Redacción de Econoticiasbolivia.com

La toma y ocupación de tierras, apaciguadas temporalmente con la firma de precarios acuerdos, han desnudado otra vez que la tierra en Bolivia está concentrada en grandes latifundios improductivos y que es propiedad de quien no la trabaja.
La evidencia es abrumadora. Con cinco décadas de reforma agraria a cuestas, la tierra en Bolivia no está en manos de los productores, sino de ex ministros, banqueros, empresarios, militares y familiares de funcionarios de alto rango de las dictaduras militares y de los gobiernos neoliberales.
Los informes gubernamentales especializados establecen que en el ubérrimo oriente del país subsisten gigantescos latifundios improductivos en manos de los grandes acaparadores de tierras, mientras que en el altiplano y los valles millones de campesinos gimen por un pedazo más de tierra que los saque del minifundio y la miseria.
En el país la tierra está muy mal distribuida y es el problema central de la agropecuaria boliviana. Las tierras más fértiles y aptas para la agropecuaria han sido dolosa e ilegalmente adjudicadas a neolatifundistas, que cuentan con fuertes lazos con sectores de poder político y económico.
El más reciente informe oficial del Ministerio de Agricultura sobre la estructura de la tenencia de tierra en Bolivia establece que "el 87 por ciento de las tierras (28 millones de hectáreas) está en manos solamente del 7 por ciento de propietarios de dotaciones agrícolas. Los campesinos tienen solamente 4 millones de hectáreas (13 por ciento)".
TRÁFICO DE INFLUENCIAS
Según el experto Miguel Urioste, durante las dictaduras militares se han entregado gratuitamente millones de hectáreas a ex autoridades y sus familiares en regiones altamente productivas. Con la apertura de nuevos caminos, esas tierras están valorizándose rápidamente. Incluso, hay gigantescas propiedades que fueron entregadas gratuitamente por el Estado y que ahora valen 40 millones de dólares. Toda una fortuna que los nuevos latifundistas están defendiendo con la metralla del Ejército y la fuerza de un Estado excluyente y discriminador.
Esta misma dinámica ha ocurrido durante los gobiernos neoliberales, que se suceden en el poder desde 1985, agravando la extrema concentración de tierras, lo que ha provocado que sean cada vez más frecuentes las ocupaciones de predios por parte de los campesinos sin tierras o minifundiarios. Extraoficialmente se estima que hay un millón de campesinos minifundiarios y cerca de 250 mil campesinos sin tierra.
TENSA ESPERA
Tras la caída del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, los puntos más conflictivos se han trasladado a algunas propiedades que detentaban las ex autoridades en el Altiplano de La Paz y los valles de Cochabamba.
En la localidad de Sacaba, Cochabamba, este martes los campesinos y autoridades de gobierno firmaron un convenio para "pacificar" la región, tras que este lunes el Ejército abriera fuego contra los comunarios que intentaban ocupar la hacienda del ex ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, el brazo derecho de Sánchez de Lozada y autor directo de las masacres de Warisata, El Alto y La Paz en septiembre y octubre de este año,
Los campesinos, que se mantienen en vigilia cerca de la hacienda de Sánchez Berzaín, le dieron al gobierno un plazo de 48 horas para atender su demanda de tierra, en tanto que las autoridades se comprometieron a pagar la curación de los seis comunarios que resultaron heridos (uno a bala y cinco con balines).
Otra propiedad en disputa es la de Collana, en la provincia Aroma en el Altiplano de La Paz. Los comunarios tomaron la hacienda de dos mil hectáreas de la familia Iturralde de la ex primera dama (esposa de Sánchez de Lozada), y en represalia el gobierno del presidente Carlos Mesa detuvo a Fabián Paco Patzi y Luis Pinto Paco, secretarios generales del Sindicato Agrario de Collana. Ahora, este martes, dirigentes del Movimiento Sin Tierra (MST) acordaron con las autoridades que una comisión del Ministerio de Agricultura y del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) vaya a la zona para hacer la supervisión mientras dure el proceso de saneamiento y reversión.
PRESIÓN Y DIÁLOGO
Otros puntos conflictivos están en Los Yungas en La Paz, en las tierras del oriente en San Julián y el Chaco en el sur del país, donde los comunarios han comenzado a rebasar a sus dirigentes del MST, como Angel Durán, que aún confían en que el presidente Mesa resuelva el problema de la tierra.
"Hemos dado como sector una tregua de 90 días al gobierno para atender el tema de la tierra. El acuerdo básico consiste en suspender las tomas de tierras mientras el gobierno trabaja en soluciones negociadas, concertadas y acelera la entrega de títulos", dijo Durán..
"La toma de tierras es una forma de exigir la solución a estos problemas, pero estamos optando que sea por la vía del diálogo, la negociación para que podamos encontrar soluciones concertadas entre MST y gobierno (...) Hemos sentado las bases para ir solucionando estos problemas que son muy complicados, porque nuestros compañeros están dispuestos a seguir ocupando tierras si es que no se los atiende. Hemos planteado al gobierno un entendimiento y estamos trabajando en esa dirección", agregó.
DESCONFIANZA EN LA BASE
Sin embargo, los comunarios no muestran la misma confianza que tienen los dirigentes sobre la actitud de Mesa, por lo que han comenzado a rebasarlos, lo que ha generado preocupación en la alta dirigencia.
Incluso, el jefe del Movimiento al Socialismo (MAS) y diputado cocalero Evo Morales, que brindó un "apoyo crítico" al actual gobierno, demandó que se expropien las propiedades agrícolas pertenecientes al ex Presidente Sánchez de Lozada y a quienes fueron sus ministros. "Son bienes que vienen de fortunas dudosas. Si hablamos de Sánchez Berzaín son bienes que vienen del narcotráfico. Si el gobierno quiere parar ese tema (las ocupaciones y tomas) tiene que comenzar a expropiar", dijo poco antes de viajar a Cuba.
Sin embargo, la posibilidad de expropiar estas propiedades así como avanzar en la redistribución de la tierra no parece estar muy cercana por la tenaz defensa, que hacen del latifundio y las grandes haciendas, los empresarios agropecuarios del oriente que han logrado ya colocar a uno de los suyos como Ministro de Agricultura.
Desde esas instancias gubernamentales, en el pasado reciente, se han bloqueado todas y cada una de las iniciativas orientadas a recortar el latifundio improductivo y a dotar de tierra a los campesinos sin propiedad agrícola. Por ahora, nada indica que esto vaya a cambiar.
OTROS PROBLEMAS
Junto a la desigual distribución y acceso a la tierra, otros problemas estructurales que frenen el crecimiento y desarrollo de la agropecuaria, y que están más acentuados en el occidente que en el oriente del país, son la baja productividad, la falta de acceso al crédito, a la nueva tecnología y a mercados.
En el occidente boliviano hay una economía agraria campesina básicamente de autoconsumo donde reina el arado de madera, el minifundio, la pobreza, la erosión de tierras y una bajísima productividad.
En el oriente, donde se levanta una agropecuaria comercial, hay mayores ventajas productivas, una creciente mecanización y apoyo crediticio y tecnológico que permiten mayores niveles de rentabilidad. Sin embargo, este desarrollo puede ser un espejismo, ya que gran parte de la producción orientada hacia la exportación cuenta con mercados abiertos por acuerdos comerciales ventajosos, pero no sustentados en una competitividad sostenible por más tiempo.