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Traducido para Rebelión por Alberto Villalba

Una coalición de abogados y grupos pro derechos humanos reveló ayer una propuesta para utilizar la nueva Corte Penal Internacional (CPI) de la ONU como un instrumento para limitar el poder militar de EE.UU. Reaccionando, Washington declaró que ello confirmaba sus afirmaciones de que ese tribunal se utilizaría para fines políticos. Los activistas pro derechos humanos están trabajando para recopilar casos de crímenes de guerra contra EE.UU y su principal aliado en la guerra de Irak, Gran Bretaña.

"Hay un modo de que se pueda acusar a EE.UU… acusarlo de ayudar a cometer y de colaborar en crímenes de guerra", dijo Michael Ratner, presidente del Centro para los Derechos Constitucionales (Center for Constitutional Rights). EE.UU renunció el pasado año a la CPI, avisando que se convertiría en un instrumento político para los oponentes de la política exterior de EE.UU, para incoar querellas frívolas contra militares y personal diplomático de ese país. "Parece que están intentando preparar un caso contra EE.UU," dijo un alto funcionario de la administración Bush. "Así que esto evidentemente sería un ejemplo del tipo de politización por el que estamos preocupados."

Como país no miembro, EE.UU estaría normalmente fuera de la jurisdicción de la CPI a menos que fuese sospechoso de crímenes en un país que sea miembro de la CPI, lo que no ocurre con Irak. Pero el que Gran Bretaña sea miembro, ha dado a los activistas pro derechos humanos un trampolín para plantear un caso que aduce que las incursiones aéreas de EE.UU que mataron a civiles fueron crímenes de guerra. "EE.UU utilizó bombarderos que despegaron desde Inglaterra… y desde la isla de Diego García, también territorio británico," dijo Ratner, refiriéndose a una posesión británica en el Océano Indico.

Gran Bretaña, como miembro de la CPI, podría ser procesada por una serie mucho mayor de actividades que provocaron muertes de personas civiles, señalaron los activistas. Tanto funcionarios de EE.UU. como británicos han indicado repetidamente que sus fuerzas hicieron todo lo posible para evitar daños civiles y nunca apuntaron a personas civiles, lo cual infringiría las Convenciones de Ginebra de 1949.

Activistas pro derechos humanos que se sumaron a Ratner ayer eran Phil Shiner, de la organización Public Interest Lawyers (Abogados por el interés público), con sede en Gran Bretaña, y Roger Norman, del Committee on Economic and Social Rights (Comité sobre Derechos Económicos y Sociales).

Estas personas dijeron que cinco destacados abogados internacionales prepararán un caso contra EE.UU y Gran Bretaña el próximo mes para su presentación, primero, ante un tribunal internacional "alternativo" conocido como el Tribunal Permanente de los Pueblos, en Roma, y luego, ante la Oficina del Fiscal de la CPI, en La Haya.

Las personas que han estado como 'escudos humanos' voluntarios de Saddam estarán entre quienes aporten testimonios. "Presentaremos cualquier evidencia que podamos conseguir, dijo Shiner. "El fiscal deberá investigarlas". Shiner dijo que el caso de los activistas demostrará el uso real o sospechado de bombas de racimo, munición de uranio empobrecido y explosivos aire-combustible."Estas armas no están autorizadas, afirmó, porque no distinguen entre objetivos civiles o miliares".

Una bomba de racimo consiste en un envase que se rompe para liberar un gran número de pequeñas bombas. Dado que no tiene guía de precisión, puede no acertar en el objetivo si se lanza desde altitudes medias o altas. Algunos de esos dispositivos típicamente no estallan, planteando una amenaza para los civiles a largo plazo.

Aunque las fuerzas aliadas dicen que no utilizan tales bombas en zonas civiles, las fuerzas estadounidenses iniciaron una investigación sobre los informes de que bombas de racimo de EE.UU mataron al menos a once civiles en Hilla, una ciudad situada a cien kilómetros al sur de Bagdad y escenario de encarnizados combates.

La munición recubierta por uranio empobrecido puede perforar blindajes. Pero como un subproducto del enriquecimiento del uranio, el uranio empobrecido tiene una radioactividad limitada. Es también un metal pesado, y por eso potencialmente venenoso. Shiner ha dicho "sabemos que ha sido usada", aunque admite que no se ha demostrado el uso de explosivos de aire combustible, que crean bolas de fuego gigantes.

Shiner dijo que el caso de los activistas cuestionaría también los 'métodos' de la coalición, bombardeando mercados y zonas comerciales y un ataque que produjo la muerte de dos periodistas contra el Hotel Palestina, en Bagdad. Los EE.UU y Gran Bretaña han señalado que al menos un ataque contra un mercado puede haber sido causado por fuego antiaéreo. Las Fuerzas estadounidenses indicaron que tropas de EE.UU estaban respondiendo al fuego de fuerzas iraquíes sospechosas desde dicho hotel. Un funcionario de la administración Bush declaró: "Esta es una acusación sin fundamento y lo trataremos como tal."

La CPI comenzó sus trabajos para la recogida de pruebas el 1 de Julio del 2002, y tiene jurisdicción sobre los delitos cometidos desde esa fecha. Canadá es un fuerte partidario de la CPI. Philippe Kirsch, un especialista canadienses en Derecho Internacional, es el presidente de los 18 jueces de dicha institución, pero aún hay que elegir a un fiscal.

En el año 2000, el fiscal para el tribunal especial de la ONU para crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia rechazó una petición de grupos de activistas para procesar a la OTAN por crímenes de guerra en el bombardeo de 1999 en Kosovo. No obstante, esa experiencia aportó lecciones. "No malgastaríamos nuestro tiempo si esta solicitud no fuese creíble," señaló Mr. Shiner.

Los activistas pro derechos humanos declararon también ayer que EE.UU debería volver a pensar su rechazo, la pasada semana, de un tribunal de la ONU 'ad hoc' para juzgar los crímenes pasados del régimen de Sadam Hussein y cualesquiera delitos cometidos por iraquíes contra las fuerzas aliadas. La alternativa propuesta por EE.UU fue la "justicia de los vencedores," según dijo Ratner.

Los EE.UU están actualmente eligiendo a juristas iraquíes que puedan ayudar a crear nuevos tribunales iraquíes que juzguen a miembros clave del gobierno de Sadam por delitos pasados. Washington se reserva asimismo el derecho a juzgar a iraquíes por crímenes de guerra cometidos durante el actual conflicto. Entre los referidos crímenes están el maltrato de presos de la coalición y el uso engañoso de la bandera blanca de rendición. Dado que Irak no es miembro de la CPI, Sadam Hussein no puede ser llevado ante dicha institución.

17-04-2003. Fuente: National Post