Latinoamérica

Rebelión/Notipaco

El allanamiento realizado en la tarde del pasado 10 de enero a la sede en Cali de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, forma parte de un siniestro plan para la desarticulación, la inmovilización y la destrucción del movimiento sindical colombiano y de toda oposición y resistencia popular a las políticas neoliberales y autoritarias del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, expresaron a diferentes medios voceros del movimiento sindical.
Recientemente fue asaltada la sede de Fensuagro, hostigada la sede Sintraemcali, detenidos Ever Madariago presidente de Sinaltrabavaria y Nicodemo Luna de la Uso. Asimismo, fueron desaparecidos Augusto de Jesús Palacio de Sintravidricol y Alberto Bermúdez de la Asociación de Campesinos de Arauca. Igualmente la Fiscalía ha reabierto procesos judiciales contra decenas de directivos sindicales de la USO acusados de terrorismo por jornadas de protesta realizadas, especialmente de rechazo al asesinato de dirigentes sindicales.En el municipio de Calarcá fueron detenidos Policarpo Camacho y Gloria Holguín dirigentes del sindicato agrario, filial se Fensuagro. Las amenazas, atentados, allanamientos y montajes judiciales también afectan a activistas de derechos humanos, dirigentes del Partido Comunista y de otras organizaciones de izquierda.
En Bucaramanga Julio Abella, Álvaro tapias, Luis Antonio Núñez, Álvaro Barrera y Saúl Dallos siguen detenidos como consecuencia de un vulgar montaje de la inteligencia militar.
Las recientes declaraciones del ministro del Interior y de justicia, Luis Fernando Hoyos, declarando como ilegal e inmoral los llamados a la abstención al referendo, presagian un incremento de la guerra sucia y el terrorismo de Estado, afirmaron los líderes sindicales, ya que precisamente son las centrales obreras, la izquierda, activistas de derechos humanos y otras organizaciones sociales quienes encabezan el llamado a la abstención.
Organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos han condenado fuertemente el allanamiento, convocado a la solidaridad nacional e internacional y solicitado a las centrales obreras la elaboración de un plan de movilizaciones para rechazar la criminalización del movimiento popular en el marco de la mayor fascistización del régimen político colombiano.