"Somos una superpotencia con una red y un sistema eléctrico del Tercer Mundo", dijo Bill Richardson apenas unas horas después del apagón en el noreste de Estados Unidos y Canadá que afectó a 50 millones de personas.
En su entrevista a CNN Bill Richardson, Secretario de Energía del gobierno de Bill Clinton y actual Gobernador de Nuevo México, agregó que hace años, en su función secretarial, recorrió de arriba abajo Estados Unidos advirtiendo del peligro de catástrofes como la que ahora presenciamos, y urgiendo a las compañías privadas a que invirtieran en la modernización de las plantas eléctricas y de los sistemas de distribución, encontrándose invariablemente con la cerrada resistencia de los privados o con su franca negativa a invertir en la tecnología indispensable. "A ellos les interesa más ganar dinero en lo inmediato que atender las necesidades del país en un renglón de importancia tan decisiva para todos", dijo prácticamente en esos términos el gobernador de Nuevo México de ascendencia mexicana.
Por lo demás, David Cook, Consejero General de la Organización Nacional para el Funcionamiento de la Energía Eléctrica, declaró hace dos años ante el Congreso de Estados Unidos: "El problema no es el de saber si ocurrirá o no una falla mayor de nuestro sistema eléctrico, sino cuando se presentará esa falla…". Subrayó además, reflejando la opinión de muchos expertos estadounidenses, que el sistema (una red de 200 mil millas de cables de alta tensión), acentuaba todos los días su vulnerabilidad y se exponía cada vez más a una crisis de grandes proporciones.
Ahora que se produjo la catástrofe se buscan sus causas técnicas. Resulta normal y las hipótesis son varias, pero todas llevan directa o indirectamente al "abandono" tecnológico de la red, en definitiva a una ausencia de inversiones y de "modernización" por parte de las empresas privadas responsables, en el caso principalmente la Niagara Mohawk. Es decir, más allá de las razones técnicas del desastre los expertos en la industria energética estadounidense señalan una causa fundamental: la tremendamente envejecida red de distribución eléctrica en ese país, que esencialmente no se habría renovado desde los años cincuenta y que ya en los sesenta y setenta (sobre todo en la región neoyorquina) habría dado señales de una saturación imposible de manejar.
La ausencia de inversiones de las empresas privadas y una "desregulación" en la industria que dejó sin obligaciones ni responsabilidades específicas a los negociantes en esta rama, y que por otro lado permitió el "libre" flujo de la corriente eléctrica por las obsoletas redes, sin límites de ninguna especie (el criterio del mercado), habrían sido los factores realmente decisivos del siniestro que se vivió el jueves por la tarde en el noreste de Estados Unidos y en Canadá. Como explicó un diario: "Con la privatización del sector eléctrico bajó la capacidad de los generadores, y por ahorrar se careció de medios para prevenir y enfrentar emergencias".
Hasta el mismo Presidente Bush, tan reacio a tratar estos temas con espíritu objetivo, afirmó "que debe revisarse el estado de la red de distribución de electricidad en Estados Unidos, y tomar las medidas que sean necesarias". Todo indica que también una comisión especial de investigación del Congreso tomará cartas en el asunto.
Por supuesto, a raíz de la catástrofe "eléctrica" que se produjo en una de las zonas más habitadas e industrializadas del mundo, de inmediato las "lenguas" oficiales mexicanas tratan de echar agua a su molino y advierten que sin la privatización de la industria eléctrica mexicana nos esperan desastres similares. Pero obtienen conclusiones exactamente en el polo opuesto de lo que indica la experiencia estadounidense: tales desastres se han producido precisamente porque las compañías privadas de electricidad en ese país no cumplieron con sus responsabilidades, y se han dedicado durante décadas a acrecentar sus negocios y ganancias, sin considerar suficientemente las obligaciones que les corresponden como empresas de servicio público.
El desastre que se produjo esta semana en Estados Unidos debiera llevarnos a la conclusión de que poner una industria de la importancia estratégica de la electricidad en manos privadas es poner, en términos coloquiales, a la "Iglesia en manos de Lutero". Lo que interesa a esos empresarios no es el desarrollo del país sino el lucro. Muchas de las mismas empresas que han fallado tan lamentablemente en sus responsabilidades "públicas" en Estados Unidos serían las que "contemplan" su penetración en México. En su favor y no con otras se ejecutaría la pretendida "privatización" de nuestro sistema eléctrico nacional. Si en Estados Unidos - recuérdense también los siniestros en California, hace apenas unos años-, han fallado tan deplorablemente, imaginemos su comportamiento en un país como el nuestro, ajeno y directamente del "Tercer Mundo".
Claro está, el argumento a la mano de los "privatizadores" de casa es que sin la venta a compañías extranjeras de los recursos nacionales en materia de electricidad nos esperan los mismos desastres. Argumento falaz y sin ninguna imaginación política, económica y financiera, según se ha probado dramáticamente esta misma semana en la "patria" por excelencia de las empresas privadas, a quienes se les ha cedido la prestación de servicios públicos tan importantes como la electricidad. No, la solución no se encuentra en el camino de la "privatización", según saben bien y en buena lógica muchos mexicanos.
La salida se encuentra más bien en la creación de verdaderas empresas corporativas públicas (me refieron a la Comisión Federal de Electricidad, a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y a Pemex), con autonomía de gestión, vigilancia contable legislativa y suficiencia financiera, en vez de las actuales empresas de las cuales el fisco se lleva una inmisericorde "tajada del león", imponiéndoles cargas impositivas imposibles de soportar por ninguna empresa pública o privada. Extracción del fisco para sus "gastos corrientes", entre los cuales se coloca el pago de los intereses y del principal de la enorme deuda improductiva que cargamos.
Está demostrado que, desde el punto de vista estrictamente empresarial, las corporaciones públicas nacionales son perfectamente solventes y han funcionado siempre con índices de "rentabilidad" más que satisfactorios. Por lo demás, resulta falso el argumento de que con la "privatización" los usuarios-consumidores obtendríamos mejores y más baratas prestaciones. Idéntica cantinela se nos repitió con la "privatización" de los bancos, respecto a los cuales se ha desplomado tanto la eficiencia y el buen servicio, lléndose a las nubes el costo que pagan los usuarios por sus servicios, mucho más altos y mediocres que en tiempos de la banca nacional.
En un sondeo objetivo de opinión se demostraría que una abrumadora mayoría de mexicanos suspira aún por los servicios que prestaba la banca nacionalizada, si los comparamos con los que ofrecen ahora las bancas privatizadas, por lo demás ya ni siquiera de inversionistas nacionales (casi en su totalidad).
Pero claro está, formar verdaderas corporaciones públicas (por ejemplo, en el campo de la electricidad), con autonomía de gestión, vigilancia contable legislativa y suficiencia financiera, nos remite ineludiblemente al tema de una reforma fiscal realmente progresiva y distributiva, muy diferente al bodrio que hace algún tiempo presentó a las cámaras el Secretario de Hacienda, que históricamente será una de las vergüenzas que pesarán sobre el gobierno de Vicente Fox.
Los "apagones" del norte nos han servido así, tangencialmente, para iluminar el buen camino de solución de una de las fuertes cuestiones a debate en nuestro país. En ese sentido nada podía haber sido más oportuno y contundente: una muestra adicional de que en manos de las empresas privadas los servicios públicos están llamados al desastre, más temprano que tarde. Ojalá que este decisivo ejemplo que nos llega del norte sea una razón más para reafirmar los argumentos de quienes se oponen a las privatizaciones y que piensan más en los intereses de la nación que en los mezquinos de los negociantes.
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