Tomás Moulian
Brecha

En Chile gobierna la izquierda. Sin embargo, nada ha cambiado en estos años. El prestigioso politólogo Tomás Moulian analiza, en exclusiva para BRECHA, las razones del continuismo económico, político y cultural entre los gobiernos de la Concertación y el pinochetismo.
No es posible intentar un balance interpretativo de la trayectoria recorrida hasta ahora por el gobierno de Lagos sin situarlo en contextos más globales. Entender la instalación aparentemente privilegiada de Chile en la globalización orientada por el ideal de la "libertad de comercio", cuyo símbolo principal lo constituye el término de las negociaciones de los tratados con la Unión Europea y con Estados Unidos, requiere recordar que la dictadura militar chilena empezó a aplicar en una época temprana, incluso con relación a algunos países hegemónicos como Inglaterra y Estados Unidos, una política de reestructuración del capitalismo de carácter neoliberal y una política macroeconómica del mismo signo.
CHICAGO BOYS. Inglaterra realizó el giro en 1979 con la llegada al poder de Margaret Thatcher, y en Estados Unidos coincidió con la elección de Ronald Reagan en 1980. En Chile el viraje tuvo lugar en abril de 1975, cuando los denominados "Chicago boys" fueron llamados a enfrentar el fracaso de las soluciones liberales moderadas aplicadas entre 1973 y 1975. Durante un corto lapso Chile constituyó un experimento de "neoliberalismo en un solo país", además pequeño y políticamente aislado, esto último a causa de la ferocidad de la represión política ejercida por los predicadores de la libertad de los mercados.
Pero además de ese carácter temprano, el proyecto de reestructuración capitalista puesto en aplicación por los tecnócratas neoliberales tuvo otra característica: su carácter global. La globalidad de las reformas aplicadas significó que la reestructuración abarcó todos los mercados de factores productivos, incluyendo el de la fuerza de trabajo y también el área de las políticas sociales.
Entre fines de los setenta y principios de los ochenta se realizaron dos fundamentales reestructuraciones de carácter neoliberal. La primera fue la reforma laboral de 1979, que flexibilizó en una época temprana el mercado de trabajo, anulando las armas de presión de los trabajadores (los sindicatos, la negociación colectiva y la huelga). La segunda fue la privatización de la seguridad social, decidida en mayo de 1981, la cual creó un gigantesco flujo de inversión de los ahorros previsionales de los trabajadores hacia las grandes empresas privadas.
TRANSICIÓN IMPUESTA. La crisis económica de 1982 generó vacilaciones entre sectores del bloque en el poder, pero en 1985 los "Chicago boys" volvieron a retomar la dirección de la política económica. Desde 1986 comenzó un ciclo de crecimiento alto y sostenido que todavía duraba en 1990, cuando Pinochet transfirió el gobierno a Aylwin. La herencia fue muy distinta que la que recibieron Raúl Alfonsín o Julio María Sanguinetti, puesto que en los dos casos los crecimientos fueron negativos para los dos años anteriores a las elecciones.
Tan importante como el carácter global de la reestructuración neoliberal que consiguió implementar la dictadura militar fue el tipo de transición que logró imponer el núcleo de dirección. A diferencia del proceso argentino que puede clasificarse como "transición por derrumbe", en el cual los militares debieron retornar a los cuarteles con un alto grado de deslegitimación, o del proceso uruguayo, producto de una negociación donde se consensuaron exclusiones provisorias, la transición chilena fue impuesta por los militares, quienes consiguieron la sanción plebiscitaria de la Constitución y que el proceso se enmarcara dentro de ella. Es decir, las luchas emprendidas por las distintas oposiciones entre setiembre de 1980 y el cambio de gobierno no consiguieron modificar el núcleo central de las disposiciones de esa Carta. Ésta creó un régimen político cuyas instituciones básicas todavía duran.
La radicalidad de las reformas neoliberales, el éxito económico del período de la poscrisis hasta el cambio de gobierno y el tipo de transición, regulado por una Constitución que impone un sistema democrático semirrepresentativo, constituyen el marco de restricciones que debieron enfrentar los dos primeros gobiernos de la Concertación.
NUEVAS IDEOLOGÍAS. Pero hay que combinar esos límites estructurales, que afectaron los márgenes de maniobra de los gobiernos de Patricio Aylwin y Frei Ruiz Tagle, con los límites ideológicos, producto de transformaciones de los partidos de la alianza.
En primer lugar, hay que considerar los cambios del Partido Socialista. Éste había sido una organización inspirada en el marxismo, la cual definía el socialismo según ese código de lectura. A fines de la década del 80 el grupo "renovado" y el grupo "ortodoxo" se fusionaron en una organización socialdemócrata, con fuerte influencia del psoe.
A esa transformación ideológica se suma la que experimentó la Democracia Cristiana. Parte importante de ese partido derivó del socialcristianismo hacia el liberalismo económico.
La combinación de las restricciones estructurales con las transformaciones ideológicas explican en parte la conducta de los dos primeros gobiernos de la Concertación. Éstos sacrificaron los cambios a la gobernabilidad y privilegiaron los consensos con las fuerzas de derecha (para aprobar una limitada reforma laboral y tributaria) a la movilización popular, en momentos en que todavía existían energías y esperanzas.
Para una elite que había convertido el realismo en la virtud política principal, la opción por mantener prácticamente sin modificaciones la conducción macroeconómica y de convertir a la Concertación en una fuerza reproductora del modelo neoliberal podía encontrar justificación en los resultados económicos de esa fase: alto crecimiento, baja inflación, escaso desempleo. Sin embargo la situación cambió desde 1997.
FIN DE CICLO. Cuando Lagos llega a la presidencia el círculo virtuoso se había roto. Justamente porque existía una situación de crisis económica de mediana duración, cuyos episodios saltaban como una serpiente de un país hacia otro y sobre cuyo diagnóstico no había consenso, Lagos tuvo argumentos de sobra para intentar una inflexión hacia estrategias más "regulacionistas". Esto significa apostar a un Estado más activo que promueva cambios en la economía real, en especial con políticas destinadas a consolidar la pequeña y mediana industria o con políticas de fomento de la industrialización en sectores donde existen ventajas comparativas, por tanto posibilidades exportadoras.
Sin embargo la administración de Lagos ha quedado atrapada en las fórmulas neoliberales. No se trata de pedirle cambios radicales, tanto por los obstáculos estructurales como por las limitaciones políticas, pero sí el esfuerzo de manejar la crisis con criterios de equidad. En suma, el gobierno de Lagos no ha sido capaz de plantear una agenda progresista en lo económico. Ha preferido apostar a acuerdos con los grandes empresarios y a firmar "victoriosos" tratados con las grandes potencias, con lo cual quedan para siempre excluidas las políticas estatales activas.
Pero tampoco ha planteado de manera creativa una agenda de democratización de la sociedad chilena. Lagos ha perdido la oportunidad de enfrentar de manera original tres problemas que están relacionados con la crisis actual de la política: las reformas constitucionales, el tratamiento de los temas de derechos humanos y la forma de generación de las políticas públicas.
Respecto al primer punto el gobierno de Lagos ha continuado repitiendo los errores de los gobiernos anteriores de la Concertación. Ellos consistieron, primero, en intentar remendar la Constitución de Pinochet y, segundo, en mantener la discusión en la esfera de la negociación parlamentaria.
El gobierno de Lagos debió hacer suya la consigna de una Asamblea Constituyente. El valor de una medida de ese tipo consiste en representar una separación simbólica respecto del pasado y en generar un intento de repolitización, volcado hacia la discusión sobre un futuro convenido. Se trataba de poner al cuerpo ciudadano a deliberar sobre las modalidades de funcionamiento de la democracia chilena, de colocar en discusión las finalidades sociales y de recrear aquello que constituyó la gran virtud del régimen político chileno entre 1960 y 1970, su legitimidad como sistema incluyente de oportunidades políticas. En vez de eso prefirió la discusión entre cuatro paredes.
En el tema de los derechos humanos cometió un error principal que marca su voluntad de indiferenciación, de no ruptura con la derecha. Éste consistió en proclamar su neutralidad en el juicio a Pinochet, el más simbólico de todos. Debió hacer todo lo contrario: expresar que a su gobierno le interesaba la sanción de quien fue el responsable máximo de la política represiva. Eso sin importar que luego de pronunciada la pena Pinochet estaría en el mismo lugar donde hoy día está, en alguna de sus múltiples mansiones.
Por último, Lagos ha consolidado el estilo tecnocrático de hacer política. Ni para la discutible reforma de salud que propone ni para el decisivo asunto de los tratados comerciales ha intentado involucrar en la discusión al cuerpo de ciudadanos, sean éstos partidos, organizaciones sociales o individuos con opinión. Ha actuado como un neoliberal para el cual la elaboración de las políticas en todas sus etapas tiene un carácter técnico, aun en aquellas en las cuales se determinan las grandes finalidades y objetivos. Al hacer suya esa idea elitista y despolitizadora, Lagos objetivamente fomenta la intrascendencia que afecta en la actualidad a la política chilena.