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JAIME PADILLA.-

El presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada ha perdido autoridad y respeto. Los partidos de la coalición que viabilizaron su segunda presidencia, no están dispuestos hoy a jugarse por él, cuando la situación de convulsión social en el país alcanzó su tercera semana sin un asomo de solución.

El diálogo entre los representantes del gobierno y la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) no pudo ser reanudado este martes debido a que ambos sectores no ceden en sus posiciones, informan en Bolivia los diversos medios de prensa.
El Ejecutivo se compromete a replegar las fuerzas del orden desplazadas en las carreteras del altiplano a condición del simultáneo levantamiento de bloqueos; sin embargo, la misma fue rechazada. Además, los dirigentes campesinos anunciaron que radicalizarán las medidas de presión para lograr la atención de los 72 puntos del pliego petitorio que fue firmado anteriormente, añaden las mismas fuentes.
Esta situación en Bolivia se torna cada día más tensa y el gobierno parace no tener políticas alternativas realistas. Todo esto demuestra que el presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada ha perdido autoridad y respeto.
Los partidos de la coalición que viabilizaron su segunda presidencia, no están hoy dispuestos a jugarse por él, cuando la situación de convulsión social alcanzó su tercera semana sin un asomo de solución.
«No le tenemos miedo a sus amenazas. Sólo son palabras» afirmó el lunes en clara actitud de desafío el secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz, Rufo Calle, al denunciar que el gobierno está empleando ahora una guerra psicológica para amedrentar al pueblo movilizado cuando habla de encarcelar a quienes cometen presuntos actos de sedición.
El presidente se ha convertido en mal administrador de la crisis y está huérfano de apoyo al asumir una impertinente actitud que provoca el rechazo de la población boliviana al recitar incansablemente que el diálogo es la única vía para resolver los problemas. El recurso del diálogo y tregua social, no tiene ya para el pueblo boliviano; efecto ní convocatoria.
Es un presidente acosado por fantasmas que el mismo ha creado a su alrededor. Acusa a la oposición de conspirar contra la democracia, pero al parecer es él quien no se asoma a la ventana para mirar que su gobierno navega en agitadas aguas, porque durante estos catorce meses de gestión no ha conseguido exhibir una sola prueba de alguna acción coherente que el pueblo pudiera interpretar como una señal de buena voluntad.
«Yo dije que este año, el 2003, iba a ser el año de la economía para Bolivia, pero, lastimosamente, estas actitudes (de agitación social), lo único que hacen son perjudicar los planes que pretendíamos implementar para conseguir este objetivo», se lamentó Sánchez de Lozada en el mes de febrero cuando una revuelta policial y civil derivó en enfrentamientos con el ejército que dejaron 31 muertos y más de 200 heridos.
¿Cuantas muertes más quiere el gobierno para aplicar su programa económico? Desde el 18 de septiembre último la resistencia popular crece en el país, la masacre de Warisata con seis muertos y decenas de heridos, se agrega a la cuenta del Goni.
Entre el conflicto de febrero y la actual hay una enorme diferencia, porque en estos últimos días la poderosa organización sindical de campesinos ha puesto en emergencia a más de 100 mil indígenas aymaras del altiplano, la Central Obrera Boliviana en las ciudades a declarado la huelga general e indefinida, los cocaleros, otro combativo sector y otras organizaciones sociales y populares han llamados a sus bases a rechazar el proyecto de exportación del gas a Estados Unidos y México. Queda claro que estamos en medio de un levantamiento popular.
En esta guerra por el gas, otras demandas como el rechazo a la incorporación de Bolivia al ALCA, la atención a los reclamos del Movimiento Sin Tierra, colonizadores e indígenas, aumento de salarios, estabilidad laboral y la revisión de la Ley 1008, 1/2 hectárea de plantación de coca por familia, reclamada por los cocaleros, hallaron también en este conflicto una adecuada trinchera para inmovilizar al gobierno.
Desde el otro costado el consorcio LPG ante la falta de garantías sociales ha hecho conocer su intención de retirarse del negocio del gas y desde luego que también exige una fuerte compensación económica por daños y perjuicios, estipulados en documentos previos. Pese a todos los antecedentes que diariamente se ventilan en la opinión pública boliviana el gobierno insiste en decir que nada es oficial. No se atreve a decirle la verdad al pueblo boliviano por temor a quebrar su complicidad con las transnacionales en el negociado del gas natural.
Las inversiones extranjeras en el país -gracias a él- han aumentado considerablemente a partir de 1995 bajo la rubrica de «capitalización» y están comprobadas que la gran mayoría de las inversiones extranjeras se han efectuado en el sector de los hidrocarburos.
La política entreguista de los gobernantes de turno desde 1985 han terminado por enajenar los recursos naturales del país. Las millonarias ganancias se las embolsillan las transnacionales y el Estado boliviano tiene menos recursos para atender la salud y la educación del pueblo.
«Esa es la causa de la pobreza del Bolivia» dicen los economistas que justifican las manifestaciones callejeras de todos los días de miles y miles de pobres en distintos puntos del país.
Mientras crece el descontento popular, el rechazo a su política, el presidente Sánchez de Lozada, apoyado por un grupúsculo de partidos oligárquicos sólo atina a movilizar a las Fuerzas Armadas con tanquetas y avionetas de guerra, francotiradores y policía antimotines, para frenar la inquietante movilización popular.
Al Goni habría que recordarle que el 21 de enero de 2000, el impopular presidente ecuatoriano Jamil Mahuad, fue expulsado de la presidencia, por los mismos atropellos que se cometen hoy a nombre de la democracia en Bolivia. . (Publicada en Liberación 9 octubre 2003)