Redacción de Econoticiasbolivia.com

Guiña a la izquierda, pero marcha hacia la derecha. Ese es el rumbo que ha comenzado a seguir el nuevo presidente de Bolivia, Carlos Mesa, que intenta ganar con promesas el favor popular, el favor de los sectores más desprotegidos de la sociedad, pero sin abandonar el tradicional vínculo que une a los gobiernos neoliberales con las clases y sectores dominantes.
Su relación con los campesinos es, en este sentido, muy ilustrativa y elocuente. Ayer, ante una concentración de campesinos en la ciudad de La Paz, Mesa dijo: "Quiero pedirles con toda humildad que me den tiempo, que me abran un espacio para poder trabajar, que el país vea que el mundo aymara es heroico cuando combate, pero que también es generoso cuando se abre un espacio real de democracia"
"Y yo sé, que si ustedes creen que soy un mal Presidente, no voy a poder seguir como Presidente. Yo no me aferro al cargo presidencial porque solamente podré ser Presidente si es verdad que yo los sirvo a ustedes. Si yo me sirvo de ustedes me van a echar de una patada, y me van a echar muy bien echado", dijo en la concentración en la que estuvo acompañado por el "Mallku" Felipe Quispe, líder de los campesinos del Altiplano.
En la concentración, el Mallku le dio plazo de 90 días para que atienda un pliego de 70 demandas campesinas, en las que se encuentra el fin del libre comercio que está destruyendo la economía campesina, la redistribución de la tierra, el fin de la erradicación forzosa de la coca, créditos y apoyo técnico para el agro, además de la anulación del Decreto 21060 que da vía libre al neoliberalismo, la modificación de la Ley de Hidrocarburos y la suspensión de la exportación de gas a los Estados Unidos, entre otros temas.
Mesa solicitó tiempo para estudiar y atender estas demandas y aseguró que una Asamblea Constituyente, sin fecha de convocatoria ni características definidas, sería la que aborde los temas de tierra y territorio.
MÁS LIBRE COMERCIO
Lo que no dijo ante los campesinos, sin embargo, es que proseguiría adelante con la política agraria y comercial que ha beneficiado a los grandes hacendados y agroexportadores del oriente, dejando en el abandono a la economía campesina que languidece y virtualmente está quebrada.
Esto se dice en otros ámbitos, como lo hizo el nuevo Canciller de la República, Juan Ignacio Siles, al informar oficialmente a los periodistas que antes de fin de año Bolivia firmaría un tratado de libre comercio con Chile, que, según los dirigentes campesinos, sería letal para la agricultura campesina del occidente del país y muy favorable para los agroexportadores.
"La firma de este Tratado es un tema de especial importancia y lo que pretendemos es que este tratado pueda firmarse hasta antes de fin de año", dijo el Canciller Siles.
UNOS GANAN, OTROS PIERDEN
Desde la óptica campesina, este Tratado ahondaría la crisis productiva del agro boliviano y afectaría negativamente a los pequeños productores por la pérdida de mercados e ingresos, a partir de su aplicación en el próximo quinquenio. La eliminación de aranceles, prevista en el Tratado, acrecentará y masificará el ingreso de productos chilenos más baratos como cebolla, trigo, papa, tomate, frutas, lácteos, carnes, hortalizas y otros, lo que ocasionará que los campesinos bolivianos abandonen su producción. Este proceso ya es evidente en el agro, producto del contrabando y la liberalización del comercio, pero se agudizará en el próximo quinquenio, coincidieron diferentes especialistas que analizaron el tema.
Según el experto Marcos Devisher, de la agencia de cooperación FOS, la actual política comercial boliviana busca, por encima de cualquier consideración, lograr la importación de productos agrícolas y alimentos baratos, aún a costa de poner en riesgo la sobrevivencia de los campesinos y pequeños productores agrícolas. En las últimas dos décadas, la libre importación ya generó que el campesino del altiplano pierde aproximadamente la mitad de sus ingresos. Lo propio acontecería con la industria boliviana de alimentos, que paulatinamente sería desalojada del mercado interno.
En cambio, quienes serían más beneficiados con este acuerdo serían las pequeñas y medianas empresas chilenas, que acrecentarían notablemente sus exportaciones hacia Bolivia, según reconoció la fundación gubernamental chilena promotora de exportaciones Pro Chile. Otros beneficiarios del Tratado serían los productores agropecuarios del oriente boliviano como los productores de soya y otros grandes exportadores agroindustriales.
POLÍTICA EMPRESARIAL
Y es precisamente a este sector de los grandes empresarios agroindustriales del oriente a quienes el presidente Mesa les ha encomendado la conducción de la política agropecuaria. Así, ha posesionado como nuevo ministro de Asuntos Campesinos y Agropecuarios al empresario Diego Montenegro Ernst, gerente por más de una década de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), entidad que agrupa a las grandes empresas nacionales y extranjeras exportadoras de soya.
Desde siempre, el sector de los empresarios agropecuarios ha recibido un fuerte respaldo del Estado, en créditos muy ventajosos, exenciones tributarias, apoyo en infraestructura básica y de servicios, lo que les ha permitido concentrar un gran poder político y económico. En este sector se concentra el 87 por ciento de las tierras aptas para la producción agrícola, estando solo un pequeño porcentaje en producción mientras que el resto queda en la inactividad esperando mejores condiciones de lucro.
Esta desigual e inequitativa distribución de la tierra se ha consolidado por la vigencia de políticas gubernamentales que han sido extremadamente favorables a los grandes hacendados y al neolatifundio, quedando sin solución las demandas de tierra de un millón de campesinos minifundiarios y más de 250 mil agricultores sin tierra. Así, entre los empresarios y neolatifundistas no preocupa mucho que el flamante presidente Mesa intente ganarse la confianza de los campesinos, todo vale, mientras las grandes decisiones y políticas sobre el agro y la tierra sigan siendo manejadas por los agropecuarios del oriente, tal como aconteció con el gobierno del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.