Marco Vinicio González
Masiosare

Jornadas de hasta 70 horas a la semana, sin pago de horas extra; salarios por debajo del mínimo; escaso tiempo para comer; ausencia de agua limpia para beber; falta de equipo adecuado; un trato despreciativo... Los obreros de la fábrica de alimentos kosher (judíos) Tuv Taam, muchos de ellos mexicanos e indocumentados, estaban hartos. La gota final fue cuando despidieron a un trabajador por repartir volantes, en los que invitaba a afiliarse a un sindicato. Hace unos días, tras una larga batalla legal, los obreros obtuvieron la victoria y lograron que la empresa desembolsara un millón de dólares para el pago de salarios y horas extras adeudadas.

NUEVA YORK.-Gonzalo Cruz se sintió "feliz" cuando escuchó las buenas nuevas que daba sobre su caso, el pasado 17 de octubre, Elliot Spitzer, procurador general de Nueva York -el único fiscal que ha metido en cintura a grandes corporaciones como Citigroup y Merill Lynch, haciéndolas pagar miles de millones de dólares y prometer cambios en sus prácticas ilegales contra el público.

Spitzer llamó a 200 empleados de Tuv Taam, una fábrica de alimentos kosher en Brooklyn, a pasar a la fiscalía a cobrar salarios y horas extras adeudadas por trabajo realizado entre abril de 1996 y agosto de 2001, por un total de un millón de dólares, que fueron recuperados de los dueños.

Este fue el resultado de una "difícil" pero exitosa huelga de cinco semanas, que un grupo de 32 trabajadores, sobretodo mexicanos e indocumentados, sostuvieron el año pasado en el vecindario de Williamsburg.

"Más que el dinero, lo que me entusiasmó fue que se nos hiciera justicia", afirmó un satisfecho Cruz, de 23 años y originario de la ciudad de Puebla.

El triunfo de los empleados de Tuv Taam es uno de los más grandes en su tipo, por el monto del dinero recuperado de un solo dueño, y, sobretodo, por tratarse de inmigrantes indocumentados, declaró a Masiosare Pico Ben-Amotz, fiscal auxiliar de Spitzer, del Departamento de Derecho Laboral de la referida fiscalía.

Un empinado camino

"Todo comenzó porque ya estábamos hartos del trato que nos daban los patrones", recordó con coraje Rangel Lucero, de 27 años de edad y también de la ciudad de Puebla.

Aunque la Ley Federal del Trabajo establece jornadas semanales de 40 horas y el pago de sueldo y medio cuando se trabaja más allá de esta cuota, en Tuv Taam las jornadas obligatorias llegaron a ser de hasta de 70 horas a la semana, sin pago de horas extras.

Además de recibir salarios por debajo del mínimo, "no teníamos tiempo suficiente para comer, ni agua limpia para beber, y nos daban muy poco tiempo para ir al baño", afirmó Lucero.

El salía de su casa hacia el trabajo a las 3:30 de la mañana, atravesando el Bronx, uno de los condados más pobres de Estados Unidos, "cuando todavía está oscuro y te expones incluso a que te maten", dijo. Y no exagera: decenas de mexicanos han muerto en el Bronx, en asaltos callejeros.

Al llegar a la fábrica, Lucero se encontraba con cuartos de trabajo sin ventilación, ni equipo para manejar las sustancias químicas usadas en la elaboración de los alimentos.

"Lo peor de todo es que los capataces nos trataban con desprecio, y hasta se burlaban de nosotros cuando nos quejábamos de algo", acusó.

Lucero recuerda la vez en que un empleado se rompió los dedos de la mano con una máquina de prensar y los dueños no le permitieron retirarse para buscar atención médica.

"Lo querían obligar a terminar así la jornada de trabajo. Pero que me encabrono y le digo al judío: 'si no lo llevas tú al hospital, entonces lo llevo yo'". Y así fue.

Los trabajadores decidieron irse a huelga cuando, el 3 de julio del año pasado, "despidieron a Oscar Palacios (un obrero) por andar repartiendo volantes para afiliarnos a un sindicato", cuenta el poblano.

En respuesta, los dueños de Tuv Taam despidieron a los 32 huelguistas y amenazaron con despedir a cualquier trabajador que se atreviera a unirse a ellos.

"Al principio, como yo era el más joven, me mandaban con el administrador, a decirle lo que no nos gustaba", narra Cruz.

Cuando la empresa devolvió el trabajo a los huelguistas, tras esta victoria laboral, Cruz rechazó el empleo. Se fue para Chicago, donde ahora organiza trabajadores itinerantes de las esquinas, comúnmente conocidos como jornaleros.

"Yo quiero ser líder", añadió, jovial. "Por eso me fui a Chicago a ayudar a los jornaleros, donde a veces me paso hasta dos días sin comer cuando no cae una chamba".

Y es que a Cruz le dijeron que "así es como se forman los líderes", y quiere aprender el oficio, "para ir a ayudar a organizar a los indios de mi tierra, para que ya no vengan por acá, donde nomás los explotan".

Por su parte, Rangel Lucero sostuvo que para él lo más valioso de esta lucha fue "perder el miedo", a pesar de ser "indocumentados y que no valemos nada en este país, como me dijo una vez mi patrón", el propietario de Tuv Taam, Aron Nutovic. "Nunca olvidaré cuando me miró a la cara, con un puñado de dólares en la mano, y me dijo que él sí tenía dinero y que no era como yo, un indio que no valía nada". Pero, aclara, "le sostuve la mirada, con la frente bien alta, hasta que él tuvo que bajar la vista al suelo. Esta ha sido la mayor satisfacción en mi vida".

La directora del Departamento de Derecho Laboral de la fiscalía de Nueva York, Patricia Smith, comentó a Masiosare que se está dando un pequeño pero notable avance en la causa de los indocumentados.

La funcionaria sostuvo que "hoy cada vez más organizaciones los ayudan, como la propia fiscalía, ONG y asociaciones comunales. Y estamos viendo que cada vez más se atreven a denunciar a sus patrones".

"Quisiera ser tan optimista como ella", atajó Mayra Peters-Quintero, abogada a cargo de la Clínica de Derecho Laboral para Inmigrantes, de la Universidad de Nueva York (NYU), que representa a los empleados de Tuv Taam.

"La verdad es que en este país es cada vez más difícil defender a los inmigrantes indocumentados", dijo la abogada.

"De aquí en adelante -continuó- tendremos que trabajar muy duro para revisar todas las posibilidades o huecos que existen en la ley, por el clima antimigrante que prevalece en el país".

"Ahora no puedo decirle a un empleado, como antes lo hacía, que se organice y reclame sus derechos laborales ante el patrón, porque no puedo asegurarle a ese trabajador que no corre el riesgo de ser hallado indocumentado y posteriormente deportado".

Con todo, Mayra Peters-Quintero dijo estar contenta con la solución económica del caso, pero advirtió que lo que sigue es un difícil y empinado camino cuesta arriba.