50 años de violación a los Derechos Humanos en Bolivia

Yuri Aguilar Dávalos* / Bolpress.com

Los derechos humanos no pueden convivir con la impunidad; sin embargo, ya es medio siglo que la impunidad reina en Bolivia, porque la mayoría de los responsables de haber violado los derechos humanos, nunca han sido sancionados y muchas veces ni siquiera se les ha iniciado un juicio.
A continuación haremos un recuento sucinto sobre los diferentes procesos históricos vividos donde el común denominador fue el atropello de los organismos estatales, el abuso de las autoridades, unas veces amparados por el poder que les confirió la ciudadanía mediante el voto popular, pero otras, por la fuerza de las armas.
Al cumplirse un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (10 dic 1948), va nuestro homenaje y respeto por quienes dieron su vida o su salud para que actualmente vivamos en un sistema con el goce de varios derechos humanos, aunque muchos todavía falta extenderlos y consolidarlos.
Gobierno de la Revolución Nacional (1952-1964)
Durante este período de doce años, el absoluto control del Estado por el partido gobernante, Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), significó múltiples violaciones a los derechos humanos sobre opositores políticos y sindicalistas, tanto de partidos conservadores (Falange Socialista Boliviana) como de izquierda (Partidos Comunistas, Partido Obrero Revolucionario).
La creación de una oficina de represión conocida como Control Político, y de campos de concentración en Corocoro, Uncía y Curahuara de Carangas, todo bajo el mando del Cnl. San Román, secundado por los coroneles Gayán Contador y Menacho, respondió a una política represiva que no coincidía con los postulados de la Revolución de Abril del 52, de rompimiento con el viejo régimen de exclusión
Las muertos, desaparecidos, torturados y exiliados sumaron centenares, pero una vez derrocado el régimen, nunca se sancionó a los responsables, más al contrario, muchos de ellos siguieron trabajando en los organismos de represión de los siguientes gobiernos.
Regímenes de facto
Entre 1964 y 1982 Bolivia estuvo regida por régimen de facto, excepto en el período 1966-1969 (Barrientos-Siles Salinas) que pese a que los gobernantes fueron elegidos en elecciones, sus actos se caracterizaron también por la ausencia de respeto a los derechos humanos.
Durante la dictadura de los generales René Barrientos y Alfredo Ovando, la represión contra los opositores sindicalistas y políticos de izquierda fue sañuda.
En ese período (mayo del 65) se intervinieron los centros mineros, donde las victima mortales, además de los detenidos y confinados, sumaron muchos. Pero también hubo una persecución selectiva contra algunos dirigentes sindicales; ese fue el caso de Cesar Lora, minero del distrito de Siglo XX, quien junto a Isaac Camacho tuvo que vivir en la clandestinidad desde mayo del 65, hasta que en julio del mismo años, ambos fueron ubicados siendo asesinado el primero en las cercanía de San Pedro de Buena Vista, en el norte de Potosí. Más tarde, en 1967, los organismos de represión hicieron desaparecer a Isaac Camacho. Ambos dirigentes eran del POR.
Otro dirigente que muere en esa época es Federico Escobar, también minero de Siglo XX y militante del Partido Comunista (sector Chino). Su muerte sucede mientras es sometido a una intervención quirúrgica por haberse roto el brazo. Escobar junto a Cesar Lora, Isaac Camacho e Irineo Pimentel fueron los sindicalista más destacados en ese período.
Durante el gobierno constitucional de Barrientos, la represión continua. El hecho más sangriento sucede el 24 de junio del 67, en Siglo XX; se trata de la Masacre de San Juan. Allí, en medio de las tradicionales fogatas, muchos mineros son fusilados. Ese momento coincidió con la guerrilla en Ñancahuazú comandada por Ernesto Che Guevara, donde no se respetaron los convenios internacionales acordados para conflictos armados internos, realizandose más bien ejecuciones extrajudicialmente a los guerrilleros presos y heridos, incluso sin que la pena de muerte esté vigente en Bolivia.
En el corto período constitucional de Adolfo Siles Salinas (1969), se sigue violando los derechos humanos. Uno de los sobrevivientes de la guerrilla de Ñancahuazú, Inti Peredo, es ejecutado extrajudicialmente en la casa donde es detenido, luego de vivir mucho tiempo en la clandestinidad
Durante el régimen de Alfredo Ovando, el ejército enfrenta a la guerrilla de Teoponte (julio-noviembre de 1970) donde la mayoría de los 67 guerrilleros muertos, son fusilados luego de su rendición, tortura y de ser obligados a cavar sus propias tumbas.
La dictadura del Cnl. Hugo Banzer (1971-1978), tras el derrocamiento del gobierno del Gral. Juan José Torres, se caracteriza por haber montado, desde el 21 de agosto de 1971, una sistemática represión contra los opositores.
Este régimen formó parte del llamado Plan Cóndor, donde participaron las dictaduras militares de Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, aplicando la Doctrina del Seguridad del Estado.
Los allanamientos sin orden judicial, las detenciones arbitrarias, la reapertura de campos de concentración (Chonchocoro, Viacha y Achocalla), las torturas, ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, exilio, la masacre de obreros y campesinos en Quillacollo, Tolata y Epizana (Cochabamba) (1974), deja un saldo de 14.000 detenciones ilegales, 6.000 exiliados y 70 desapariciones forzadas. Pero en este régimen se violan también los derechos económicos, sociales y culturales, pues se incrementa la deuda externa del país, favoreciendo a grupos privilegiados en detrimento de la mayoría del pueblo.
Caída la dictadura de Banzer y tras una seguidilla de gobiernos de facto (Pereda Asbun y Torrelio) y uno constitucional (Guevara Arce), vienen 16 días de un demencial régimen, el del Cnl. Alberto Natusch Busch (noviembre 1979). Las victimas en este corto tiempo llegan a 203 heridos, un centenar de asesinados y 30 desaparecidos. En los primeros días de ese régimen, 2 de noviembre, sucede "La Masacre de Todos Santos".
La dictadura del Gral. Luis García Meza que se inicia el 17 de julio de 1980, trae más luto, además de atentar también contra el erario nacional. El primer día del golpe se asesina a dirigentes políticos (Marcelo Quiroga Santa Cruz, Gualberto Vega Yapura y Carlos Flores Bedregal), pero luego se impone la ley marcial y el toque de queda, continuando los asesinatos, detenciones y desapariciones. En los primeros días de agosto del 80 se procede a intervenir varias minas, produciéndose masacres en muchas de ellas. En enero del 81 se ejecuta extrajudicialmente a los principales dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), cuando son sorprendidos en una reunión clandestina.
Gobiernos democráticos
La escalada de violaciones a los derechos humanos empieza con mayor nitidez en el gobierno de Víctor Paz Estensoro (1985-1989), sobre todo contra los derechos económicos, sociales y culturales, pues al establecerse una política de libre mercado, se achica el Estado, lo que significa dejar desocupados a miles de trabajadores estatales (en la minería son 25.000 los despedidos), además del confinamiento de muchos sindicalistas.
En el gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993) se procede a varias ejecuciones extrajudiciales, olvidándose que años antes sus compañeros fueron así sometidos por las dictaduras.. La primera sucede el 20 de julio de 1990 contra el universitario Juan Domingo Peralta Espinoza, a quien lo acusan de pertenecer a un grupo guerrillero. Lo asombroso del caso es que un año antes la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a través del Consejo Económico y Social, recomienda a los gobiernos la prevención e investigación de las ejecuciones extralegales. La resolución titula: "Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias*.
Pese a esa resolución las ejecuciones continúan. En diciembre de 1990, algunos miembros de otro grupo guerrillero (Comisión Néstor Paz Zamora), son ejecutados extrajudicialmente luego de rendirse, en la casa donde son detenidos; horas antes otro miembro fue muerto aparentemente mientras lo torturaban. Los responsables de estas violaciones fueron plenamente identificados, de acuerdo al Informe de la Comisión de la Cámara de Diputados (1995), pero nunca tuvieron sanción
En ese gobierno también se aprueba la ley antinarcóticos (Ley 1008), a partir de la cual se reprime hasta hoy a los productores del Chapare y Yungas, zonas con plantaciones de coca.
Durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), las violaciones a los derechos humanos continúan. En diferentes protestas sociales las victimas mortales suman 13 y en la "Masacre de Navidad" (diciembre 1996), en Amayapampa y Capacirca, 10 muertos; pero en todo ese periodo también hay 105 heridos y más de 2.000 detenidos.
El gobierno constitucional de Hugo Banzer-Jorge Quiroga (1997-2002) mantiene el ritmo de atropellos. En abril del 2000, en la Guerra del Agua como en Achacachi, las victimas llegan a 5 muertos, 40 heridos y más de 50 confinados.
En septiembre de mismo año, a raíz de protestas iniciadas en el Chapare (Cochabamba), los maestros y campesinos paceños que se unen a la protesta son reprimidos en Huarina desde una avioneta con un saldo de tres muertos y cinco heridos. En esos conflictos que duran hasta octubre y se desarrollan en Cochabamba, La Paz, Oruro, Santa Cruz y Yacuiba, hubo 10 muertos, 129 heridos y 39 detenidos según la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia.
En noviembre del 2001, la erradicación forzosa de cocales provoca más violencia estatal. En el lugar denominado Senda Seis, cuando los cocaleros realizaban un acullico lejos de la carretera, los militares tras dispersarlos y perseguir a un grupo, ajusticia extrajudicialmente a dos personas. Luego tras los enfrentamientos en Shinahota, Bulo Bulo, Sajta, Ivirgarzama, resultan 82 campesinos heridos y 140 detenidos.
También en noviembre, en Pananti, provincia Gran Chaco de Tarija, el conflicto entre campesinos sin tierra y hacendados, provoca la muerte de siete personas, una de ellas hacendada. El Estado, en este caso, incurre en violación de los derechos humanos por omisión, al no prever el inminente enfrentamiento.
Situación a actual
Varias son las instituciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos, entre las que podemos citar a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), la Defensoría del Pueblo, la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (ASOFAMD), el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, la Red Nacional de Trabajadoras de la Información y Comunicación (Red-Ada), Servicio Paz y Justicia, el Instituto de Terapia e Investigación sobre Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI); sin embargo, muchas veces su labor es entorpecida por organismos estatales, los que no se conforman en violar los derechos humaos, sino también a los defensores de ellos
Al respecto, a fines de noviembre, en la localidad de San Ignacio de Moxos, un empresario ganadero agredió al sacerdote del lugar como también a un periodista, además de amedrentar a una organización que trabaja con los pueblos indígenas. La agresión responde a que el empresario pretende adueñarse de tierras comunitarias indígenas, actitud que fue denunciada por los afectados.
Esa agresión ha coincidido con el último informe de diciembre de este año (2002) de la organización Amnistía Internacional, quien ha instado al gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada "aborde con carácter prioritario la protección de los defensores de los derechos humanos" en el entendido que se ha identificado 13 casos donde defensores de los derechos humanos "han sufrido abusos debido a su trabajo legítimo en pro de los derechos humanos", destacándose entre ellos a activistas, abogados, miembros del clero y personal de la Defensoría del Pueblo de Bolivia. La mayoría de ellos trataba de combatir la impunidad por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, de resolver conflictos de tierras o de defender los derechos de los indígenas.
Mediante un boletín informativo de Amnistía Internacional se recomienda al gobierno boliviano de Gonzalo Sánchez de Lozada, entre otras cuestiones: 1) que garantice la colaboración de los funcionarios del Estado a todos los niveles con las organizaciones de derechos humanos; 2) que garantice la investigación exhaustiva e imparcial de los abusos sufridos por los defensores de los derechos humanos; la comparecencia de los responsables ante la justicia, y la entrega de una indemnización adecuada a las víctimas; 3) que garantice la suspensión del servicio activo de los miembros de las fuerzas de seguridad que están siendo investigados por la presunta comisión de violaciones de derechos humanos; 4) que adopte un programa de protección integral de los defensores de los derechos humanos y de los testigos de violaciones de estos derechos. (Informe 2002 de Amnistía Internacional)
Como se vio en este recuento aún queda mucho qué hacer por la defensa de los derechos humanos, aunque acá sólo nos hemos referido a la violación de una parte de los derechos humanos civiles y políticos, es decir del derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad; a la protección contra la tortura, las penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes; a la lucha contra la detención, la prisión o el destierro arbitrarios; al derecho sobre la presunción de la inocencia hasta que se pruebe lo contrario y a un juicio justo y público por un tribunal independiente e imparcial; a la libertad contra injerencias arbitrarias en la vida privada, la familia, el domicilio y la correspondencia; a la libertad de circulación y de asilo; a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
En cuanto a la violación a los derechos económicos, sociales y culturales —el derecho a la seguridad social; al trabajo y a igual salario por igual trabajo; a una remuneración equitativa y satisfactoria que asegure una existencia conforme a la dignidad humana; a fundar un sindicato y a sindicalizarse; al descanso y al tiempo libre; a tener un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar (alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica); a tener seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez y otros casos independientes de la propia voluntad; a la protección de la maternidad y de la infancia; a la educación; a la participación en la vida cultural de la comunidad, y el derecho de autor— es otro tema que queda por analizar.
Fuentes: "Testimonio histórico de la lucha contra la impunidad en Bolivia" de ASOFAMD (1996); Informe de la Comisión de Derechos Humanos de la H. Cámara de Diputados sobre violaciones a los Derechos Humanos (1995); Informe de Amnistía Internacional 2002; información periodística de prensa e Internet

* Historiador, periodista, profesor universitario (La Paz - Bolivia)