Hasta ahora, en nuestro sistemas "democráticos" estamos acostumbrados a que quienes más dinero tienen puedan conseguir mejores abogados cuando deben enfrentar un proceso judicial. Sin embargo, el desarrollo de la recién creada Corte Penal Internacional (CPI), el tribunal internacional encargado de juzgar los crímenes de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra, está desembocando en una aberración sin precedentes: se podrá juzgar a cualquier ciudadano civil o militar, siempre y cuando no sea norteamericano. No se trata de un comentario subjetivo, ni una opinión, ni siquiera una impresión. Es el resultado del acuerdo bilateral de al menos cincuenta países con Estados Unidos, por el cual estos países, a pesar de haber suscrito el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, se comprometen a no extraditar a ningún acusado si éste es norteamericano. Para ello, la administración Bus ha aprobado la Ley de Protección de miembros de las fuerzas armadas estadounidenses (ASPA, por sus siglas en inglés) y revoca la ayuda militar a los países que han ratificado la CPI a menos que cierren un acuerdo bilateral separado con Estados Unidos antes del 1 de julio, aceptando que jamás someterán a personal de EEUU a la CPI.

Esto se ha podido hacer debido a un "agujero legal" en el Tratado de Roma que creó la Corte Penal Internacional, el denominado articulo 98 que habilita a los países firmantes a resolver mediante acuerdos bilaterales las diferencias de competencias con otras naciones.

Los mecanismos de chantaje y presión utilizados por el gobierno de EEUU hacia estos países no han podido ser más miserables. El pasado 1 de julio, fecha del primer aniversario de la entrada en vigor de esta norma internacional, el portavoz del Departamento de Estado, Richard Boucher, anunciaba la suspensión de asistencia militar estadounidense a 35 países que no habían cedido a las presiones y no aceptaron otorgar inmunidad a los ciudadanos de EEUU, lo que supone la congelación de 47 millones de dólares del presupuesto del 2003 y más del doble para el 2004. Mientras los gobiernos occidentales y las Naciones Unidas guardaban sumiso silencio, las organizaciones de derechos humanos denunciaban que Washington socava el Derecho Internacional al forzar a los países a firmar convenios que colocan a sus ciudadanos fuera del alcance de la CPI. La directora adjunta de la organización de derechos humanos Washington Office on Latin America (WOLA), Kimberly Stanton denunció que "al mismo tiempo que Estados Unidos dice que apoya los derechos humanos, afirma que eliminará la ayuda si no otorga inmunidad a sus soldados". Durante el último año altos funcionarios norteamericanos han estado embarcados en una campaña mundial para presionar a gobiernos democráticos vulnerables y frecuentemente frágiles, lo que he llevado al director del programa de Justicia Internacional de la organización de derechos humanos Human Rights Watch, Richard Dicker, a denunciar con dureza que "los embajadores de EEUU han estado actuando como matones en un patio de escuela". Gracias a esos métodos es como el gobierno Bush ha conseguido la impunidad ante gran número de países pequeños, pobres y que, en muchos casos, sus gobernantes deben el cargo al beneplácito norteamericano.

Human Rights ha denunciado que el chantaje no se ha limitado exclusivamente a ayudas para defensa. El embajador de EEUU Richard Blankenship advirtió públicamente a Bahamas que si no apoyaba la posición norteamericana se le retendría un importante paquete de ayuda al desarrollo entre la que se encontraba la pavimentación e iluminación del aeropuerto. Igualmente, un secretario adjunto de estado informó a los ministros de exteriores de los estados del Caribe que perderían los beneficios de ayuda para huracanes y los programas de servicios dentales y veterinarios rurales si sus gobiernos no firmaban.

Si bien EEUU asegura que cincuenta países han firmado la impunidad para su país, la cifra es difícil de confirmar debido a que en algunos casos se trata de acuerdos secretos como el caso de Panamá, según han denunciado fuentes jurídicas de este país. Human Rights ha recordado que al menos 38 de los países firmantes están clasificados como "menos desarrollados" o de "mínimo desarrollo" por el índice del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas.

No ha sido ésta la única baza que ha jugado la administración Bush para garantizarse la impunidad en sus crímenes contra la humanidad ante la legislación internacional. Hace sólo dos semanas logró en el Consejo de Seguridad la segunda renovación de una resolución que le garantiza la inmunidad por un año. De nuevo la Unión Europea volvió a demostrar su falta de cohesión en esa votación. Francia y Alemania se opusieron, mientras que España y Gran Bretaña fueron los dos únicos miembros de la Unión Europea que apoyaron la impunidad para EEUU.

EEUU firmó la adhesión a la Corte Penal Internacional el último día de la presidencia de Bill Clinton, en 1998. Cuando George Bush tomó posesión del cargo invalidó la firma. No obstante, como el tribunal actúa contra personas y no contra países, la no firma de un país no garantiza la impunidad de sus ciudadanos por lo que el presidente norteamericano inició esta campaña de impunidad para sus tropas.

El Tratado por el que se crea la Corte Internacional, que tendrá su sede en La Haya, ha sido suscrito por 90 países y desde que entró en vigor hace un año se han consensuado y constituido todos los órganos que la integran, incluidos los 18 jueces y el fiscal general, el argentino Luis Moreno Ocampo. Los dos precedentes más cercanos han sido los Tribunales Penales Internacionales para Ruanda y para la antigua Yugoslavia, creados ad hoc por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Anteriormente fue el Tribunal de Nuremberg que juzgó los crímenes nazis en la Segunda Guerra Mundial.