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Latinoamérica

Prisionero político chileno recupera su libertad tras más de 12 años de cárcel

Arnaldo Pérez Guerra La Insignia. Chile

Fresca estaba la hermosa mañana de este domingo 22 de diciembre en Santiago.
Aún no eran las siete de la mañana y un numeroso grupo de personas, organizaciones, colectivos y familiares, esperaba la salida del preso político más antiguo, afuera de los muros de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS). Álvaro Rodríguez Escobar se encuentra recluido desde agosto de 1990, lo que suma 12 años y 4 meses de prisión.
Los inhóspitos muros que ocultan el acceso al CAS no lograron esconder la felicidad, su esperanza y su sonrisa. Era su primera salida dominical, luego de años de arduas movilizaciones y luchas: "Este es un triunfo de la organización y la lucha que han dado y siguen dando nuestros compañeros en la cárcel y de todos los que de una u otra forma se han comprometido con la libertad de los prisioneros políticos chilenos y mapuche. Mi salida hoy, es el reflejo de esas luchas, de las huelgas de hambre, marchas y movilizaciones, de la organización y la coordinación de todos los que exigen la libertad de nuestros compañeros... Son sentimientos encontrados, estoy feliz, pero acá, detrás de esos muros y en otras cárceles, siguen decenas de prisioneros políticos", señaló Álvaro en sus primeras palabras en la calle.
Álvaro nació en la IV Región, en enero de 1966. Durante la dictadura se incorporó al MAPU-Lautaro y fue detenido por la policía en Santiago, en agosto de 1990. Consta en tribunales que fue torturado brutalmente durante 4 días por efectivos de Carabineros de DIPOLCAR. Nunca admitió haber participado en los hechos que se le imputaron, sin embargo, fue condenado a 18 años de prisión por "infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado" y "robo con intimidación". En febrero de 1999, Gendarmería le trasladó al penal de La Serena, pues cumplía "con el tiempo mínimo para optar a beneficios carcelarios". Como una odiosa revancha del poder, la institución nunca lo incluyó en los listados de postulaciones, argumentando "mala conducta". Varias huelgas de hambre y movilizaciones, desde 1999 a la fecha, culminaron en compromisos de Gendarmería y el ministerio de Justicia de otorgarle "beneficios intrapenitenciarios", sin que éstos fueran cumplidos.
La libertad de Álvaro Rodríguez es el principal logro de la última huelga de hambre iniciada el 21 de octubre por 4 prisioneros políticos del colectivo "Kamina Libre", incluido el propio Álvaro. La movilización, que se prolongó por más de un mes, finalizó el 25 de noviembre, poco después de incorporarse a ella otros 2 prisioneros: Álvaro González Olivares y Alejandro Rodríguez Escobar, hermano de Álvaro Rodríguez. "A las 06:55 de la mañana lo vimos salir, luciendo una enorme sonrisa detrás de su larga barba negra...
Corrimos hacia él para abrazarle y darle la bienvenida 'a este lado del muro'... Atrás quedó, por un día, el lado oscuro de la prisión política: las brutales torturas, las innumerables huelgas de hambre, los allanamientos con golpizas, los traslados nocturnos a otros penales y los 12 años de 'cárcel democrática'... Sus compañeros de prisión, muy temprano lo despidieron gritando y golpeando las puertas cerradas de sus celdas", señala el comunicado del Coordinador por la Libertad de los Prisioneros Políticos.
Caso Apoquindo: Juez y parte La Corte Marcial dictó sentencia en el "caso Apoquindo", rebajando las condenas los prisioneros políticos Álvaro González y Oriana Alcayaga. El 21 de octubre de 1993, un grupo de militantes del MAPU-Lautaro asaltó un Banco ubicado en Apoquindo; en su huída, abordó un bus de transporte colectivo, que fue interceptado por Carabineros, que lo acribillaron provocando la muerte de 3 pasajeros y 3 lautarinos. Los dos sobrevivientes de la masacre, permanecen detenidos desde ese día en la CAS y el Hospital de la ex Penitenciaría. La Corte condenó a González a 17 años de presidio y a Oriana a 12 años, rebajando de este modo la pena en primera instancia que había dictado la Segunda Fiscalía Militar en enero de 2002, que era de presidio perpetuo calificado, es decir 40 años.
El proceso permaneció abierto sin sentencia por poco más de 9 años en la Justicia Militar que, continúa procesando a civiles. Los abogados Alberto Espinoza y Julio Barría, solicitaron a la Corte que se absolviera a estos prisioneros políticos, por cuanto ambos ya están condenados por los mismos hechos por la Ley Antiterrorista y la Ley de Control de Armas. Cabe agregar que los Carabineros que participaron del baleo fueron "absueltos" por la Corte Marcial, y que la redacción del fallo estuvo en manos del ministro Juan Arab, que representa, precisamente, a Carabineros.