Enero 14 de 2003

Dejaron únicamente los revólveres calibre 38. "¿Cómo vamos a brindar seguridad si nos están quitando los equipos para defender a la ciudadanía?", dijo a la prensa Henry Vivas, director de la institución.
Vivas agregó que "la Guardia Nacional y el Ejército llegaron aquí atropellando a nuestros colegas policías y se llevaron prácticamente todo".
La PM, que depende del alcalde opositor de Caracas, volvió al ojo del huracán en este convulsionado país el 3 de enero cuando se produjeron confusos choques entre seguidores y opositores del presidente Hugo Chávez y ese cuerpo de seguridad, que dejaron dos muertos.
El gobierno culpó directamente de las muertes a la PM y al opositor Alcalde Mayor de Caracas, Alfredo Peña, de quien depende ese cuerpo policial.
Chávez prometió que su gobierno "apretará donde tenga que apretar" para controlar a la policía involucrada en manifestaciones violentas.
Por su parte, Peña ha culpado al gobierno de incumplir un fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del 18 de diciembre que pedía la devolución a su despacho de la PM, intervenida por el gobierno desde noviembre, cuando una huelga de policías en demanda de reivindicaciones económicas, produjo incidentes e incluso enfrentamientos a tiros en el centro de Caracas.
En Venezuela, a raíz de un proceso de descentralización iniciado de la década de los 90, se crearon, entre otras cosas, las policías estatales (provincias) y municipales, todas con derecho a porte de armas de fuego y que obedecen a los gobernadores o alcaldes de distintas tendencias políticas.
En la actual crisis que atraviesa el país, profundamente dividido en lo político, estas policías han empezado a ser los cuerpos armados de las gobernaciones o alcaldes, según han advertido organizaciones no gubernamentales.
El oficialismo impulsa ahora una ley de policía nacional que le devolvería al Gobierno el control casi total de los organismos de seguridad, lo cual es apoyado por una red representativa de las organizaciones no gubernamentales de Venezuela, pero la oposición sostiene que esa ley sería un golpe de Estado a la descentralización y otra estocada autoritaria de Chávez.
Con AFP