Con motivo del VI Aniversario de la Firma de la Paz, URNG manifiesta:
Al hacer el balance del proceso de paz, es necesario afirmar y reconocer que los acuerdos han avanzado desde su firma, en alguna medida y dimensión. No creemos que haya alguno que esté en el mismo punto que hace seis años. Se han logrado abrir importantes espacios para la participación de diversos protagonistas sociales y de todas las corrientes ideológicas y políticas.
También es innegable que se ha desencadenado un proceso de desarrollo y consolidación de la conciencia entre los pueblos indígenas sobre sus derechos como pueblos y se ha empezado a generar conciencia entre amplios sectores de la población de pertenecer a una nación diversa y plural en lo étnico y cultural. En base a los Acuerdos de Paz, se presiona sistemáticamente al gobierno para lograr una mayor inversión social y elevar la calidad del gasto público.
Hoy, los Acuerdos de Paz, a pesar de sus detractores, son el tema obligado para el liderazgo político, social y económico del país, para el Estado guatemalteco y, sin duda alguna, son referencia inequívoca para la cooperación internacional.
Sin embargo, es equivocado medir los avances alcanzados teniendo como referencia un pasado de regímenes militares autoritarios, y de la más criminal represión e injusticia. El proceso de paz debe ser evaluado de acuerdo con las metas y los horizontes que están planteados en los Acuerdos de Paz, que gozan del consenso de amplios sectores de la población, y por los que generosamente luchamos varias generaciones de guatemaltecas y guatemaltecos. Esta es la única forma de evaluar el impacto real de los mismos en la sociedad guatemalteca.
La transición de un régimen contrainsurgente, segregacionista y excluyente hacia los objetivos planteados en los Acuerdos de Paz ha encontrado opositores poderosos en grupos económicos retrógrados, miembros del ejército y partidos políticos ultra conservadores.
Señalamos graves incumplimientos y estancamiento en temas vitales para la población como son la falta de respuesta coherente a la demanda de tierra, la urgente necesidad de realizar una transformación agraria real y el impulso a una política de desarrollo rural integral.
La escasa asignación de recursos financieros es una de las mayores debilidades del proceso de implementación de los Acuerdos de Paz, ya que impide incrementar sustancialmente el gasto social, poner en práctica políticas públicas aprobadas y darle sostenibilidad al proceso de paz. Es necesario señalar claramente en quiénes recae la responsabilidad de este grave incumplimiento. El CACIF se ha negado sistemáticamente a elevar la tributación al Estado, impidiendo así alcanzar las metas de recaudación fiscal establecida en los Acuerdos.
A lo anterior, se suma el problema de la corrupción en las instituciones gubernamentales, que merma los recursos disponibles y desestimula o sirve de pretexto para evadir la tributación.
El ejército maneja recursos financieros, realiza actividades y mantiene una estructura y despliegue que no corresponde a tiempos de paz. Es preciso denunciar que en los últimos tres años ha habido un marcado deterioro de los derechos humanos, han aumentado las amenazas y las violaciones en contra de defensores de los derechos humanos y activistas del movimiento social y reivindicativo y operadores de justicia. Es innegable la existencia de grupos clandestinos amparados en algunas estructuras del Estado. Grandes obstáculos impiden el fortalecimiento del sistema de justicia, entre ellos la insuficiente asignación presupuestaria y la impunidad vigente, con el agravante de la creciente inseguridad ciudadana y la persistencia de linchamientos en algunas comunidades.
Ni el gobierno del FRG, ni en su momento el gobierno del PAN, han empeñado su legítimo poder de manera decidida para hacer avanzar el forma acelerada y contundente el cumplimiento de los compromisos del Estado guatemalteco. La razón de fondo es que los Acuerdos de Paz, en particular aquellos que abordan temas sustantivos y estructurales, afectan los intereses de los grupos de poder y los partidos políticos que han gobernado desde la firma de la paz. Estos grupos y sectores han antepuesto sus intereses, la de sus partidos y su clientela política, por encima de la agenda nacional.
Existe en la actualidad una evidente contradicción entre la demanda expresada por los sectores sociales organizados y movilizados por el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, y la incapacidad o falta de decisión del gobierno para darle respuesta. Esto desgasta la agenda de la paz y su contenido concreto, a la vez que frustra las expectativas de muchos sectores de la población que esperan y necesitan con urgencia los frutos tangibles de la paz.
En este VI aniversario de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, URNG hace un llamado al Gobierno de Guatemala para cambiar su discurso por políticas efectivas a favor de la paz, a los partidos políticos a cumplir con la responsabilidad que asumieron públicamente en varios momentos de la negociación y que debe ser inherente a su misión. Los Acuerdos de Paz deberán ser la medida con que se les juzgue en la próxima contienda electoral.
Finalmente, llamamos a la sociedad civil, a las mujeres y los hombres del campo y de la ciudad, a extraer de lo mejor de sus experiencias, la fuerza y los planteamientos para presionar por un acelerado cumplimiento de los Acuerdos de Paz. URNG empeña su palabra y su acción en esta dirección.