Soldados rebeldes en Manila
Naomi Klein
Masiosare
Los gobiernos de Filipinas e Indonesia usan la Guerra contra el Terror™ de Bush como el encubrimiento perfecto de su brutal limpieza de los movimientos separatistas de las regiones ricas en recursos. Hace unos días, un grupo de soldados filipinos amotinados acusó a uno de los más estrechos aliados de Washington de hacer explotar sus propios edificios para atraer dólares estadunidenses militares. Pero sus acusaciones no fueron más que noticia por un día.

Quizá simplemente parecía demasiado estrafalario: un gobierno fuera de control soplándole a las llamas del terrorismo para bombear su presupuesto militar, aferrarse al poder y violar las libertades civiles. ¿Por qué habrían de estar interesados los estadunidenses en algo así?

¿Qué se necesita para ser historia de primera plana en el verano de Arnold y Kobe, Ben y Jen?

Mucho, como recientemente lo descubrió un grupo de jóvenes soldados filipinos. El 27 de julio, 300 soldados ataviaron a un enorme centro comercial en Manila con explosivos C-4, acusaron a uno de los más estrechos aliados de Washington de hacer explotar sus propios edificios para atraer dólares estadunidenses militares y aún así apenas lograron entrar en las noticias internacionales.

Una pérdida para nosotros, porque tras el bombardeo del Marriot en Yakarta y la infiltración de nuevos informes de inteligencia donde se afirmaba que los ataques del 11 de septiembre se incubaron en Manila, parece que el Sudeste asiático está a punto de convertirse en el próximo frente principal de la Guerra contra el Terror™ de Washington.

Puede ser que Filipinas e Indonesia no hayan entrado al Eje del Mal, pero los dos países sí ofrecen a Washington algo que Irán y Corea del Norte no hacen: gobiernos amigables a Estados Unidos, dispuestos a ayudar al Pentágono a lograr una fácil victoria. Tanto la presidenta filipina, Gloria Macapagal-Arroyo, como el presidente de Indonesia, Megawati Soekarnaputri, usan la cruzada de Bush como el encubrimiento perfecto de su brutal limpieza de los movimientos separatistas de las regiones ricas en recursos -Mindanao en Filipinas, Aceh en Indonesia-.

El gobierno filipino ya cosechó ganancias de sus estatus como el aliado favorecido de Washington en la lucha contra el terror en Asia. La ayuda militar estadunidense se incrementó de 2 millones de dólares en 2001 a 80 millones al año, y los soldados y Fuerzas Especiales estadunidenses inundaron Mindanao para lanzar ofensivas contra Abu Sayyaf, un grupo que la Casa Blanca asegura tiene ligas con Al Qaeda.

Esto continuó hasta mediados de febrero, cuando la alianza Estados Unidos-Filipinas sufrió un gran contratiempo. En la víspera de una nueva operación militar conjunta, que involucraba a más de 3 mil soldados estadunidenses, un vocero del Pentágono le dijo a los reporteros que las tropas estadunidenses en Filipinas iban a "participar activamente" en los combates -una desviación de la versión de la administración Arroyo de que los soldados sólo llevaban a cabo "entrenamientos".

La diferencia es significativa: una cláusula de la constitución filipina prohibe los combates de soldados extranjeros en su suelo, una salvaguarda contra el retorno de las extendidas bases militares estadunidenses que fueron desterradas de Filipinas en 1992. El descontento popular fue tan grande que la operación tuvo que ser cancelada, y todas las futuras operaciones conjuntas suspendidas.

Noticia de un día

Durante los seis meses que han transcurrido desde entonces, mientras todos los ojos están sobre Irak, ha habido un repunte en los bombardeos terroristas en Mindanao. Ahora, después del motín, la pregunta es: ¿Quién lo hizo? El gobierno culpa al Frente Moro Islámico de Liberación (MILF, por sus siglas en inglés). Los soldados amotinados apuntan el dedo de regreso a los militares y el gobierno, asegurando que al inflar la amenaza terrorista, están reconstruyendo la justificación de más ayuda e intervención estadunidense. Entre las afirmaciones de los soldados:

• que altos funcionarios militares, en colusión con el régimen de Arroyo, llevaron a cabo el bombardeo del pasado mes de marzo en el aeropuerto de la sureña ciudad de Davao, así como otros ataques. Treinta y ocho personas murieron en los bombardeos. El líder del motín, el teniente Antonio Trillanes, asegura tener "cientos" de testigos que pueden declarar en relación con el complot;

• que el gobierno ha estimulado el terrorismo en Mindanao a través de la venta de armas y municiones a las mismas fuerzas rebeldes a las que los jóvenes soldados son enviados a enfrentar;

• que miembros de la fuerza militar y policiaca ayudaron a prisioneros declarados culpables de crímenes terroristas a escapar de la cárcel. La "confirmación final", según Trillanes, fue el escape del 14 de julio de Fathur Rohman al-Ghozi de una prisión fuertemente vigilada en Manila. Al-Ghozi es un renombrado hacedor de bombas que está con la organización Jemaah Islamiah, el cual fue vinculado con los ataques de Bali y el Marriot;

• que el gobierno estaba a punto de llevar a cabo una nueva cadena de bombardeos para justificar una declaración de ley marcial.

Arroyo niega las acusaciones y acusa a los soldados de ser peones de sus opositores políticos sin escrúpulos. Los amotinados insisten en que no intentaban tomar el poder, sino que sólo querían sacar a la luz una conspiración de alto nivel. Cuando Arroyo prometió iniciar una exhaustiva investigación respecto a las acusaciones, el motín finalizó sin violencia.

A pesar de que las tácticas de los soldados fueron ampliamente condenadas en Filipinas, hubo un reconocimiento generalizado en la prensa y hasta en las filas militares, de que sus reclamos eran "válidos y legítimos", como me dijo el retirado capitán naval Danilo Vizmanos.

Los reportes locales de los diarios describían la venta de armas de parte del ejército como "un secreto a voces" y "de conocimiento público". El comandante de las fuerzas armadas filipinas, el general Narciso Abaya, concedió que hay "sobornos y corrupción en todos los niveles".

Y la policía admitió que al-Ghozi no podía haber escapado de su celda sin la ayuda de alguien adentro. Más significativo aún, Víctor Corpus, jefe de inteligencia militar, renunció, aunque niega cualquier tipo de participación en los bombardeos de Davao.

Además, los soldados no fueron los primeros en acusar al gobierno filipino de bombardear a su propia gente. Días antes del motín, una coalición de grupos eclesiásticos, abogados y ONG lanzaron una "misión para develar hechos", para investigar los persistentes rumores de que el Estado estuvo involucrado en las explosiones de Davao. También investiga la posible participación de agencias de inteligencia estadunidenses.

Estas sospechas provienen de un extraño incidente ocurrido el 16 de mayo de 2002 en Davao. Michael Meiring, un ciudadano estadunidense, supuestamente detonó explosivos en su cuarto de hotel, lastimándose gravemente. Mientras se recuperaba en el hospital, Meiring fue sacado de ahí por dos hombres -testigos dicen que se identificaron como agentes de la FBI-, quienes se lo llevaron a Estados Unidos. Funcionarios locales han demandado que Meiring regrese para enfrentar los cargos, con poco resultado. BusinessWorld, uno de los principales diarios filipinos, ha publicado artículos abiertamente acusando a Meiring de ser un agente de la CIA involucrado en operaciones encubiertas "para justificar las tropas y bases estadunidenses apostadas en Mindanao".

Sin embargo, el caso Meiring no ha sido reportado en la prensa estadunidense. Y las increíbles acusaciones de los soldados amotinados no fueron más que noticia por un día. Quizá simplemente parecía demasiado estrafalario: un gobierno fuera de control soplándole a las llamas del terrorismo para bombear su presupuesto militar, aferrarse al poder y violar las libertades civiles.

¿Por qué habrían de estar interesados los estadunidenses en algo así?

(Traducción: Tania Molina Ramírez. Copyright 2003 Naomi Klein. Una versión de este artículo fue publicado en The Nation, www.thenation.com).
* Naomi Klein es autora de No Logo y Vallas y Ventanas.