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El nuevo gobierno boliviano del presidente Carlos Mesa no se apartará ni un milímetro de la línea del Fondo Monetario Internacional (FMI) y dará continuidad a las políticas económicas y fiscales emprendidas por su antecesor el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Es, todo un desafío para los trabajadores y sectores empobrecidos de la población
El flamante ministro de Hacienda, Javier Cuevas, aseguró hoy que se dará estricto cumplimiento a los programas suscritos con el organismo internacional, a pesar que éstos habían sido severamente cuestionados por las organizaciones sociales y laborales al considerarlos como causantes del mayor agravamiento de la crisis económica, el aumento del desempleo y el crecimiento de la pobreza, factores que impulsaron la reciente rebelión popular en Bolivia.
"Los acuerdos con el FMI son una imposición que trae sangre y luto a Bolivia", dijo la Central Obrera Departamental de La Paz al recordar que la reducción del déficit fiscal exigida por el Fondo había originado en febrero del 2003 la muerte de 33 ciudadanos y más de un centenar de heridos, producto del "impuestazo" sobre los salarios que intentó imponer el gobierno de Sánchez de Lozada, urgido para aumentar las recaudaciones.
Estos acuerdos fueron, sin embargo, defendidos por el flamante gabinete de "tecnócratas neoliberales", posesionados este domingo por Mesa.
"Los programas son del gobierno de Bolivia, no son programas que imponen los organismos. Lo que si, cuando uno va a pedir plata tiene que cumplir ciertas condiciones", dijo Cuevas al justificar los acuerdos que la administración de Gonzalo Sánchez de Lozada arribó con el FMI y que obligan al Estado boliviano a reducir el déficit fiscal y ampliar las recaudaciones con un control más severo sobre los impuestos que pagan los sectores de asalariados.
El flamante ministro, asesor económico por muchos años de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, informó que "Bolivia cumplió con las metas establecidas en el acuerdo del programa Stand By en su segunda revisión habitual con el FMI".
"Las metas a septiembre se han cumplido y esperamos cumplir las de diciembre, el déficit fiscal es una variable importante y hay que ver su financiamiento", dijo al advertir que para cumplir la meta del 7 por ciento de déficit fiscal era importante mejorar las recaudaciones tributarias.
"Una parte importante de recaudación son los tributos. Para lo que resta del año esperemos que mejore la regularización tributaria (con severas sanciones sobre los asalariados) y la nacionalización de motorizados y así tener los recursos suficientes para llevar adelante la ejecución de gastos hasta fin de año", agregó.
El ministro aseguró que tratarían de reducir el gasto público con una política de austeridad, por lo que no habría recursos para atender nuevas demandas sociales planteadas por las organizaciones sociales y laborales que se movilizaron desde septiembre y que lograron echar del gobierno al ex presidente Sánchez de Lozada.
"Es necesario no crear expectativas en la población acerca de lo que podría ser el próximo presupuesto y el presupuesto regional", dijo Cuevas.
Las exigencias del FMI sobre las autoridades y la economía boliviana son tan excesivas que uno de los más importantes economistas norteamericanos con fuertes lazos con Bolivia, como Jeffrey Sachs, advirtió sobre nuevos y graves peligros si continuaba esta tendencia.
Las presiones del FMI y de Washington están originando graves conflictos sociales al empujar a los gobiernos del continente a ejecutar severas políticas de control del déficit fiscal, dijo hace poco.
Según consta en el "Memorándum Técnico de Entendimiento", suscrito entre las autoridades nacionales y el FMI, a mediados del 2003, el déficit fiscal debe estar bajo estricto control para evitar que desde enero del 2004 se eleve el precio de los carburantes, lo que empeoraría las condiciones de vida de la población y empujaría a la población a nuevos y graves enfrentamientos.
Dirigentes sindicales y empresariales ya habían advertido que esta presión del FMI puede generar, a principios del 2004, otros estallidos sociales de imprevisibles consecuencias.
Este panorama se agrava si se considera que entre los condicionamientos del FMI sobre el gobierno boliviano está la ejecución del proyecto de exportación de gas a Estados Unidos, en el entendido que esta obra generará ingresos fiscales adicionales. El proyecto, que originó la mayor sublevación civil con un saldo de más de 70 muertos y dos centenares de heridos, debería iniciarse en el 2004 y ser concluido en el 2007, según establece un compromiso suscrito con el FMI. En este tema, las autoridades han señalado, sin embargo, que el acuerdo era "preliminar" y no definitivo. La posición oficial ya ha sido presentada por el presidente Mesa y será un referéndum vinculante el que determine si este proyecto marcha o no, se aseguró en Palacio.