(Breve perfil histórico del movimiento indígena que revirtió el proceso neoliberal en Bolivia)
Erick Fajardo Pozo
En el epicentro altiplánico de la re-emergencia indianista, en el escenario de un alzamiento ciudadano por la soberanía y en el aniversario de la colonización de América, se suscitó una masacre que, por la disparidad de fuerzas y por la brutalidad del proceder del gobierno boliviano, trajo a nuestra memoria los pasajes más lamentables del primer contacto de los nativos americanos con occidente. Pero el pasado 12 de octubre, la fiereza de aymarás y quechuas también nos hizo rememorar lo dificultoso que le resultó a Europa hacerse de un continente que después de 500 años aún no termina de ser conquistado.

Estos elementos han cargado de simbolismo la postura de los sectores sociales y de mística a los líderes indígenas que condujeron la heroica revuelta contra un gobierno boliviano y un orden social mundial que hasta el 12 de octubre parecían inexpugnables. Esa fecha marca también el momento en que un conflicto –desvirtuado en el discurso gubernamental como mera protesta indígena– cobra proporciones de movimiento ciudadano y abandona la ciudad aymará de El Alto para instalarse en la urbe metropolitana de La Paz, la urbe valluna de Cochabamba, la capitalina ciudad de Sucre y la megápolis oriental de Santa Cruz.

En un país usualmente fragmentario y de identidades dispersas, la recesión económica y la exclusión social han fusionado a un movimiento indianista eminentemente rural y a una clase media urbana venida a menos. El catalizador de este fenómeno no ha sido otro sino el proletariado minero re-campesinizado que hace diez años, al cerrarse las minas, decidió retornar a la actividad agraria y residir en el trópico cochabambino y que hoy conforma la organización social más importante desde la COB de los años 80: El movimiento cocalero. Este actor social, de construcción histórica obrera, pero de origen étnico aymará pudo ser capaz de interpelar a la dispersa subalternidad de "las dos Bolivias" y proveerle del propósito colectivo integrador que la sociedad civil y el movimiento indígena no habían vuelto a encontrar desde la revolución nacional de 1952: La recuperación de la soberanía nacional sobre los recursos y el suelo.

La composición histórica del movimiento social boliviano.

Para entender al complejo movimiento social que hoy vanguardiza la defensa de la soberanía y los recursos naturales bolivianos de la rapiña transnacional, hay que entender que la génesis de sus actores es diversa y que ellos mismos son heterogéneos. Es innegable que el núcleo orgánico y la fuerza de choque de este movimiento social híbrido es de procedencia indígena, pero lo componen dos elementos sociales distintos: El incipientemente urbano y el históricamente rural. El componente urbano es fácil indentificarlo en una Federación de Juntas Vecinales de El Alto que fue el articulador de las movilizaciones de octubre. El caso del componente rural es más complejo pues se puede ubicar en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia; pero aún la CSUTCB (por su sigla) posee dos diferentes componentes sociales, cada uno de características muy particulares: El movimiento cocalero del trópico y el movimiento indianista del altiplano.

Ambos componentes sociales tienen un origen étnico común, pero un desarrollo histórico diferente y en consecuencia una identidad cultural y objetivos políticos independientes. Sin embargo ambos han ingresado en mayor o menor grado al escenario de la política estatal y tienen por consiguiente una dimensión partidaria que en el caso de los cocaleros se denomina MAS y en el de los aymarás se denomina MIP. Pero a desdén de esta característica común, pocas otras cosas han ligado a cocaleros e indios; la explicación parece estar en su génesis política.

El MAS y la estratogénesis cocalera.

El movimiento cocalero es de ascendencia étnica indígena aymará, pero su cultura política remonta orígenes a una histórica clase obrera boliviana, compuesta casi en su totalidad por trabajadores mineros. A su vez, la comunidad minera es anterior al modo de producción capitalista y remonta orígenes al modo de producción colonial esclavista.

Durante la colonia, el señorío aristócrata europeo recuperó un sistema nativo de prestación de servicios a la comunidad llamado "mita" y lo adaptó a los intereses del imperio colonial. Enormes cantidades de indios altiplánicos fueron desarraigados de sus comunidades y de la actividad agrícola para dedicarse a la explotación minera, una tarea que atrapó a por lo menos diez generaciones de indios en una actividad entorno a la cual desarrollaron una cultura aislada del escenario nacional hasta el fin del periodo republicano, muy posterior a la revolución industrial.

La revolución nacional introdujo la forma de organización sindical en la industria boliviana y reconstituyó la identidad política del trabajador minero.

El sindicalismo proveyó de conciencia de clase al minero que, después de cuatro siglos de explotación esclavista, conoció la reivindicación de sus derechos laborales.

El minero fue actor central en la revolución nacional y en todo el proceso del estado nacionalista. Su imaginario político es urbano y marxista y su ethos sindical está orientado a la búsqueda de la igualdad y la justicia social en términos del estado. El minero era una identidad política interior al estado.

1986.

Un nuevo cambio de modelo político en el país – del estado nacionalista al estado neoliberal – generó el fin de la minería estatal y con ello el despido masivo de 15.000 trabajadores mineros. En 1986 un millar de familias mineras iniciaron un éxodo sin destino que llevó a una gran parte de ellos a optar por el retorno al anal histórico de la producción agrícola.

La alternativa lógica parecía ser Cochabamba, un departamento central denominado como "granero de Bolivia" por su vocación agropecuaria, sin embargo era también plaza del remanente de la más rancia oligarquía blancoide colonial y republicana. El rechazo de los pobladores tradicionales de Cochabamba a los migrantes mineros, sumado a un precario aparato productivo incapaz de asimilar una enorme oferta de mano de obra no calificada, empujó a los mineros a un nuevo éxodo, esta vez al próximo trópico cochabambino, donde buscaron retornar a la actividad agrícola en plan de colonos de tierras hasta entonces inhóspitas.

En una década de asentamiento en el Chapare, el migrante de las minas entendió que sin sistema de transporte, sin vías de acceso y sin mercado interno y/o externo para sus productos las opciones de producción eran escasas y se dedicó al cultivo de una planta que en principio era producida para el consumo interno y el uso ritual, pero que en lo más recóndito de la selva era cultivada como materia prima de la cocaína, una industria ilegal que siempre tenía demanda de hoja de coca.

Así, durante la década de 1990, la producción agrícola del Chapare se centra en la hoja de coca, cuya producción es la fuente de subsistencia de miles de familias campesinas en el Chapare y fuente de recursos para un activo sindicalismo cocalero que combate la lógica neoliberal con el rencor histórico del minero desempleado y desterrado.

El sindicalismo campesino chapareño evoluciona en un instrumento político llamado Movimiento al Socialismo, cuya misión es representar en el parlamento el interés de un campesinado presionado por el gobierno para la erradicación de la coca. Pero a cinco años de su creación y en la segunda elección democrática de su historia, el MAS sorprende consiguiendo la segunda mayoría en las elecciones generales del pasado año. Una confluencia de la izquierda intelectual urbana y del campesinado cocalero componen la fórmula partidaria que interpelará a sectores hasta entonces desarticulados e incluso antagónicos de la subalternidad boliviana. Indígenas del oriente y del altiplano, comunidades rurales y juntas vecinales de la ciudad, izquierdistas e indigenistas confluyen entorno a un partido constituido sobre la mítica del cocalero y la mística de la hoja de coca.

El MIP y la etnogénesis del indianismo

El Movimiento Indianista Pachacuti, también remonta su identidad política a un proceso histórico que lo separa de la génesis de clase del movimiento cocalero. Los referentes ideológicos del MIP son la cosmovisión andina y la política de resistencia a la asimilación de su identidad ancestral a la república y al estado practicadas por Tupac Katari y Zárate Willka.

La etnogénesis aymará no es un proceso único, sino que es resultado de varios momentos históricos de ruptura con la cultura dominante, que generaron las condiciones para la reafirmación de sus mitos guerreros y la reafirmación de su identidad cultural. El pueblo aymará era bélico e irreductible y aún para el precolonial gobierno quechua había significado un problema lidiar con su belicosidad.

Sometido, desarraigado y oprimido desde temprano en su historia, el aymará ha hecho de la insurrección el eje de su mitología y del enculturamiento su estrategia de resistencia. No inventó la república el ardid de aislarlos geográficamente o de dispersarlos y, aunque se ha intentado desde diferentes tipos de administración política a lo largo de 900 años, el sentido de identidad del aymará ha sobrevivido a todo.

En este proceso de etnogénesis continua han ayudado varios hitos fundacionales –mitológicos e históricos–, así como la moderna elegización heroica de los capítulos más trágicos de ruptura entre el aymará y la república, literaturizada por algunos intelectuales de la década entre 1960 y 1970 que, en el afán de una precoz antropología política y una incipiente sociología de la cultura, se constituyeron en los ideólogos de la más importante re-emergencia indianista desde Zárate Willka, a principios de 1899.

1986.

El Vuelco del estado nacionalista al estado neoliberal fue también un momento fundacional para el movimiento indianista aymará. En criterio de algunos teóricos es la lógica descentralizante del neoliberalismo lo que revitaliza las microidentidades y con ello un indianismo que, en Bolivia, es de por sí vigoroso.

Si el estado benefactor no había podido hacer sentir al indio como "interior al estado", mucho menos lo haría un estado de libre mercado que se desentendió de las obligaciones sociales, privatizó al aparato productivo estatal y – con ello – desintegró a la clase obrera, condenando a los desahuciados al subarriendo laboral sin garantías ni beneficios sociales y empujando al minero y al obrero estatal a abandonar su identidad de clase y acogerse a su identidad ancestral.

Si estas medidas habían obligado al obrero a retornar a su ethos agrario, en cambió le habían dado al indio el soporte para sustentar su evangelio de inviabilidad del estado boliviano y la primera manifestación de ese refortalecimiento se llamó EGTK.

1999. El EGTK.

Apenas promulgadas las leyes de "reforma" del estado, el siempre latente insurrecto del imaginario aymará gestó, en el seno de la CSUTCB, al Ejército Guerrillero Tupac Katari, una organización subversiva que se declaró brazo armado de un histórico proyecto autodeterminativo de la nación aymará planteado por Tupac Katari (1734) y Zárate Willca (1899). Esta nueva versión del proyecto de escisión indianista tiene un importante soporte de las clases intelectuales urbanas y su ideólogo es un joven intelectual de nombre Álvaro García Linera.

El gobierno de entonces, irónicamente a la cabeza de Gonzalo Sánchez de Lozada, ejercita prolijamente el mecanismo de descalificación "de manual" del imperialismo. Estigmatiza al EGTK como la antítesis del "país de oportunidades" que ofrece el proyecto neoliberal de su partido y así consigue la omisión cómplice de los sectores sociales urbanos y la complicidad abierta de la mass media para perseguir y castigar a sus integrantes por una acción política que la prensa consigue introducir maniqueamente en el imaginario social como un crimen: la subversión.

El líder del EGTK, Felipe Quispe Huanca, que se había autoproclamado como "Mallku", un guía espiritual y religioso milenario en el pueblo aymará, es juzgado y condenado por terrorismo y subversión junto a los intelectuales García Linera y la mexicana Raquel Gutiérrez, entre otros.

Por entonces una desencantada ciudadanía boliviana buscaba una utopía después de dos décadas de dictadura militar y un fallido primer gobierno democrático consumido por la hiperinflación y el descontento social. El neoliberalismo ofreció ser esa utopía social y la ciudadanía, hambrienta, desempleada y convencida del fracaso del estado proteccionista, lo abrazó como última esperanza. Así, la prensa nacional hace omisión deliberada de lo que no descalifica y el movimiento ciudadano se desentiende de las reivindicaciones aymarás, rompiendo la precaria unidad que existía entre movimientos sociales interiores y exteriores al estado.

Cumplida su sentencia y ante la evidencia del colapso del modelo neoliberal en Latinoamérica, Quispe Huanca y García Linera salen de la cárcel imbuidos de la mística intelectual que la prisión otorga a los detenidos políticos. Su convicción en la búsqueda de la autonomía indígena persiste pero su estrategia cambia y mientras García Linera construía una imagen pública de referente de opinión urbana que legitimaría las demandas autodeterminativas aymarás, Quispe Huanca consolidaba un movimiento indianista – exterior al estado – que conservaba su eje de acción en las mitológicas comunidades lacustres en torno al Titicaca, pero que en diez años de su reclusión había crecido y se había desplazado de la estéril planicie altiplánica hasta la naciente ciudad de El Alto.

Sin embargo, aunque en abril de 2000 es el movimiento de la subalternidad urbana el que gana protagonismo en la subversión contra el estado, en septiembre de ese mismo año un alzamiento eminentemente indio en el altiplano paceño se convierte en el correlato del movimiento ciudadano.

2002. Fundación del MIP

El corolario de esta evolución de estrategias en el movimiento indianista aymará lo constituye la fundación de un instrumento político, el Movimiento Indígena Pachacuti, que conjura el principal argumento de descalificación del gobierno sobre el proyecto político del "Mallku": Su amenazante exterioridad al estado.

Sin embargo, aunque la creación del MIP le otorga legalidad a su movimiento, lo que a Quispe le interesa es la legitimidad entre sus iguales y durante la pasada campaña electoral demuestra en repetidas ocasiones que no le interesa en absoluto ganar simpatías ciudadanas en las urbes tradicionales y que el MIP es un modular discursivo para interpelar y recuperar a la fuerza social campesina aymará migrada a la actividad productiva fabril e informal en la ciudad de El Alto.

Octubre rojo: La rearticulación del movimiento popular.

En octubre de este año, estos dos escenarios políticos divididos por la segregación racista del estado blancoide – la periferia urbana y la comunidad rural – se integran nuevamente, identificados en la exclusión y la negación ejercitados sobre ellos. En el discurso político del estado existe un doble mecanismo de exclusión que segrega al pobre, pero que también segrega al indio. El componente rural integrado por el movimiento cocalero y el movimiento indianista se integra en torno al discurso de la recuperación de la soberanía del territorio y los recursos. Ya articulados, ambos interpelan a un tercer actor social, un movimiento indígena suburbano, desde la necesidad de recuperar la soberanía sobre los hidrocarburos.

Movimientos sociales idénticos en origen y disímiles en evolución histórica, consiguen articularse en un momento en que la crisis histórica boliviana y la disputa entre sus elites dominantes y su subalternidad ha tocado fondo El proyecto subversivo indígena y las elites empresariales en el poder representan dos visiones de mundo tan diametralmente opuestas como sólo pueden serlo el imaginario occidental, residente en la estructura de un estado castizo y neoliberal sin vuelta y la cosmovisión andina, perviviente y ahora manifiesta en la identidad de un indígena enajenado de su condición obrera, sin los medios para ser agricultor y sin posibilidades efectivas de ejercer como ciudadano.

Este inconciliable choque de concepciones de mundo, que remonta antecedentes hasta 1512, ha mostrado vigencia en el presente de un modo nefasto, pero ha demostrado también, de modo categórico, la naturaleza inalienable del derecho indígena a la tierra y a ser actor dentro del estado y ha demostrado, de modo indiscutible, la vulnerabilidad de los gobiernos "encomenderos" y de la política exterior del imperialismo frente a la simple voluntad ciudadana de subvertirse contra el neocoloniaje.