Carmen A. Abubakar
Le Monde Diplomatique
Un contingente militar filipino va a sumarse a las fuerzas estadounidenses
en Irak. Para la presidenta Gloria Macapagal Arroyo es el símbolo de su compromiso
"en favor de la democracia y la libertad en el mundo". Pero la participación
en la "lucha contra el terrorismo" le permite reprimir ferozmente a opositores
y representantes de las minorías.
El intento de golpe de Estado militar en Filipinas, el 27 de julio
de 2003, colocó nuevamente al conflicto del sur de Mindanao en la primera plana.
El portavoz de los militares rebeldes del grupo de Magdalo (1), el teniente
de navío Antonio Trillanes IV, reveló que algunos militares habían organizado
en marzo atentados con explosivos en Davao, cuyos objetivos eran el aeropuerto,
el puerto y varias mezquitas. El grupo rebelde acusó también a los cuadros militares
de vender a las fuerzas insurrectas las armas y municiones que se utilizarían
contra los soldados del ejército nacional. Es una de las razones -afirmaron
los militares rebeldes- por las cuales el conflicto de Mindanao no tiene fin.
Un ex comandante del Frente Moro de Liberación Nacional (Moro National Liberation
Front, MNLF), Benasing Macarambon, hoy diputado de Lanao del Sur, confirmó que
desde los años setenta se habían vendido al MNLF armas y municiones. Por su
parte, Ed Kabalu, portavoz del Frente de Liberación Islámico Moro (Moro Islamic
Liberation Front - MILF), una escisión del MNLF, confirmó estas declaraciones.
Según él, en Mindanao tanto armas como municiones son mercancías al alcance
del que tenga dinero. El director del arsenal, Eriberto Marona, desmintió estas
afirmaciones, calificadas de "grandes mentiras" (2).
Kabalu se felicitó de que se haya confirmado la responsabilidad de los militares
en la organización de los atentados con explosivos de Davao: "Por fin se nos
exculpa. Siempre hemos dicho que el MILF no tenía nada que ver con los atentados
de Davao. Ahora la verdad salió a la luz. Lo celebramos" (3).
Quizás el MILF debería moderar su alegría. Si estas afirmaciones son ciertas,
habría que reflexionar sobre las intenciones del ejército -y en consecuencia
del gobierno: ¿ Hasta dónde están dispuestos a llegar para hacer durar las hostilidades?
¿Para qué negociar si el conflicto debe prolongarse indefinidamente?
La idea de que el ejército pretende prolongar el conflicto no es absurda. El
2 de junio de 2002, durante el incidente de Lamitan (4), miembros del grupo
Abu Sayyaf consiguieron escapar de un cerco militar establecido alrededor del
hospital Dr. José Reyes, donde se ocultaban con sus rehenes. El Senado y la
Cámara de Representantes investigó la acusación de colusión con el ejército.
Un informe preliminar de la subcomisión del Senado acerca de la defensa nacional
y de la seguridad, firmado por veinte senadores, designó tres sospechosos y
recomendó que fuesen juzgados por un tribunal militar. En una obra reciente,
Gracia Burnham, ex rehén estadounidense del grupo Abu Sayyaf (5) acusó al ejército
de ayudar y alentar a los rebeldes. Ninguna de estas acusaciones impulsaron
al gobierno de Gloria Macapagal Arroyo a actuar, como lo recordaron los militares
rebeldes del "grupo de Magdalo".
Recurrir a la fuerza para intentar solucionar el conflicto de Mindanao colocó
a los responsables militares en buena posición en su relación con las autoridades
civiles. El acceso al poder de Gloria Arroyo en 2001 con la ayuda del ejército,
que le había retirado su apoyo al presidente Joseph Estrada, no arregló las
cosas. A pesar de algunos golpes de Estado, ya entre 1986 y 1992 era el ejército
quien, en general, había conferido estabilidad a la presidencia de Corazón Aquino.
Por otra parte, la "guerra contra el terrorismo" emprendida por la actual presidenta,
duplicó el peso del aparato militar.
Gloria Arroyo demostró una prudencia extrema ante los militares presentes en
su gobierno. Sólo el jefe de los servicios de inteligencia militar, general
Victor Corpus, presentó su dimisión. Angelo Reyes, ministro de Defensa, ni siquiera
pidió ser relevado de sus funciones durante la investigación sobre el reciente
golpe de Estado abortado. Hermógenes Ebdane, jefe de la policía nacional, permaneció
en su cargo a pesar de la considerable confusión que causó en el país la huida
de la prisión de Manila de Fathur Rohman Al Gozi, responsable de la organización
Jemaah Islamiah, acusado de terrorismo.
De inmediato los moros destacaron la "fuerza razonable" utilizada, por orden
de la presidencia, contra los soldados rebeldes allí parapetados. Una moderación
poco habitual en Mindanao, donde se desplegaron algunas operaciones punitivas
consideradas excesivas con el fin de capturar a supuestos raptores o a los miembros
de Abu Ayyaf que podrían ocultarse en las comunidades moras. Los bombardeos
y los ametrallamientos en tierra ponen en gran riesgo tanto a los civiles como
a sus bienes. Las operaciones militares provocaron numerosas víctimas e implicaron
importantes movimientos poblacionales en el centro de la isla. La "guerra total"
librada por Joseph Estrada en 2000 produjo el desplazamiento de cerca de 500.000
personas. Algunas regiones de Mindanao pasaron a ser verdaderas zonas de guerra.
El gobierno de Arroyo se encuentra en una posición muy incómoda. Le es difícil
predicar sinceridad en las negociaciones de paz cuando una de sus instituciones,
el ejército nacional, es objeto de tales acusaciones. Los recientes acontecimientos
no hacen más que inspirar a los moros una desconfianza aún mayor.
Esta desconfianza con respecto a las autoridades no data de hoy. El divorcio
entre cristianos y musulmanes, entre filipinos y moros, heredado de la época
colonial, ha generado estereotipos y prejuicios que siguen minando las relaciones
entre ambos grupos (ver Apéndice). Por cierto, el diálogo interconfesional se
prolonga en muchas regiones, pero es una idea que todavía tiene que abrirse
camino en el seno de la población.
Después de la Independencia, el conflicto de Mindanao se preparaba de manera
insidiosa, alimentado por una política gubernamental que trastornó profundamente
la vida de los moros. En realidad consiguió la marginalización y el empobrecimiento
de una comunidad antes dinámica y próspera, reducida a partir de entonces al
rango de minoría. El clientelismo y la corrupción, tanto a nivel local como
nacional, mantienen esta deplorable situación.
Para los moros, la vida bajo la República nada tuvo de placentera. En 1968,
la masacre de jóvenes reclutas venidos de Tawitawi y de las islas Sulú para
ser entrenados en la isla de Corregidor suscitó la cólera general y condujo
a la creación del MNLF. Los dirigentes de la organización, como Nur Misuari,
consideraron que era hora de poner fin a la colonización interior de los moros,
que ya formaban una nación antes de la época colonial, y por lo tanto estaban
en condiciones de afirmar su derecho a la autodeterminación. El objetivo reconocido
del MNLF era la secesión y la proclamación de la República Bangsa Mora.
En aquel entonces, la situación en Mindanao se había deteriorado, debido a las
depredaciones cometidas por bandas como la de los Ilaga (grupo de autodefensa
cristiano) o la de los Barracuda (que agrupa a los moros), sobre el telón de
fondo de la lucha por la apropiación de las tierras. La instauración de la ley
marcial en 1972 encendió la mecha del polvorín. Estalló la guerra entre el MNLF
y el ejército nacional.
Hubo negociaciones que concluyeron en la celebración de un acuerdo de paz firmado
en 1976 en Trípoli (Libia). Este acuerdo preveía la creación de una región autónoma
en Mindanao, que comprendería catorce provincias y nueve ciudades, correspondiente
al territorio de la provincia mora creada en 1903 por el gobierno colonial estadounidense.
Este acuerdo estuvo condenado al fracaso desde el principio, ya que el presidente
Ferdinand Marcos quiso someterlo a los principios constitucionales, en un país
donde la Constitución estaba suspendida y que era gobernado mediante decretos
presidenciales.
El dictador Marcos no creó una región autónoma, sino dos: la Región 9 y la Región
12. Ruben Canoy, dirigente opositor de Mindanao, habló de "monotonía" regional;
otros de autonomía "en los papeles". El MNLF rechazó estas disposiciones y volvió
a su objetivo inicial de independencia. La intención subyacente del gobierno
era acordar concesiones a los moros sin por ello modificar la estructura política
o, más concretamente, sin atribuirles poder político real.
En los años sesenta había aparecido una retahíla de organismos y servicios destinados
a facilitar la asimilación de los moros, como la Comisión de Integración Nacional
(CIN), la que sufrió distintas transformaciones a lo largo de los años, hasta
convertirse en el actual Comité de Asuntos Musulmanes (BAM). A menudo el cargo
de director es ocupado por favoritismo político y se lo remplaza según el capricho
presidencial. Por ejemplo, Gloria Arroyo nombró dos directores en el transcurso
de un año. Esta práctica priva de continuidad a su accionar. El BAM suele ser
considerado una agencia para el empleo y no un organismo para el desarrollo.
Se crearon otras instancias, como los tribunales de la sharia, la Autoridad
para el Desarrollo del sur de Filipinas (recientemente suprimida) y el Banco
Islámico. Este último tiene por vocación financiar el desarrollo económico de
las regiones moras, pero desde su creación fue dotado con un capital que no
superó los 50 millones de pesos (810.000 euros). En cuanto a los tribunales
de la sharia, a menudo instalados en edificios deteriorados o en lugares distantes
e inaccesibles, carecen de jueces y están imposibilitados de juzgar los asuntos
en plazos razonables. Sin embargo, con una ayuda presupuestaria y administrativa
más importante, estas dos instituciones podrían intervenir eficazmente.
La autonomía regional del Mindanao musulmán fue incluida en la Constitución
de 1987, y desde entonces existe la Región Autónoma del Mindanao Musulmán (RAMM).
Tanto el MNLF como el MILF rechazaron esta ley orgánica y siguieron luchando
por la independencia. El objetivo del MILF, presidido por Hashim Salamat, sigue
siendo la instauración de la República Islámica Bangsa Mora. Ambas organizaciones
sólo vieron en la RAMM un nuevo peldaño burocrático.
En 1996, el gobierno y el MNLF firmaron un acuerdo final de paz que preveía
un período de transición de tres años durante el cual las regiones moras deberían
conocer un desarrollo intensivo. Después se realizaría un referéndum para determinar
el territorio autónomo. Pero debido a la crisis financiera de 1997 faltaron
los recursos necesarios para el desarrollo. El Consejo por la Paz y el Desarrollo
de Filipinas del Sur, organismo que reagrupa al MNLF, a las ONGs y a los responsables
gubernamentales locales, con el fin de supervisar los proyectos, fue incapaz
de establecer el acuerdo de paz. Después de haberse reunido varias veces, terminó
por hacer las valijas y partir.
Entonces intervino Naciones Unidas para salvar la paz, pero no se logró paliar
la falta de desarrollo que padecen estas regiones desde hace décadas. Las enormes
esperanzas suscitadas por el acuerdo de paz no se concretaron. La paz no produjo
ningún dividendo.
En 2001 Gloria Arroyo reactivó las negociaciones de paz, pero no sobrevivieron
a la actual "guerra contra el terrorismo" llevada a cabo por Estados Unidos
y ardientemente respaldada por el gobierno filipino. Se acusa al MILF de tener
vínculos con la red Al- Qaeda y con la Jemaah Islamiah, y después de los atentados
de Davao estuvo a punto de ser considerada como una organización terrorista.
Es objeto de acoso, al igual que el grupo Abu Sayyaf y el Nuevo Ejército Popular
(New People's Army, NPA).
Se supone que las negociaciones se reanudarán rápidamente. En una fase inicial,
el gobierno y el MILF firmaron un alto el fuego y un acuerdo que preveía la
rehabilitación y reconstrucción de las regiones dañadas o destruidas durante
la "guerra total". Ahora habrá que discutir a propósito de cuestiones políticas
más sustanciales.
La experiencia ha demostrado que un acuerdo sólo es viable si el presidente
que lo firma permanece en su puesto. Si Gloria Arroyo no se presenta en 2004,
como lo anunció, ¿el acuerdo firmado con el MILF caerá en el olvido, como el
de 1996? Estas incertidumbres afianzan el sentimiento de los moros de que el
gobierno no es ni serio ni sincero.
Notas
1 Este nombre hace referencia a un grupo de filipinos que lucharon para liberarse
de los colonos españoles en el siglo XIX.
2 Philippine Daily Inquirer, Manila, 30-7-03.
3 Philippine Daily Inquirer, Manila, 20-7-03.
4 El ejército atacó al grupo islamita Abu Sayyaf, que había tomado como rehenes
a unos 200 civiles de la ciudad de Lamitan (de mayoría cristiana), en la isla
de Basilan (al sur de Filipinas)
5 Gracia Burnham -misionera en Filipinas- y su marido, habían sido secuestrados
por miembros del grupo Abu Sayyaf el 27 de mayo de 2001. Martin Burnham y otro
de los rehenes fueron asesinados durante el ataque del ejército.