Francisco Carnero
Diario de Sevilla
La política del Gobierno español de concesiones de asilo político es cada vez más restrictiva, y lo es tanto que España es uno de los países de la Unión Europea (UE) más hostiles con la causa de los refugiados. Ésta es la tesis de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que denuncia "graves carencias en la atención social" a quienes solicitan esta protección mientras se decide sobre la concesión o (la mayoría de las veces) denegación de ésta.

El Ejecutivo siempre ha defendido su política argumentando que hay que regular el alud de solicitantes (a pesar de que España presenta una de las cifras más bajas de la UE) y que muchas veces tras el refugio político se esconde una mera inmigración económica. Conseguir el estatuto de asilado político en este país supone atravesar por un proceloso y complicado proceso jurídico.

Según el informe anual de CEAR, que cita datos de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) -del Ministerio de Interior- y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), durante el año 2002 sólo 175 personas consiguieron asilo político en España (a falta de los datos de diciembre, no disponibles aún) sobre un total de 6.023 solicitantes, de los que un 64 por ciento vieron cómo su petición ni siquiera era admitida a trámite.

Los datos muestran que esta fase significa un escollo casi insalvable para las personas demandantes de protección. El procedimiento de admisión a trámite apareció en 1994 con la reforma de la Ley de Asilo. El objetivo era evitar que se solicitase asilo por motivos ajenos (en definitiva, causas económicas) a los establecidos por la Convención de Ginebra. Aunque España es uno de los Estados europeos con menor número de peticiones, las autoridades insisten en hablar de alud. Las cifras del año pasado (6.023 peticiones) quedan lejos de las 9.490 de 2001 y aún más de las 12.615 de 1993, el número más alto en los últimos veinte años.

Los datos españoles se empequeñecen de forma contundente si se comparan con los números de algunos países de la UE. De acuerdo con la información de Acnur, sólo en enero se registraron 7.762 solicitudes en Alemania; únicamente en septiembre hubo 10.230 en el Reino Unido.

En la mayoría de los Estados europeos (Suecia, Francia, Holanda...) también se superan ampliamente las estadísticas españolas. Por nacionalidades, los más numerosos al elegir España como país de acogida son los nigerianos (1.445, según los datos de la CEAR). De cerca les siguen los colombianos (1.065). A distancia se encuentran los ciudadanos de Argelia (344) y Sierra Leona (274). Y en cuanto a los destinos, Madrid es la provincia en la que se presentaron más peticiones de asilo (4.314). Con cifras muy inferiores le siguen Ceuta (336), Barcelona (305) y Valencia (291). En Sevilla hubo 93.

Por otro lado, es difícil trazar un perfil del solicitante de asilo en España. Un 52 por ciento corresponde a familias; un 27 a personas solas; un 13 a familias monoparentales; y un 8 por ciento a parejas. Es frecuente que estas personas sufran crisis psicológicas durante el proceso de espera a la resolución de su petición. Luego, quienes consiguen quedarse en España atraviesan por fuertes problemas de desarraigo e incomprensión y no pocos presentan sentimientos de culpabilidad al considerarse egoístamente privilegiados en comparación con los familiares y amigos que se quedaron en sus respectivos países de origen.

Para quien viene solo, lograr la reagrupación familiar en España viene a ser una empresa comparable a la de Sísifo cargando una y otra vez su inmensa piedra cuesta arriba por la montaña. Una de las críticas más graves de CEAR al Gobierno español consiste en reprocharle el incumplimiento de algunas de las normativas internacionales sobre refugiados al dificultar a los solicitantes el acceso a la información y a la atención social.

El artículo 4.1 de la Ley de Asilo establece de manera expresa el derecho a asistencia letrada, intérprete y atención médica. Según CEAR, la Administración española entorpece voluntariamente el acceso de los letrados a las zonas aeroportuarias y a los buques y algunos funcionarios ponen limitaciones a los abogados durante su entrevista con los recién llegados