No es el primer escándalo que sacude la empresa que dirigió el actual vicepresidente de EE.UU. Fraude en su contabilidad, relaciones con países «enemigos» y favoritismo son una muestra.
No es una novedad que Halliburton vuelva a estar bajo sospecha. El trato de favor recibido por la empresa que dirigió el vicepresidente Dick Cheney entre 1995 y el 2000 y el Gobierno de Bush, han sido el blanco favorito de los demócratas desde que comenzara la guerra contra Irak. Pero además, sus dudosas prácticas financieras y comerciales ya habían levantado suspicacias años antes.
Bajo la dirección de Cheney, la compañía eludió la prohibición de mantener relaciones comerciales con Irak -creando filiales en paraísos fiscales con las que continuó haciendo negocios con Sadam Huseín-, tras la guerra del Golfo, y con países enemigos como Libia e Irán. En 1998, se fusionó con Dresser Industries, conviertiéndose en la petrolera más poderosa del planeta. A raíz de aquella fusión, sus prácticas contables cambiaron bajo la dirección de la corrupta Arthur Andersen, lo que motivó que la Comisión Nacional de Valores le abriera un expediente y que Judicial Watch, la organización que vela por la legalidad del Gobierno, denunciara a Cheney por fraude en su contabilidad. La denuncia sigue aún abierta en los tribunales.
El agosto
Halliburton ha hecho su agosto con la invasión iraquí. En marzo consiguió un suculento contrato para apagar los fuegos de los pozos petrolíferos a través de su filial Kellog, Brown and Root. Los demócratas exigieron explicaciones por la adjudicación de un contrato que no había salido a concurso. Nadie les contestó. Meses más tarde se conocía que aquel contrato, en un principio valorado en 700 millones de dólares, era sólo la punta del iceberg de un negocio aún mayor: la reconstrucción, explotación y distribución del crudo iraquí, que arrojaría unos beneficios de 8.000 millones. A esto habría que sumarle contratos varios como la construcción y gestión de bases militares, o apoyo logístico para la búsqueda de armas de destrucción masiva.
En total 15.600 millones adjudicados a dedo a una empresa que contribuyó generosamente a la campaña de Bush y que ahora es acusada de intentar timar al Pentágono, que a su vez insiste en que la presencia de su ex directivo en el Gobierno no ha sido causa de favoritismos.
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