Latinoamérica

Un nuevo encubrimiento para lavar unas relaciones incestuosas: las del Poder con la mafia y los crímenes contra la humanidad cometidos en Colombia
Indulto a paramilitares

Gustavo Petro
Rebelión

Una cosa es negociar con los jefes paramilitares el desmantelamiento pacífico de su organización y otra muy distinta es indultarlos, como es muy diferente el otorgarles un indulto y pensar que así se acaba con el paramilitarismo. Desmantelamiento paramilitar, indulto y fin del paramilitarismo son conceptos diferentes e incluso contradictorios.

ACABAR CON EL PARAMILITARISMO?

Las elites que gobiernan a Colombia han usado el paramilitarismo durante todo el siglo XX en función de proteger sus intereses y expandir su acumulación particular de riqueza.
Quienes asesinaron al general Rafael Uribe Uribe a principios del siglo XX no eran más sino mercenarios al servicio de los hacendados que veían en el liberal, único congresista de oposición al régimen de la Constitución de 1886 instaurado por Rafael Nuñez, un rival de cuidado en la perspectiva de construir un Estado autoritario de terratenientes.
La misma táctica se uso contra Jorge Eliecer Gaitán en 1948, quien amenazaba con ganar la Presidencia de la República a través del voto de la población artesana de las incipientes urbes colombianas y que prometía una liquidación de "las oligarquías" y una repartición equitativa de la tierra agraria. Tras el asesinato de Gaitán la insurrección popular que sobrevino urbana primero y luego rural, obligó a la oligarquía a modificar la práctica selectiva del sicariato a sueldo por una modalidad muy parecida al paramilitarismo contemporáneo: los llamados "pájaros"; estos eran bandas rurales auspiciadas y protegidas por la policía del entonces que se dedicaban a quemar poblados, a realizar masacres, a desplazar violentamente la población rural contraria al gobierno o de partidos diferentes al conservador gobernante. Todos sus métodos terminaron siendo, como en la actualidad, métodos de terror. Se estima en trescientos mil los muertos dejados por aquel periodo que se extendió desde 1948 hasta 1964 y que es conocido popularmente como "la violencia".
Las bandas de pájaros conservadores tenían como propósito al ahuyentar a la población liberal de extensas zonas agrarias, permitir que los hacendados conservadores ampliaran sus posesiones y controlasen la principal riqueza del momento: los cultivos de café. La reacción armada de los campesinos liberales originó la formación de guerrillas y algunos de sus jefes con el correr de los años y después de nuevas agresiones conservadoras luego de firmado el acuerdo de paz entre liberales y conservadores: el Frente Nacional, originaron el actual movimiento de las FARC.
Los "pájaros" eran verdaderas formaciones paramilitares y muchos de sus jefes con el apoyo del ejército colombiano continuaron actuando en la década de los setentas y ochentas contra las nuevas guerrillas de izquierda siempre al servicio de los grandes hacendados de las regiones en donde se asentaron.
El modelo de este tipo de "bandas blancas" anticomunistas y armadas en muchas zonas rurales fue captado por las mafias del narcotráfico de cocaína que se habían convertido en los nuevos propietarios de la tierra en Colombia a partir de 1985. Con mayor financiamiento, proveniente del lavado de activos, los nuevos hacendados mejoraron el armamento, la preparación militar, la extensión geográfica de sus actividades y consolidaron una alianza con el ejército para destruir a la guerrilla y a todo lo que pareciese su apoyo. La llamada "guerra sucia" asesinó tres mil militantes de la organización de izquierda Unión Patriótica, además de la muerte de miles de líderes populares, sindicales, campesinos, intelectuales, religiosos y políticos de izquierda. La "guerra sucia" era un verdadero "progrom" que durante varios años generó un genocidio político en el país. La izquierda legal y las organizaciones agrarias fueron exterminadas después de treinta mil asesinatos.
La alianza entre el ejército colombiano y el cartel de Medellín con el visto bueno de la CIA; que había dado inicio a la operación "Iran-Contras" por medio de la cual entregó armas a la "contra" nicaragüense comprando armas a Irán con el dinero del cartel de Medellín proveniente de la exportación de cocaína; permitió que las antiguas organizaciones rudimentarias de "pájaros" rurales y las bandas mercenarias de los narcotraficantes tuvieran una estructuración mucho más moderna con modalidades de unidades de ejército. El dinero de la mafia compraba las armas y los mercenarios traídos de Israel y de Sudáfrica, y el Ejército ordenaba el asesinato de los rivales sociales y políticos de la oligarquía colombiana mientras la CIA dejaba entrar cocaína a EEUU.
El paramilitarismo que ya se había formado con los nombres del "MAS", "Colsingue", "la mano negra", "los tiznados", "los mazetos" y otros tenía como propósito la defensa de la propiedad rural del narcotráfico en contra de la guerrilla pero prestaba sus servicios de sicariato político a las elites privilegiadas de Colombia.
La ruptura de la alianza cartel de Medellín- Ejercito colombiano-CIA sobrevino después del asesinato de varios candidatos presidenciales y del pedido de extradición de los jefes del cartel por el gobierno de los EEUU. Fue reemplazada por una nueva alianza conformada por el Cartel de Cali, el DAS, Departamento Administrativo de Seguridad de la Presidencia de la República y la DEA y se propuso el exterminio del cartel de Medellín para lo cual organizaron el grupo armado "los pepes" en donde participaron todos los actuales jefes del paramilitarismo. El gobierno de Gaviria entre 1990 y 1994 activó una salida jurídica beneficiosa para los mafiosos que se entregaran del cartel de Medellín e inició la legalización y la extensión de las agrupaciones paramilitares de los campos a través del programa presidencial de las Convivir con una gran cobertura geográfica en Córdoba, Urabá, Antioquia, posteriormente gobernada por el actual Presidente de la República, Alvaro Uribe, quien además era y es propietario de grandes haciendas en Córdoba y le dio un gran impulso al programa de conformación de las autodefensas legales.
"Los pepes" comenzaron a controlar las rutas de exportación de cocaína y a dirigir la mayor parte de "las convivir", tenían además el conducto de comunicación con la DEA para permitir la negociación de los EEUU con pequeños carteles sobrevivientes de la destrucción del cartel de Medellín y de Cali. Una nueva alianza se gestaba después de la efímera alianza entre el cartel del norte del Valle y la Policía. Los Castaño, jefes de los "pepes" y Mancuso jefe de las legales Convivir organizaron las autodefensas de Córdoba y Sucre y luego la unidad nacional de todas las autodefensas en las AUC, logrando el mayor desarrollo histórico del paramilitarismo.
En la medida que el excedente cocainero fue monopolizado por los paramilitares, su ejército aumentó y logró victorias contra las zonas de influencia de guerrillas del ELN siempre con el propósito de aumentar la producción cocainera y controlar su tráfico. Fueron capaces incluso ante la debilidad del ELN de sabotear las posibilidades de negociaciones de paz con el gobierno de Pastrana. Los paramilitares de Castaño a diferencia del sicariato masivo del paramilitarismo de Gacha y de Carranza en la época de la "guerra sucia", comenzaron a reeditar los métodos de terror de los "pájaros" de mediados de siglo XX, la muerte atroz con sierras eléctricas, la quema de caseríos, el desplazamiento masivo, la tortura, las masacres indiscriminadas fueron el método para arrinconar a las guerrillas del ELN, pero también para concentrar la propiedad de la tierra en una forma sin precedentes en la historia de Colombia y para asegurar las rutas de exportación de la cocaina y la entrada de armas.
Mientras en 1986 el 0.4% de los propietarios de tierra poseían el 32% de la superficie cultivable en Colombia, para el año 2000 el 0.4% de los propietarios controlaban ya el 62% de la superficie cultivable en un proceso bárbaro que dejó dos millones de desplazados campesinos.
Este mecanismo de acumulación salvaje de riqueza es el verdadero motor del paramilitarismo de ahora y de antes.
El empuje paramilitar, no solo imitó la barbarie de "los pájaros", o la capacidad de compra de la clase política que tenía el cartel de Cali, con lo que penetró en mayor profundidad que éste, al Estado colombiano, principalmente sus fuerzas de seguridad, de inteligencia, y sus organismos de justicia y la Fiscalía General de la Nación, sino que además se apropió de discursos fascistas y anticomunistas con los que construyó fuertes alianzas internacionales con las ultraderechas de Europa y EEUU; pero además, conquistó el corazón de la oligarquía colombiana que ha prestado sus medios de comunicación para ocultar la barbarie paramilitar y para construir imágenes políticas de sus jefes, los ha financiado, los ha protegido contra cualquier intervención jurídica seria y en últimas ha permitido la paramilitarización misma de la sociedad y del Estado.
Sin embargo y a diferencia de su propio discurso antiguerrillero, el paramilitarismo actualmente organizado no es sino un nuevo cartel mafioso militarizado. Son los principales exportadores de cocaína del mundo y son los principales violadores de derechos humanos en Colombia.
Ante este resumen histórico de su desarrollo que trata de demostrar la implicación del paramilitarismo como instrumento bárbaro de acumulación de riqueza con la oligarquía colombiana y sus métodos asesinos de dominio social, flota la pregunta acerca de cómo terminar con el paramilitarismo?
El fin del paramilitarismo es el fin de una conducta asumida por las elites nacionales que solo se puede implementar si primero se conoce toda la verdad sobre él. Si se afirma que Castaño y sus hombres van a abandonar su accionar esto no será más que una fase más en el desarrollo de una política de terror desde los puestos de mando de la sociedad. Jefes paramilitares ha habido por montones durante todo el siglo XX, unos menos no variarán la realidad. El fin del paramilitarismo no solo implica recuperar la verdad sino además un nuevo tipo de relacionamiento entre los diferentes intereses y fuerzas de los que esta constituida nuestra sociedad.
Un nuevo relacionamiento democrático de nuestra sociedad que esta ya descrito en la constitución de 1991 pero que no se ha implementado porque choca con formas caníbales y rentísticas de acumulación de riqueza. Solo un Pacto Social podría garantizar que pacíficamente se construyeran relaciones económicas productivas y relaciones políticas y sociales democráticas como fundamento indispensable del fin de la actividad paramilitar y sicarial en Colombia.
El gobierno de Alvaro Uribe Vélez está muy lejos de asumir este compromiso de pacto social. Su propuesta económica profundiza las ganancias rentísticas y mafiosas y su propuesta política ahonda el autoritarismo y desvertebra la democracia y en realidad paramilitariza la sociedad y el Estado.
Y ENTONCES, EL INDULTO A LOS PARAMILITARES?
El gobierno de Uribe argumenta y, sin análisis, la prensa colombiana repite que para otorgar indulto a los paramilitares solo se necesita quitar la frase "estatus político" al artículo de la ley que permite conceder indultos individuales al Gobierno Nacional. Nada más ajeno a la realidad.
La Constitución de 1991 solo permite conceder indultos y amnistías por delitos políticos. Y el delito político en Colombia acorde con lo más avanzado del desarrollo de los derechos en el mundo democrático parte del acto de rebelión del ciudadano, débil de entrada, contra el Estado, fuerte de entrada. En el desarrollo de ese acto de rebelión se pueden cometer delitos conexos a él, pero el eje central del delito político es la acción de ciudadanos contra un Estado y un ordenamiento institucional que por diferentes razones no aceptan.
Los paramilitares en todas las ocasiones que han podido han dicho que no atacan al Estado y sus instituciones, por el contrario, su discurso reza que defienden al Estado de quienes se han rebelado contra él. Luego, la propuesta de Alvaro Uribe trastoca por completo nuestra Constitución. Pretende el Presidente otorgar indulto a quienes delinquen, según los mismos paramilitares, por defender al Estado. La lectura de la mayoría de los procesos penales que involucran a los jefes paramilitares, y que duermen el sueño de los justos en la Fiscalía General de la Nación, nos mostraría que allí se establecen siempre innumerables evidencias no solo de las autorías paramilitares de delitos contra la humanidad cometidos en Colombia, sino que ademas, siempre se hacen con la complicidad de altos oficiales de las fuerzas armadas del Estado. Es decir que son delitos cometidos contra ciudadanos indefensos con el apoyo del Estado mismo supuestamente para defenderlo de los rebeldes. Así han muerto decenas de miles de humildes campesinos y líderes populares y políticos todos en estado de indefensión. Es eso indultable?
Desde la perspectiva de nuestra Constitución no, en tanto no establece la categoría de delito político para los crímenes contra la humanidad cometidos en defensa del Estado. La teoría de Alvaro Uribe no solo es inconstitucional en Colombia, peor aún, extendida al campo mundial, equivale a que personas como Hitler, como Eichman, como Stalin, como Pol Pot, o más recientemente, Milosevic, podrían ser indultables toda vez que cometieron, sin excepción, crímenes contra la humanidad aduciendo la defensa de sus Estados. Esta es una teoría totalitaria que solo tiene parangón en los indultos a los torturadores y asesinos del cono sur de América Latina.
Aún así, aquí no solo Alvaro Uribe pretende indultar genocidas y criminales de guerra sino, y esa es la modalidad de nuestro poder, narcotraficantes.
Ningún país del mundo ha indultado narcotraficantes, nos aprestamos a ser los primeros, en aras, en mi opinión, de ocultar la verdad: las relaciones incestuosas entre asesinato, mafia y concentración de la riqueza en Colombia. Las relaciones concretas entre los autores materiales de crímenes contra la humanidad, dineros del narcotráfico y mafiosos y personas de carne y hueso con nombres concretos que dirigen el Estado, la Justicia en Colombia, la política y las mas grandes concentraciones de riqueza en el país.
El indulto propuesto es una nueva forma de lavado de unas relaciones que deberían tener como castigo la caída del poder y el procesamiento por tribunales internacionales.
Y ENTONCES PORQUE NO DESMANTELAR LOS PARAMILITARES AHORA?
La nueva situación política en los EEUU y en el mundo, a pesar de la derechización que experimenta, no puede aceptar la existencia de una organización como la paramilitar en tanto que terrorista de verdad y narcotraficante. En los hombres de Castaño y de Mancuso, protegidos por el Estado colombiano se juntan en una sola organización los blancos escogidos por la administración de George Bush, que no podría explicar ante el mundo y sus conciudadanos como los dineros de los impuestos se invierten en organismos e instituciones controladas por los paramilitares.
Tal situación ha creado una tensión de envergadura dentro del Estado colombiano. El Presidente de la República sabe que enfrentar militarmente y con seriedad la organización paramilitar implicaría por parte de éstos el descubrir toda la verdad sobre sus relaciones con el Estado y la oligarquía. Ya Castaño había dado pasos en ese sentido y el anuncio de la solicitud de extradición sobre él por parte de los EEUU parece que lo asustó menos que a los asiduos asistentes a los cocteles de los clubes exclusivos de Bogotá, Medellín. Cali y Cartagena.
De hecho los paramilitares no habían vuelto a actuar desde que Alvaro Uribe era candidato presidencial. En sus zonas de control presionaron a la población para votar por él. Y es que en realidad el programa de Alvaro Uribe de lucha frontal contra la guerrilla recoge el discurso político de los paramilitares, la idea de la llamada "seguridad democrática" del programa presidencial paramilitariza la sociedad civil colombiana a través de instrumentos como la red de un millón de informantes, los escuadrones de soldados campesinos, el fortalecimiento del ejército y la policía, la creación de zonas llamadas de "rehabilitación" donde la población es controlada directamente por las fuerzas de seguridad. Bajo ese esquema los paramilitares sin desarmarse podrían pasar a ser formas organizadas de "seguridad democrática" bajo control del mando militar y pagados por el presupuesto público.
De exterminar el paramilitarismo pasamos a paramilitarizar la sociedad que sentido tienen entonces Castaño y sus hombres?
gpetro@andinet.com