobres de la población, que viven en el campo, donde se concentra 90 por ciento de la pobreza de Bolivia.
Después de las matanzas de lo que se llamó el febrero negro de 2003, cuando murieron más de 30 personas, el gobierno de Sánchez de Lozada no consiguió recuperarse. En cambio, aceleró sus planes represivos, expresados en una "instrucción miltar extraordinaria antidisturbios", para ser puesta en práctica por Agrupaciones Tácticas Antidisturbios, fuertemente armadas. Con estos planes se criminaliza la protesta social con una pena de cinco a ocho años de prisión para quienes realicen bloqueos "de transportes públicos, por tierra, aire o agua", cuando los bloqueos de rutas son justamente el tipo de movilizaciones mediante los cuales los trabajadores bolivianos consiguieron evitar que el gobierno anterior de Hugo Bánzer privatizara el agua, en uno de los movimientos más importantes en la lucha mundial por el derecho al agua.
En tanto, se extienden los casos de corrupción en el gobierno, que ahora intenta llevar a la práctica un nuevo y duro ajuste fiscal, del cual forma parte la venta de gas bolivano, cuando las empresas petroleras no pagan impuestos y el gobierno pretende disminuir a la mitad las jubilaciones de los trabajadores.
Desde principios de septiembre se habían recrudecido las marchas y movilizaciones de varios sectores populares, entre ellos de jubilados, profesores, policías, campesinos, indígenas, trabajadores sin tierra. Tras el estallido de la huelga, el movimiento social pasó a exigir la renuncia de Sánchez de Lozada, quien responde con la militarización de varias ciudades. El movimento, que tiene en el líder indígena Felipe Quispe su principal cabeza, exige que el gobierno cumpla con los acuerdos resultado de movilizaciones anteriores en relación con tierras, equipos y créditos para los trabajadores rurales.
El clima general hace prever grandes enfrentamientos y perpectivas de que un aislamiento del gobierno lleve a su renuncia o a la militarización definitiva. Brasil tiene que poner atención a lo que ocurre en el país vecino, socio en proyectos de integración regional, que vive una situación que puede desembocar en una crisis de proporciones como América Latina no ha visto en los últimos años.
* Sociólogo y doctor en ciencias políticas. Especialista en temas latinoamericanos, y uno de los organizadores del Foro Mundial de Porto Alegre
Traducción: Alejandra Dupuy
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