Katrin Dauenhauer
IPS
La probabilidad de que una persona sea encarcelada en Estados Unidos es uno en tres para la población de afroestadounidenses varones, uno en seis para los llamados "latinos", y uno en 17 para los considerados "blancos", según un informe del Departamento de Justicia.

Los 5,6 millones de estadounidenses que están presos o lo estuvieron en algún momento del periodo 1974-2001 son cerca de uno de cada 37 adultos en el país, que ocupa el primer lugar mundial en la materia, según un informe de la Oficina de Programas de Justicia (OJP, por sus siglas en inglés).

Ese estudio, divulgado el domingo, es el primero conocido sobre el asunto, y permite proyectar que 6,6 por ciento de las personas nacidas en Estados Unidos en 2001 serán encarceladas alguna vez, si las tendencias crecientes registradas se mantienen.

La misma probabilidad para los nacidos en 1974 es 1,9 por ciento, y para los nacidos en 1991, 5,2 por ciento.

Los datos del informe están desagregados por género, origen étnico y edad, y eso señala significativas desigualdades entre los residentes en el país.

En 2001, 39 por ciento del total de las personas encarceladas integraban el grupo étnico afroestadounidense, que es algo más de 12 por ciento de la población total, y los llamados "latinos" o "hispanos" (en su mayoría personas de origen latinoamericano), que son una parte similar del total, sumaron 18 por ciento de los encarcelados.

A fines de ese año, estaban o habían estado en prisión cerca de 16,6 de los adultos negros del país, 7,7 por ciento de los adultos latinos y 2,6 por ciento de los adultos considerados "blancos".

Entre los varones de 35 a 44 años de edad, estaban o habían estado presos 22 por ciento de los negros, 10 por ciento de los hispanos y 3,5 por ciento de los blancos.

La proporción de mujeres es mucho menor que la de hombres en todos los grupos étnicos.

En el periodo de 27 años abarcado por el estudio, la cantidad de hispanos encarcelados casi se multiplicó por 10, de 102.000 en 1974 a 997.000 en 2001, y el de afroestadounidenses se multiplicó por 3,4, de 646.000 a 2.167.000, mientras el de las personas "blancas" se multiplicó por 2,4, de 923.000 en 1974 a 2.203.000 en 2001.

"Esas cifras son alarmantes", dijo a IPS este lunes el portavoz de la organización no gubernamental (ONG) Coalición Latina, Robert Deposada.

"Además, el informe no muestra que esas personas suelen proceder de familias con bajos ingresos", y "los datos muestran cuán importante es la necesidad de mejor educación y mejores medios para acceder a buenos empleos", alegó.

Pero la importancia de los factores económicos y educativos también es reconocida por la OJP, dijo a IPS Allen Beck, funcionario de comunicaciones de ese organismo.

"El estudio no se propuso ir más allá de la documentación cuantitativa de la población estadounidense que es encarcelada", pero "se puede observar que la mayoría de quienes están o han estado en prisión tienen historias de familia monoparental o carente de ambos progenitores, bajo nivel de educación y empleo marginal", apuntó.

La alta proporción de afroestadounidenses encarcelados se debe a un "círculo vicioso de racismo propio de Estados Unidos" sostuvo este lunes en un comunicado el Foro de Líderes Negros (BLF, por sus siglas en inglés), una confederación de organizaciones de servicios y defensoras de los derechos civiles, con sede en Washington.

"Abundan los informes sobre las consecuencias cada vez más funestas, en especial para los varones negros, de las políticas arbitrarias de suspensión de libertades civiles que aplica el gobierno, con el disfraz de 'la lucha contra el terrorismo'", alegó.

"Esa arbitrariedad se reproduce y se expande al ser aplicada a nivel local por funcionarios con desenfrenados prejuicios racistas, que integran organismos racistas", según el BLF.

"A menudo, ir a la cárcel se acompaña de la pérdida del derecho al voto, y de otras formas de participación en la vida social. Varios estados privan por completo de servicios sociales a quienes son condenados por abuso de drogas ilegales", dijo a IPS el investigador Ryan King, de la ONG Sentencing Project, con sede en Washington.

"En otros estados, quienes estuvieron en prisión, aunque fuera por delitos de poca importancia, no pueden acceder a ciertos empleos, a viviendas para personas de bajos recursos o a otros beneficios sociales", explicó.

Además, "cuando un número significativo de padres de familia es separado de una comunidad minoritaria, cesan en ella los llamados 'medios informales de control'. Eso produce una constante desorganización, que hace muy difícil establecer normas, y lleva a dependencia excesiva de los medios formales de control, por ejemplo la policía", indicó King.