Andrés Capelán
Comcosur

En acuerdo con el ministro de Defensa Nacional, Yamandú Fau, y a propuesta del Comandante del Ejército, Carlos Daners, el presidente Jorge Batlle designó al teniente coronel Eduardo Radaelli como nuevo secretario general del Instituto Militar de Estudios Superiores (IMES) la "Escuela de Cuadros" de las Fuerzas Armadas Uruguayas. Junto con el coronel Tomás Casella, Radaelli está requerido para testimoniar ante la justicia chilena por haber participado en el secuestro y asesinato del bio químico y agente de inteligencia pinochetista Eugenio Berríos. Según las conclusiones a las que arribó en octubre último la jueza Olga Pérez, del Sexto Juzgado del Crimen de Santiago de Chile, Radaelli colaboró con un grupo de militares chilenos a las órdenes del ex dictador Augusto Pinochet, quienes en 1992 secuestraron y asesinaron a Berríos en territorio uruguayo.
Como explica el periodista Roger Rodríguez en el diario "La República," Berríos era un científico que trabajaba como agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile, y había realizado experimentos para crear un arma biológica con gas sarín, que se pensó utilizar contra el ex canciller chileno Orlando Letelier, quien finalmente fue asesinado con un explosivo en Washington DC en 1976. En setiembre de 1991, cuando se realizaba en Estados Unidos el juicio por ese crimen, Berríos fue sacado clandestinamente de Chile y trasladado a Uruguay para mantenerlo fuera del alcance de la justicia chilena. Radaelli y Casella (quién también fungió como edecán del propio Pinochet durante su última visita a Montevideo en febrero de 1993), fueron custodios de Berríos en un apartamento montevideano y luego en un chalet en el balneario Parque del Plata, propiedad del teniente coronel ahora destinado al IMES.
El 15 de noviembre de 1992, Berríos escapó de sus escoltas y se presentó ante la comisaría de Parque del Plata gritando haber sido secuestrado y que Pinochet lo quería asesinar. Ante la misma unidad policial se había presentado minutos antes el entonces capitán Radaelli, quien explicó que había escapado una persona bajo su custodia y que era un asunto muy grave que podía costarle la vida. Berríos fue devuelto a su custodia en un oscuro procedimiento en el que intervino el entonces jefe de Policía de Canelones, coronel Ramón Rivas. Radaelli y Casella se llevaron a Berríos de la comisaría, y esa fue la última vez que se le vio con vida. El incidente recién se conoció en junio de 1993. Ante el escándalo político generado, el entonces ministro de Defensa, Mariano Brito -actual rector de la Universidad de Montevideo (Grupo Peirano)- y el entonces canciller, Sergio Abreu, aseguraron al Parlamento que Berríos se encontraba en Italia. Así les informaron el entonces comandante en jefe del Ejército, general Juan Modesto Rebollo y el jefe de inteligencia militar, general Mario Aguerrondo.
El 13 de abril de 1995, el cuerpo de Berríos apareció semienterrado en una duna del balneario El Pinar con dos balazos en el cráneo. Nueve años después de su muerte, el cuerpo fue repatriado a Chile y enterrado, en un funeral al que sólo asistieron su abogado y tres familiares. Desde la aparición del cuerpo de Berríos se acumula un expediente en el juzgado penal de la localidad de Pando, actualmente en manos del juez Alvaro González, quien resolvió meses atrás reabrir el caso ante el pronunciamiento judicial y las pruebas surgidas en la Justicia chilena, que ha reclamado el testimonio de los militares uruguayos. Sin embargo, desde esa fecha hasta el presente no ha habido ninguna novedad de su parte. Una de las últimas actuaciones cumplidas fue el pedido a la Justicia chilena del expediente que se sustancia en ese país y en el que fueron procesados varios oficiales chilenos, entre ellos un guardaespaldas del ex presidente dictatorial Augusto Pinochet. En dicho expediente se mencionan como presuntos participantes en el operativo de secuestro y asesinato de Berríos a varios oficiales uruguayos, entre ellos, Radaelli.
Sin embargo, el magistrado actuante rechazó tres pedidos de la Justicia de chilena de remitir una copia de testimonios incluidos en el expediente referido a la muerte del químico chileno. La posición de González fue que el expediente está en presumario y tiene pendientes diligencias probatorias, por lo que debe mantenerse su reserva y no corresponde el envío de información solicitada desde Chile. Este expediente estuvo archivado hasta que la fiscal Hagopián solicitó un examen de ADN de los restos hallados, para dilucidar si efectivamente éstos pertenecían al químico chileno inventor del gas sarín y estrechamente vinculado a la dictadura de Pinochet. El examen de la Policía Técnica confirmó que el cuerpo hallado es el de Berríos y ya fue trasladado a Santiago de Chile a pedido de sus familiares.