La semana pasada hice unas declaraciones a la prensa en que advertí el peligroso estado de parálisis del Programa de Protección a los dirigentes y militantes del Partido Comunista Colombiano y la Unión Patriótica. Un vocero gubernamental anónimo me respondió, a través de la prensa, que para este año el presupuesto del Programa se cuadriplicó y asciende a una suma de 32.000 millones de pesos.
Por: Carlos A. Lozano Guillén Director del semanario VOZ Dirigente del Partido Comunista Colombiano Aunque creo que esta suma astronómica no es exclusiva para el Programa de Protección del Partido Comunista y la Unión Patriótica, sino que incluye los programas que existen también para sindicalistas, periodistas y ONG, entre otros, de todas maneras deja mal parado al DAS, entidad que viene alegando que no tiene dinero para atender las demandas y requerimientos de reforzar la seguridad de los dirigentes comunistas. En los garajes de este organismo se encuentran varios vehículos a la espera de su reparación mecánica, entre ellos la camioneta blindada al servicio del secretario general del Partido Comunista Colombiano, Jaime Caycedo, uno de los dirigentes políticos más amenazados del país. Así mismo, otras personas, para las que ha sido solicitada la protección, están sin escoltas y vehículos, porque el DAS alega que no hay dinero para el funcionamiento del Programa. En estas condiciones ?y después de conocer la respuesta del vocero oficial anónimo? creo que no hay la voluntad política del gobierno de Uribe Vélez para garantizar la eficacia de los programas, en un país en donde los planes de exterminio y la guerra sucia contra dirigentes y militantes de izquierda, como de activistas sindicales y populares, ocurren en la más completa impunidad.
El Programa de Protección obedece a razones forzosas y superiores en el orden internacional. Desde 1994, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA decretó medidas cautelares de protección en beneficio de dirigentes del Partido Comunista y la Unión Patriótica. Ello ocurrió después del asesinato del senador comunista Manuel Cepeda Vargas y de conocida la existencia del 'Plan Golpe de Gracia' al cual estarían vinculados organismos de inteligencia del Estado e importantes oficiales de las Fuerzas Militares.
Los gobiernos de César Gaviria Trujillo y Ernesto Samper Pizano conocieron con nombres propios y evidencias concretas las denuncias presentadas al respecto. Después, la Comisión Colombiana de Juristas y la Fundación Reiniciar interpusieron ante la misma Comisión una demanda por genocidio político, tipificado en el exterminio sistemático de dirigentes y militantes de la Unión Patriótica, la mayoría de ellos miembros del Partido Comunista.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA convocó a los demandantes y al Estado colombiano a un "acuerdo amistoso", y una primera aproximación, aunque no existe el punto final, fue la aceptación del Estado de organizar y financiar de común acuerdo con la contraparte el Programa de Protección. Este fue creado mediante decreto en el gobierno de Andrés Pastrana Arango y así ha venido funcionando, con la coordinación de una comisión con representación de las partes y la asistencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
Así las cosas, el Programa es de forzosa aceptación para el Estado colombiano y su incumplimiento implica vulnerar acuerdos y compromisos en el ámbito internacional. Son compromisos de Estado y no del gobierno que los suscribió. No pueden modificarse de manera unilateral las formas y contendidos del programa, como la asignación de los escoltas por selección del Partido Comunista y la Unión Patriótica. Es evidente que no hay la confianza en los organismos de seguridad del Estado, pues varios de sus integrantes han estado vinculados a investigaciones y procesos judiciales de los magnicidios y asesinatos.
Este es un asunto de fondo en que está en tela de juicio el tamaño de la democracia en Colombia. Algunos analistas de la derecha y funcionarios del gobierno creen que es algo intrascendente, o que se está haciendo escándalo por nada. Pero lo que está comprometido es el derecho de la izquierda a existir como fuerza política legal y democrática y por ende como real alternativa de poder al bipartidismo, responsable de la tragedia política y social en el país. En este mismo espacio, hace algunas semanas, Iván Cepeda Castro comentaba que al exterminio físico de la Unión Patriótica se le agregó el despojo de su legalidad a través del fallo del Consejo Nacional Electoral que le arrebató la personería con argumentos leguleyos y formales, pero carentes de sentido político, democrático y humanista.
Esta situación, propia del régimen de la democracia restringida en Colombia, se ha convertido en una de las principales talanqueras para la solución política del conflicto social y armado. ¿Qué atracción para pactar la paz pueden tener los grupos insurgentes con un Estado que es incapaz de garantizarle el derecho a la existencia física a la izquierda y no sólo eso, sino que sus agentes participan por acción y omisión en la misma, en la modalidad del terrorismo de Estado? Parte fundamental de un proceso de paz, o de crear las condiciones para que éste pueda darse, es asegurarle el derecho a la existencia a la izquierda que actúa en el escenario público y de la lucha popular