«La persistencia de la tortura y los malos tratos en Filipinas pone de relieve una grave discrepancia entre la ley y su aplicación en el sistema de justicia penal», ha dicho Amnistía Internacional al publicar un informe sobre la tortura titulado Philippines: Torture persists: appearance and reality within the criminal justice system (Índice AI ASA 35/001/2003)..
En teoría, los elementos clave para la prevención de la tortura y otras violaciones graves de los derechos humanos ya existen. Filipinas ha ratificado la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como otros tratados fundamentales de derechos humanos, y ha creado la Comisión Filipina de Derechos Humanos..
«Pero la tortura persiste y constituye uno de los atentados más graves contra el principio del respeto a los derechos humanos», añade Amnistía Internacional..
Las técnicas de tortura empleadas durante los últimos años y documentadas por Amnistía Internacional son similares a las usadas en las décadas de los setenta y ochenta. Entre ellas están la aplicación de descargas eléctricas, el uso de bolsas de plástico para asfixiar a la víctima, quemaduras con cigarrillos, puñetazos, palizas con tubos de metal o culatas de armas de fuego y la colocación de pimienta picante en los ojos o en los órganos genitales de la víctima..
Estas horrorosas técnicas se emplean para arrancar información a las víctimas y obligarlas a confesarse culpables. Los individuos más expuestos a sufrir torturas son aquellos que presuntamente pertenecen a grupos armados de oposición o simpatizan con ellos, así como presuntos delincuentes comunes y miembros de las comunidades desfavorecidas o marginadas -hombres, mujeres y niños- a los que se atribuye la comisión de delitos..
«El gobierno de Filipinas debe adoptar medidas inmediatas para impedir la tortura y los malos tratos bajo custodia -subraya Amnistía Internacional. Es preciso actuar urgentemente para romper el ciclo de la impunidad.» El informe también expone una serie de casos en los que las salvaguardias existentes no impidieron que se empleara la tortura ni facilitaron el procesamiento de los responsables. Entre ellos está el caso de los «Cinco de Abadilla», en el que se usaron métodos de tortura como el electrochoque, las palizas y la asfixia para obligar a los sospechosos a «confesar» la autoría del asesinato del coronel Rolando Abadilla, ocurrido en junio de 1996. Cinco encausados fueron declarados culpables y condenados a muerte. El Departamento de Justicia se ha comprometido recientemente a reabrir la investigación sobre denuncias de torturas presuntamente infligidas en relación con este caso..
En su informe, Amnistía Internacional formula una serie de recomendaciones basadas en las detalladas salvaguardias establecidas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Comité de la ONU contra la Tortura y el relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura. Entre ellas figuran las siguientes:.
- adoptar leyes que tipifiquen y penalicen la tortura en plena consonancia con las disposiciones de la Convención contra la Tortura; .
- establecer códigos de procedimiento que aseguren que los agentes del orden se identifican e informan a los sospechosos del motivo de su detención y de los derechos que les asisten, incluido el de tener acceso a representación letrada, a sus familiares y a asistencia médica; .
- volver a informar a los detenidos de sus derechos -incluidos el derecho a no autoincriminarse, el derecho a guardara silencio y el derecho a contar con la presencia de un abogado- antes del interrogatorio; .
- mantener un registro exhaustivo de los interrogatorios, en el que conste el nombre de todos los participantes, y prohibir el uso de capuchas y vendas en los ojos de los sospechosos y el uso de lugares de detención secretos; .
- prohibir el uso en los juicios de pruebas obtenidas mediante tortura, salvo como prueba de cargo contra los individuos que la han empleado..

Información general .

El levantamiento del «poder popular» y derrocamiento del presidente Marcos y subida al poder de la presidenta Corazón Aquino in 1986 llevaron a la restauración del sistema democrático, el restablecimiento de la prensa libre y la adopción de una serie de garantías legislativas y constitucionales de amplio alcance en materia de derechos humanos. No obstante, esta evolución positiva no condujo a la eliminación de la tortura ni logró hacer mella en el clima de impunidad que protege a los responsables de abusos.