El gobierno dispone la militarización de las calles

J. Osvaldo Calle Quiñonez
Bolpress.com

En el tema del gas, lo más probable es que el gobierno no entiende la magnitud de las movilizaciones populares. Por cuarto día consecutivo, el centro de la ciudad de La Paz fue paralizado por miles de personas que salieron a las calles para rechazar el proyecto de exportación de gas natural licuado a mercados norteamericanos por puertos chilenos. El movimiento crece y cada vez se suman más sectores a la protesta que ahora ya no es exclusiva de la sede de gobierno.
Hasta el medio día de hoy volvieron a las calles centenares de rentistas, maestros urbanos, microprestatarios y otros sectores, a la par que los mercados paceños acusaban los rigores del desabastecimiento originado en el bloqueo "económico" organizado por los campesinos y los comercializadores de carne.
En el altiplano paceño se mantiene invariable el bloqueo de caminos instruido por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), mientras que desde la población de Quime se informaba que los comunarios de la región bloquearon la carretera a Sud Yungas, que aprovisiona a las ciudades de La Paz, de hortalizas, frutas y maderas, amenazando con cortar el fluido eléctrico de la planta hidroeléctrica de Choquetanga que abastece de electricidad a tres departamentos del occidente del país.
En respuesta, el gobierno instruyó la militarización de varios sectores de las ciudades de La Paz y El Alto.
La movilización más importante se realizó en la ciudad de El Alto que con sus cerca de 800.000 habitantes es la tercera ciudad en importancia del país y la más radical a la hora de las movilizaciones.
"El gobierno no quiere pronunciarse sobre el tema del gas. Si Goni quiere regalar el gas a precio de gallina muerta, tiene que pasar por nuestros cadáveres", advirtió Roberto de la Cruz, secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional de El Alto una de las organizadoras de la jornada de protesta.
En Warisata o nada Desde Warista, lugar donde hace dos semanas una misión de "rescate" dirigida por el ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, dejó un saldo de al menos cinco muertos, el presidente del Comité de Bloqueos de la provincia Omasuyos, Eugenio Rojas, ratificó el pedido para que un posible diálogo con el gobierno se realice en el lugar.
"No hay otro que tiene que venir. ¿Por qué va a tener miedo? ¿A caso ha tenido miedo para masacrar, para meter al Ejército y meter bala a Warisata? Así, como es hombre, tiene también que venir. El gobierno tiene que ser capaz de venir a Warisata", dijo Rojas a Radio Fides.
En esa región se ha formado el denominado "estado mayor de kalachaca" donde miles de campesinos se encuentran reunidos.
Hasta ahora el gobierno insiste con establecer una mesa de negociaciones, pero se rehusa a ir a Warisata y también se niega a acceder al pedido de desmilitarización del altiplano y la liberación de los campesinos detenidos del los bloqueos, condiciones impuestas por Felipe Quispe, secretario ejecutivo de la CSUTCB.
"Nosotros planteamos que la reunión sea en El Alto, con el objetivo de garantizar un proceso de consulta fluido para un diálogo efectivo y la obtención de respuestas rápidas a las demandas planteadas", dijo el ministro de Agricultura, Guido Añez.
Batalla comunicacional En un intento por apaciguar el conflictivo panorama social, en la víspera el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada anunció la realización de consultas sobre la reactivación económica y el gas, una reafirmación de los anuncios antes ya realizados: La consulta institucional no vinculante a la hora de tomar decisiones.
Para esto el gobierno comenzó una vasta campaña comunicacional que, a través de medios de información, convoca a la población para retornar a la normalidad, pero sin hasta ahora lograr los resultados esperados.
"¿Qué tienen que ver los carniceros con el gas?", preguntáron algunos ministros y no pocos periodistas, una pregunta que según analistas sintentiza la falta de comprensión de la magnitud del movimiento en el que todos los sectores tienen en común el rechazo a la venta del gas.
Sin embargo, en los sectores populares se desarrolla también una intensa campaña de difusión y cabildeo acerca los considerados riesgos de exportar el energético como materia prima, tanto en los aspectos económicos como geopolíticos. En las radioemisoras aimaras son intensos los llamados a reforzar las movilizaciones en los puntos de bloqueo. El pedido de industrialización del gas circula de boca en boca, en muchos casos con grandes distorsiones.
"Apoyaremos a los compañeros que están en huelga de hambre", "somos hermanos, no podemos dejarlos solos", "No permitamos la venta de gas, no arriesguemos el futuro", dicen varias voces en idioma aimaras en las radios comunitarias.
Radicalización de las medidas Según observadores, el gobierno intenta debilitar al movimiento de campesinos aimaras --por ahora los más radicales-- dejando pasar el tiempo y aislándolos de los otros sectores. En ese intento, la negativa de los cocaleros del Chapare y las federaciones campesinas controladas por el Movimiento Al Socialismo (MAS), de Evo Morales, para ingresar a las movilizaciones se convirtió en una aliada del gobierno, aunque esa situación podría cambiar si el sector cumple con el anuncio de sumarse a los bloqueos desde el 6 de octubre.
"Las balas del gobierno se van a acabar, pero las piedras, los palos y la conciencia nunca se van a acabar. Nosotros vamos a seguir luchando", dijo Quispe sintetizando parte de la lógica aimara que no se interesa más en los procesos.
Analistas consideran que la estrategia del bloqueo busca asfixiar a las ciudades para presionar al gobierno a atender sus demandas y en este propósito los campesinos aimaras podrían soportar hasta tres meses, si fuera necesario, aunque este tema parece no ser entendido por el gobierno.
Pero lejos de quedar aislado, el movimiento parece fortalecerse. En la mañana de hoy se presentó la denominada Coordinadora de Defensa de la Patria, un organización liderada por la Central Obrera Boliviana (COB) y que cuenta con la participación visible de Gilberto Ugarte, un un exteniente coronel de Ejército que fue dado de baja después de expresar su oposición a la exportación de gas.
Según Jaime Solares, ejecutivo de la COB, la nueva Coordinadora está conformada por instituciones colegiadas de profesionales, campesinos, organizaciones cívicas y sociales de la población civil.
En las próximas horas las movilizaciones podrían extenderse también al oriente boliviano, donde la Federación de Campesinos de Santa Cruz anunció que apoyará las medidas de la COB y la CSUTCB "con o sin apoyo de la Central Obrera Departamental" cruceña que hasta ahora se mostró reticente al apoyo.
Para mañana se anunciaron marchas también en Santa Cruz.
fuente: Bolpress