Jaime Padilla

Con espantosa celeridad van transcurriendo los días para el nuevo presidente boliviano Carlos Mesa Gisbert. Esta situación no da tiempo a los analistas a presuponer los alcances de la actual coyuntura política, en vista que los reclamos de los diferentes sectores populares de la población son llana y sencillamente "un enredo", que por más grande que sea la voluntad del nuevo gobernante por atender los reclamos de su pueblo, le faltará  tiempo, dinero y principalmente concenso. Este último requisito es harto dificil de lograrlo, cuando se ciernen ya nuevas presiones (internas y externas), que buscan tempranamente entorpecer su gestión.

La ciudad de Tarija, donde se encuentra uno de los principales yacimientos de gas, fue escenario en días recientes de una marcha de protesta para exigir la exportación del fluido a México y Estados Unidos, rechazando de esta manera la realización de un referéndum consultivo. Sí el gobierno no responde en un mes a la demanda de poner en marcha el negocio de exportaci¢n del gas, amenazan con proclamar su autonomía regional.

El naciente conflicto se da por su implicancia económica para el gobierno departamental, por conceptos de regalías o impuestos, por los que los tarijeños advierten estar decididos "a defender el gas, a fuego y sangre". Esto, no es un caso aislado Tarija, junto a Santa Cruz, en el oriente boliviano, han defendido reiteradamente el proyecto de venta de gas.

En Bolivia la presión interna con ese argumento vuelve a enconarse. Lo más sensato sería aguardar las normas que aportará el gobierno en la modificación de la Ley de Hidrocarburos, candente asunto que motivara la caída de Goni Sánchez de Lozada.

El presidente Mesa, en una concentración campesina , empeñó su palabra al afirmar: "soy un hombre que sirve a la Nación, no que se sirva de ella" y sabe bien que a partir de ese mismo instante está activada el cronómetro de tiempo real, que las masas le han otorgado para probar que su gobierno va por buen camino.

Evo Morales, líder de los productores de la hoja de coca y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), dio 30 días de plazo para que el gobierno de señales que " ha escuchado las demandas de las movilizaciones sociales", particularmente la de los cocaleros que consiste en suspender los planes de erradicación y anulación de la Ley 1008 que penaliza la producción de la coca.

El líder y diputado aimara Felipe Quispe, a su turno a dicho que mantendrá a sus bases movilizadas contra el nuevo gobierno y pide la atención urgente a los 72 puntos del convenio de la Isla del Sol y la "autodeterminación" de Bolivia "como nación indígena". Una de las causas del conflicto que también ayudó a la desintegración del gobierno de Sánchez de Lozada es el supuesto incumplimiento de los 72 puntos del convenio firmado en la Isla del Sol (en el Lago Titicaca), el 28 de febrero de 2002.

La actuación de los campesinos, del Movimiento Sin Tierra, armados con palos, machetes, dinamita y escopetas en su intención de ocupar una hacienda del depuesto presidente Sánchez de Lozada, vuelve a enturbiar el ambiente de incentidumbre en el país, a escasos días de la inauguración del nuevo gobierno.

" Por la heterogeinidad de la población boliviana, a Mesa Gisbert le resultará muy difícil satisfacer las demandas", comentaba la televisión española, al tiempo de reproducir las declaraciones del Embajador norteamericano en La Paz; David Greenlee, sobre el espinoso tema de la coca en sentido que su gobierno mantiene una política de Estado invariable.

Mesa Gisbert está obligado y a menor tiempo lograr un entendimiento, a cambio de la tregua que le dieron, siete sectores y dos departamentos (Tarija y Santa Cruz), para diseñar su plan de gobierno primero y una agenda de propuestas después para abordar los problemas, de un total 13 demandas nacionales siendo la principal la industrialización del gas en Bolivia, y otras como la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, el rechazo al ALCA, la Institucionalización del Servicio Nacional de Reforma Agraria, tierra y territorio para los sin tierra, anulación de la Ley de Pensión e indemnización a los familiares de los heridos y fallecidos.

Mientras eso sucede en el interior del pueblo boliviano Estados Unidos (la presión externa), tan obsesionado con su lucha en contra del terrorismo, identifica a Bolivia como una amenaza para su seguridad nacional. Ese mensaje no tiene otro fin que amedrentar a flamante gobernante boliviano que intenta acercarse al pueblo para corregir los excesos cometidos en el país desde 1985. Estados Unidos por temor que el ejemplo boliviano tenga su efecto en los países vecinos, particularmente Chile y Perú, desata su campaña contra el país a través de las entidades internacionales que operan la económia mundial: El Banco Mundia y el Fondo Monetario Internacional. El primer organismo dejó traslucir su preocupación por el curso que ha tomado la evolución política en el país. Pero más próximo está el Fondo Monetario Internacional (FMI) que en noviembre debe reunirse en La Paz con autoridades bolivianas para acordar un emprestito que permita reducir el déficit del presupuesto.

Estas son las "cosas" que no solo le preocupan al gobierno recien instalado , sino también al grueso de la población boliviana, esperanzados en la consolidación de la democracia en Bolivia con equidad y justicia y no tengamos que ser testigos de otros episodios de luto y dolor.