La vieja Europa

El reino de España como el de Marruecos. Un sindicalista a la cárcel por delitos de opinión
La libertad de expresión en la papelera de la democracia

Gladys Martínez
IndyACP
"No he de callar, por más que con el dedo, ya tocando la boca, o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo.
¿No ha de haber un espíritu valiente? ¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? ¿Nunca se ha de decir lo que se siente?"
Francisco de Quevedo

La libertad de expresión a veces puede ser peligrosa... para el poder. Aquellos que más la enarbolan más la restringen y la pisotean cuando les puede perjudicar. Ejemplos sobran en muchas partes del mundo. Ahí tenemos a Marruecos, donde el periodista Alí Lmrabet sigue encarcelado por escribir. ¿Pero acaso la situación es distinta en España?

El caso concreto de Secundino Vallejo

Secundino Vallejo es un sindicalista asturiano afincado desde hace años en Orihuela, el pueblo que vio nacer al gran poeta Miguel Hernández. De Orihuela es también el antiguo dirigente de las CC.OO., Antonio Gutiérrez, el mismo al que muchos conocen por haber transformado un sindicato de clase en una institución burocrática subvencionada. Aquél que pasó de dirigir el sindicato a formar parte de la fundación CajaMadrid para la universidad.

Y desde aquí, Secundino llevó a cabo una batalla dialéctica contra Gutiérrez y contra aquellos que burocratizaban las Comisiones. Escribir uno de estos artículos le ha valido una condena a 180 días de prisión que ya está cumpliendo en la cárcel de Villena (Alicante).

Su delito fue criticar y verter acusaciones contra cuadros de CCOO. Este sindicalista escribió para responder a una carta injuriosa de Antonio Gutiérrez, y para anunciar que se daba de baja de CC.OO. En el artículo, publicado el 11 de febrero de 1998 por el diario alicantino Información, llamó "corruptos" a varios dirigentes de CC.OO. Pero, cuando la justicia lo convocó para responder de este "atentado al honor" del sindicato y de dos de sus cuadros dirigentes, las pruebas aportadas por el acusado no fueron aceptadas por los jueces.

CC.OO. del País Valenciano se presentó también como acusación a causa de frases como éstas: "... Usted señor Antonio Gutiérrez, está engañando a la base de CC.OO., ha robado al sindicato CC.OO. su aspecto reivindicativo y ha matado sindicalmente al presidente de CC.OO. Marcelino Camacho para robar y vaciar de contenido el sindicato de CC.OO. y actualmente está fusilando sindicalmente a todos aquellos sindicalistas que han combatido al lado de Marcelino Camacho..." o "Usted está situado de lleno en el mundillo de la corrupción cada día más cerca de los Filesa, Roldán, GAL, etc...".

Por delito de injurias con publicidad fue condenado, el 6 de noviembre de 2000, a pagar una indemnización de 2 millones de pesetas, los costos procesales (casi un millón más) y "a la pena de doce meses de multa a razón de 1.000 pesetas diarias con arresto sustitutorio en caso de impago de un día cada dos cuotas impagadas".

Pero Secundino ni quería pagar, porque aquello suponía reconocer un fallo judicial que no aceptaba, ni podía pagar por carecer de recursos. Por lo cual la justicia sustituyó la pena de doce meses de multa por el "arresto sustitutorio", es decir, por los seis meses de cárcel. Al comprobar que la justicia se retrasaba, los dirigentes de CC.OO. le dieron un pequeño empujón pidiendo mediante escrito de su abogado el cumplimiento de la pena.

El 19 de junio pasado, este sindicalista sin antecedentes penales ingresó por fin en la prisión de Villena. Pero esto no es todo: ya en la cárcel, Secundino ha recibido la sentencia de otra querella criminal interpuesta por una empresaria que sintió su honor mancillado porque el sindicalista, que representa ahora a Plataformas Unitarias de Trabajadores, dijo que la suya era una empresa de negreros. ¿Y cuál fue el motivo? Que cuatro trabajadoras denunciaron, entre otras muchas cosas, que las obligaban a lavar el suelo de rodillas.

Tampoco en esta ocasión los jueces aceptaron las pruebas del acusado, es decir, los testimonios de las chicas. Ahora puede enfrentarse a otros diez meses de cárcel, además de a una sangrante multa. ¿Se le ha juzgado por denunciar la explotación?

Cuestiones que a uno se le pueden pasar por la cabeza:

Primero. ¿Qué tipo de justicia condena a aquél que habla por haber hablado, a aquél que escribe por haber escrito? La Constitución del 79 reconoce, en su artículo 14, "el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción".

Sin embargo, los que la escribieron no se olvidaron de ponerle trabas a este derecho creando el vago "derecho al honor". Si alguien se siente ofendido, ¿no existe acaso el derecho de réplica? Si se encarcela a alguien por hablar, ¿no se le está enseñando a callar la próxima vez?

Segundo. ¿No es grave el hecho de que sea un sindicato el que, enarbolando su "derecho al honor", pida el encarcelamiento de un sindicalista por el mero hecho de ser crítico? ¿No es éste un síntoma de decadencia, corrupción y falta de democracia?

Tercero. ¿Es algo normal que un juez no acepte pruebas presentadas por un acusado? ¿Puede algún abogado honrado explicar si es legal que un hombre sin antecedentes sea encarcelado por expresar su opinión?

Cuarto. Según el artículo 14 de la Constitución. "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

¿Acaso no es una discriminación social el hecho de que un pobre vaya a la cárcel por no tener dinero para pagar la multa mientras que un rico disfruta, en las mismas circunstancias penales, de la libertad? ¿No constituye la multa una violación de la Constitución que tanto defienden para otras cosas los que están en el poder?