Caracas, 17 ene (PL) La oposición venezolana, ya casi con la certeza de su fracaso en utilizar un referendo consultivo para sus planes de forzar la renuncia del presidente Hugo Chávez, vuelve sus ojos a un cambio de estrategia.
Mientras se espera un fallo definitivo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la legalidad o no de ese tipo de consulta convocado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), ya existe el criterio generalizado de que ese no será el camino para una solución a la crisis política.
En realidad, acusando desesperación por la permanencia de Chávez en el poder a pesar de los argumentos con los cuales se convenció a los militantes opositores de que caería antes de finalizar 2002, los adversarios del mandatario buscan ahora una nueva consigna.
Pero ya se demostró que la llamada Coordinadora Democrática, donde se agrupa a las organizaciones antichavistas, no es homogénea, y las opiniones se dividen en abogar ahora por una enmienda constitucional o por una Asamblea Constituyente.
Claro está que, en lo referente al primer caso, existen enmiendas de todo tipo y hay algunos sectores, como el partido Acción Democrática, deseoso de lograr una ideal, en la cual se recorte la extensión del actual período presidencial para lograr una convocatoria inmediata a comicios.
Ante la evidencia de que las encuestas independientes señalan a Chavez como favorito a ser reelecto y existen innumerables candidatos por parte de la oposición, también quieren instituir la doble vuelta electoral para lograr un candidato único en la segunda ronda de sufragios.
Otro de los partidos representados en la Coordinadora, denominado Causa R, se apunta en la lista de quienes prefieren la convocatoria a la Constituyente para, según dicen, poder barrer no sólo con el Jefe de Estado, sino con legisladores, alcaldes y gobernadores que le apoyan.
En realidad, en cualquiera de los casos, hay que comenzar con una recolección de firmas nunca menor del 15 por ciento de los inscritos en el padrón electoral o con el apoyo de 50 legisladores para pedir la convocatoria a cualquiera de las dos consultas.
La representación parlamentaria del gobierno, por su parte, recordó que todo intento por avanzar en alguno de los sentidos deberá ser precedido por el desmontaje del paro nacional preconizado por la oposición, actualmente cumpliendo 46 días de duración.
De todas formas, la apurada búsqueda de alternativas ahora puesta en marcha, confirmó que esa huelga tiene los días contados.