*Por: Carlos Arze Castedo

Los procesos sociales y políticos que se sienten victoriosos, muchas veces caen en la tentación de las victorias de las armas: someter a los derrotados a la misma perversidad de sus antecesores. Y hasta se puede aceptar tal reacción. Pero, atención: inclinarse por esa tendencia es caer en la irracionalidad. La conciencia de la humanidad lo que exige, aún en tiempos de guerra, es el imperio de la justicia: la única respuesta a la inhumanidad, a las muertes, a los asesinatos, al terrorismo de los opresores.

Es el elemental respeto a esa palabra: justicia, la que está ardiendo en estos momentos en muchos bolivianos que no creen en la violencia de los irracionales y menos en la violencia de la venganza. Es por justicia que se ha puesto como parte vital del proceso popular de defensa de la democracia, la necesidad de que los perversos que envilecieron y corrompieron la democracia, a la entrada y a la salida, sean puestos en la silla de los acusados.

La clase política ha atentado de tal manera contra la democracia, que dejar pasar tales actitudes sería una complicidad; la misma complicidad que ha servido de caldo para que se expanda y campee la corrupción. Correspondería, incluso aplicarles una sentencia que se manejó mucho en el juicio de Nuremberg, a la conclusión de la segunda guerra mundial: “La comunidad internacional afirmó que los responsables de crímenes contra la humanidad serían llamados a rendir cuentas sin los recursos defensivos usuales que se acuerdan a los acusados en tiempos de guerra”.

¿Merecerían, acaso un trato normal, quienes no respetaron la vida? ¿Merecen un trato normal quienes convirtieron los recursos y las arcas del Estado en un botín para saquearlo en cualquier momento?

Y aunque algunos no lo crean, existen aún dirigentes políticos y parlamentarios que creen que no ha pasado nada en Octubre, y que todo está solucionado con el cambio del hombre del timón. No es así, lamentablemente: fueron y son las actitudes de grupos políticos privilegiados que medran del poder las que desesperaron al pueblo boliviano.

Los parlamentarios que creen que pueden seguir exponiendo sus peroratas de antes de Octubre se equivocan, como se equivocan aquellos dirigentes políticos que creen que el pueblo no los ha visto digitando y disfrutando del poder corrupto, fruto de la distribución de los cargos públicos y de los recursos del Estado.

Existen suficientes precedentes y jurisprudencia para que los dirigentes políticos que han atentado contra la democracia sean enjuiciados y sancionados con la misma vara que se encarceló a los dictadores como Luis García Meza. Finalmente, ¿qué diferencia existe entre un irracional uniformado y un falso demócrata civil, que ordena matar a diestra y siniestra? Y que cree que ¿el Estado es su propiedad privada para esquilmarlo?

Un grupo de abogados Defensores de la Democracia con asiento en España, ha preparado los argumentos por los cuales pueden y deben ser enjuiciados lo criminales en democracia: En primer lugar está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que la vida es el elemento central. Por este documento muchos países están bajo la sombra negra de violadores de los derechos humanos y muchos dirigentes están bajo el estigma de dictadores. Lo que se necesita es un paso más: que, en aplicación a las normas constitucionales y legales de cada país, sea el instrumento para el enjuiciamiento y encarcelamiento de los criminales en democracia.

Están también como instrumentos complementarios, los principios del Derecho Internacional Humanitario, el convenio contra el Crimen de Genocidio de 1948, las Convenciones de Ginebra sobre Derecho Humanitario, de 1949; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1996, la Convenio contra la tortura de 1984 y otros de los que Bolivia es firmante.

Son estos instrumentos los que han puesto en apuros y entre rejas a criminales de Argentina y Chile y que han demostrado que si bien en democracia se pueden repetir los excesos y las violaciones, es más fácil que en las dictaduras enjuiciar y encarcelar a sus autores.

En el caso boliviano existen suficientes antecedentes, aún en el último día del imperio de los corruptos de la democracia (en los que hay que contar también a los cómplices parlamentarios) de crímenes contra el pueblo, de sustracción y robo de bienes y recursos del Estado. “No hay dónde perderse”, dicen los políticos. Y ciertamente tienen razón. Pero es hora de que nos demuestren que están dispuestos a los nuevos tiempos, al nuevo tiempo que les ha fijado el pueblo boliviano en Octubre.
*Es periodista boliviano