La vieja Europa

Las actuaciones violan la Constitución, la Convención de Ginebra y la Declaración Universal de Derechos Humanos
Denuncian que la policía española abre huecos en la valla fronteriza con Marruecos para expulsar encañonados a los solicitantes de asilo
Pascual Serrano
Rebelión
"Nos condujeron en furgonetas a la frontera de Benzú, levantaron la verja y nos hicieron pasar a tierra de nadie. No debimos hacerlo con la celeridad suficiente, porque procedieron a dispararnos con balas de goma".

Es la declaración en Ceuta de un solicitante de asilo argelino a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) que esta organización ha hecho pública en su recién editado "Informe Anual 2003. La situación de los refugiados en España".

Se trata de una de las tantas expulsiones ilegales que hace la policía española en Ceuta ignorando el derecho a asistencia letrada, a tramitar su petición de asilo, a acceder a un Centro de Acogida de Refugiados y violando la legislación española (Constitución) e internacional (Convención de Ginebra y la Declaración Universal de Derechos Humanos).

El informe de CEAR ilustra múltiples casos similares en Ceuta, como el de otro ciudadano argelino que solicitó el 9 de septiembre asilo político. Mientras esperaba cita con las autoridades, fijada para el 5 de noviembre, la policía le detiene en la calle, le destruyen el documento que le acredita como solicitante de asilo, lo encarcelan durante 17 horas y a la una de la madrugada lo trasladan, junto a otras tres personas, al perímetro fronterizo. Allí "a fuerza de empujones" les obligan "a reptar por debajo de un trozo de valla que previamente habían levantado a la fuerza".

El perímetro fronterizo al que se hace referencia, y que es violado por las autoridades españolas para expulsar ilegalmente a los solicitantes de asilo, es una frontera "impermeabilizada" mediante un gran coste económico por el Ministerio de Interior español mediante vallas metálicas, alambradas, muros, torres de vigilancia, sensores electrónicos y patrullas periódicas, según señala la propia organización de asistencia a los refugiados.

No es esta actuación policial la única violación de los derechos de los solicitantes de asilo que se relata en el informe de CEAR. En el aeropuerto de Alicante, en febrero del pasado año cinco personas de la minoría tamil procedentes de Sri Lanka, perseguidas tanto por los grupos rebeldes de su país como por el gobierno, fueron detenidas. En el juzgado de Elche no se les facilitó traductor adecuado, tal y como establece la ley y "aunque en aquel momento todos ellos expresaron su intención de solicitar asilo en España, el juzgado tomó una única declaración para los cinco y obvió su deseo de pedir el estatuto de refugiado al autorizar su internamiento" en un centro para extranjeros de Valencia. Además se separó a una madre de su niño de tres años, el cual, en contra de la voluntad de la madre, fue internado en el Hogar Provincial de Alicante, donde enfermó y tuvo que ser ingresado posteriormente en el Hospital General Universitario de Valencia.

Según CEAR, estas personas ni debieron "haber sido recluidas en el Centro de Extranjeros de Valencia, ya que querían pedir asilo" ni se debería haber separado a la madres de su hijo de tres años, tal y como establece el Reglamento de Extranjería.

También se señala el caso de nueve kurdos detenidos en el puerto de Alicante, perseguidos en Turquía por militar en el Partido Democrático del Pueblo (HADEP), a quienes la policía, sin tener competencias para ello, les impidió solicitar asilo político.

Asimismo, se enumeran múltiples casos en los que las autoridades han impedido el acceso a los abogados, bien de CEAR o de oficio, a barcos atracados en puertos españoles donde se habían localizado polizontes sin documentación, lo que también vulnera la legislación española.

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Más información sobre CEAR y este informe se puede obtener en http://www.cear.es