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"Queremos que dejen a nuestros hijos morir dignamente con su familia, no que están muriendo como perros y a eso no hay derecho". Son las palabras de Carmen, uno de los miembros de la Asamblea de Familiares de Personas Presas que ayer se unió a la asociación Pro Derechos Humanos para hacer pública la batalla que libran los presos que padecen enfermedades terminales por alcanzar una excarcelación que no siempre llega a tiempo.

Concretamente, los representantes de Pro Derechos Humanos, Estefanía Castillo y Oscar Salguero, denunciaron las circunstancias que precedieron al fallecimiento de Miguel A. Cabeza Arana, el pasado 22 de junio en el hogar para enfermos de sida 'Siloé', a los 34 años de edad. "Estaba en la prisión de Puerto II, de allí pasó a Puerto Real y de Puerto Real fue al hospital a causa del sida. Tres veces ha estado en el hospital y las tres pedía el alta voluntaria para volver a prisión. Eso evidencia que en las cárceles le están dando drogas y sustancias que él necesitaba porque de lo contrario no se explica que quisiera un alta voluntaria para ir allí", explicó Castillo. Por lo pronto, la actuación que va a a poner en marcha la asociación pasará por acudir al Defensor del Pueblo para que este caso sea un dato a tener en cuenta "en la tenebrosa lista de muertes en prisión", explicaron. Los representantes de Pro Derechos Humanos vertieron duras críticas contra el régimen de sanidad en las prisiones, asegurando que "no se respeta como debiera pues en el caso de Cabeza Arana, la última vez que fue del hospital para Siloé lo hizo prácticamente para morir. Ingresó el 3 de junio y el día 22 murió".

A este caso se une el de otro joven de Huelva, "que se va a denunciar desde allí" y cuya evolución fue incluso más fulminante que la del propio Cabeza Arana. "Llegó a Siloé y murió en menos de 24 horas", aclaró Castillo. La realidad, según denuncia Pro Derechos Humanos, es que las excarcelaciones no se conceden en el momento en que se tienen que conceder, "sino que o bien los enfermos fallecen en prisión o en el mismo momento en que se concede la libertad condicional o el permiso. El resultado para las Instituciones Penitenciarias es un dato menos en las estadísticas de muertes en prisión porque solo se contabilizan los fallecimientos en hospitales o en prisiones, pero no mientras el preso disfruta del permiso penitenciario o está ya excarcelado por libertad condicional", subrayó Salguero. Amparándose en estos casos, el colectivo entiende que el régimen de sanidad en las prisiones tendría que estar dentro del régimen de la Seguridad Social y no en el de las Instituciones Penitenciarias.

Por ello han puesto en marcha una campaña de Sanidad en la que han tomado parte las Asambleas de Familiares de Personas Presas de Andalucía y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en cada una de sus delegaciones. Los familiares han elaborado un decálogo reivindicativo que encabeza la atención sanitaria y solicita mayor atención médica para las personas presas, con seguimientos individualizados, más higiene y salubridad y la primacía del derecho a la vida frente a la seguridad.

La alimentación en las prisiones, las relaciones entre Instituciones Penitenciarias y familiares, el acercamiento de presos, el cese de malos tratos, más centros de tratamiento o la supresión de condenas de más de 20 años son otros de los puntos que conforman este decálogo, al que se suma la difusión de unas postales que van dirigidas a la ministra de Sanidad reivindicando una serie de mejoras sanitarias, además de una mayor atención a las personas presas donde prime "la integridad física y psíquica de las personas, es decir, su vida antes que la seguridad", concluyó Salguero.