El problema de la elitización de la educación secundaria y la educación superior en Bolivia. La estrategia de las élites nacionales para la privatización de la educación

Erick Fajardo Pozo(*)

Nelson Nogales estudia en la universidad pública, tiene 24 años y cursa el séptimo semestre de Sociología. Casi concluye el curso y tiene que proveerse de la bibliografía que ha postergado adquirir todo el periodo para rendir finales. Entra cauto y pregunta en Yachay Wasi Editores el costo de La Distinción y Las Reglas del Arte de Pierre Bourdieu, pero lo hace sólo como referencia, para saber por una vez cómo lucían los volúmenes originales, porque para proveerse de ellos Nelson habrá de recurrir a las estrategias económicas que la subalternidad universitaria latinoamericana ha desarrollado para desafiar un sistema educativo crecientemente excluyente.
Nelson estudia una quincena con 280 Bs. (35 U$). Paga dos bolivianos de transporte, tres de alimentación y cuatro o cinco de fotocopias diariamente. Ambos volúmenes originales cuestan 300 Bs. (40 U$). y una edición "pirata" cuesta 50 (8 U$), pero ni así le alcanza y decide fotocopiarlos.
Nelson va a pedir prestados los libros a su amigo Ever Vélez, uno de 20 estudiantes de su carrera que podrían adquirir un original de Bourdieu. Nelson y otros 400 estudiantes de sociología de la universidad boliviana viven otra realidad.
Estrategias educativas de los universitarios del quinto circuito.
Todo el sistema de educación estatal – en continua masificación – y su correlato en el ámbito superior, la universidad pública, serían inviables sin el auxilio de una pujante actividad comercial informal, que incluye a la literatura.
La gratuidad de la enseñanza pública posibilita que contingentes de estudiantes de clase media accedan libremente a la educación superior, pero incide también en crear necesidades de consumo literario a personas cuyo poder adquisitivo está por debajo del costo en librerías de un volumen original.
El comercio de literatura se ha convertido en otra estrategia del mercado informal para generar recursos y es una de dos alternativas para que los estudiantes de la universidad pública puedan acceder a textos cuyos originales tienen costos privativos. La otra alternativa es la copia fotostática (parcial o total) de los originales, que representa el mismo costo que una reproducción independiente pero con la ventaja de permitir una copia inmediata e in situ del texto en cuestión.
La educación pública y el mercado informal de libros en Cochabamba.
En Cochabamba la universidad pública ha generado entorno suyo un complejo subsistema económico, basado en la comercialización de servicios y productos, entre los que la venta de material bibliográfico es la actividad más importante después de la comida "al paso" y junto con las salas de alquiler de Internet.
Actualmente existen 30 fotocopiadoras en predios universitarios y 100 más alrededor del campus central de San Simón, además cerca de treinta casetas expenden versiones independientes de textos académicos y literarios.
La compra de reproducciones independientes o de copias fotostáticas parciales de obras originales es una estrategia económica más para un estudiantado que debe transportarse con diez bolivianos, alimentarse satisfactoriamente con 30 y disponer de 25 semanales para proveerse del material bibliográfico imprescindible para su formación.
Una "encomendera" política del conocimiento de las elites regionales.
Según Nelson Nogales, "pretender restringir la venta de libros no originales es igual que cuando se pretendió cobrar por el software original que antes se regalaba con las computadoras, sería privativo".
Dado su enorme poder transformador del orden de las cosas, el conocimiento siempre ha representado la amenaza más subversiva para sociedades como la nuestra, cuyo precario balance se basa en mantener vigente el orden social y económico.
Quizá por esto los sectores más reaccionarios del quehacer literario e intelectual se han empeñado en una abierta campaña por la "reafirmación de los derechos de autor y la protección de la propiedad intelectual", expresiones que, por sus connotaciones para la educación pública deben interpretarse en sencillo castellano como "cruzada por la re elitización del conocimiento en Latinoamérica".
En una entrevista hecha por el matutino Opinión, Ingrid Guttentag, heredera del mítico súbdito alemán editor de libros, calificó de "narcotráfico de la cultura" a la reproducción no autorizada de libros. Sin embargo parece inexplicable que una editora haya olvidado que el libro sólo es posible si hay quien lo lea y mientras los gobiernos en Latinoamérica se empeñan en políticas de alfabetización, las elites parecen empeñadas en distanciar más y más al libro de la capacidad adquisitiva de las mayorías.
Según escribe Rodrigo Méndez Mendizabal, abogado de la firma Apoyo, en su columna de la Revista OH: "los derechos de propiedad intelectual permiten al creador o titular del derecho de autor, beneficiarse del producto de su obra y proteger su obra intelectual de su aprovechamiento o explotación no autorizada".
Pero si la legislación vigente ha decidido omitir el precepto de que el conocimiento es un bien público, la academia debe recordarle que los bienes públicos no pueden ser enajenados para benefició de particulares y que las obras literarias no son objetos surgidos de la nada, sino el producto de la acumulación histórica y la transferencia generacional del conocimiento. Ergo, propiedad intelectual y beneficio particular son conceptos mutuamente excluyentes.
El sistema mundial de patentes y su efecto en la educación pública.
El matutino paceño El Diario publicó recientemente que "las transnacionales estarían apoyando el sistema mundial de patentes para proteger su producción en desmedro de los países en vías de desarrollo", en alusión a que los acuerdos de propiedad intelectual que pretenden reglar el comercio a todo nivel, son una amenaza para países como Bolivia.
Al parecer las economías transnacionales han decidido "legislar" internacionalmente y de forma unilateral, las condiciones del comercio de todos los bienes pasibles de propiedad intelectual en el continente. A la luz de esta nueva y creativa forma de intentar asfixiar a las economías del tercer mundo, el papel secundador de nuestras elites reafirma esa histórica actitud suya de medrar ante las potencias y enajenar de la propiedad pública los bienes comunes "a cambio de un porcentaje".
Como en muchos otros casos jurídicos, la legislación de derechos de propiedad intelectual parece estar pensada para sociedades y estados declaradamente neoliberales, que generan empleos y que provén de condiciones económicas mínimas a sus habitantes para que tengan la posibilidad de pagar derechos de autor y para que sus (casas) editoras tengan la moral de demandar tales derechos sin remordimiento.
Si esta nueva perpetración de las potencias económicas tuviese éxito, un 40% de nuestros estudiantes universitarios tendrían que decidir entre mantener sus estrategias de adquisición de libros, ahora declaradas ilegales, o dejar de estudiar, engrosar el cinturón de desempleo y vivir con la dudosa "honra" de haber actuado dentro la legalidad de unas minorías que habrían enajenado, en beneficio propio, el único ámbito realmente público que le queda a Bolivia: La educación.

(*) El autor es periodista de La Voz y escribe para Rebelión, Bolpress, Punto Final y La Patria de Oruro.