La vieja Europa

Observatorio Vasco de Derechos Humanos

El Gobierno de Madrid se defiende de las denuncias o recomendaciones sobre la existencia de torturas formuladas por estas entidades internacionales alegando que no "formulan conclusiones que constaten torturas en un caso concreto" Tras una pregunta parlamentaria en torno a todas las denuncias que estaban apareciendo desde ámbitos internacionales de reconocido prestigio en los últimos tiempos, el Gobierno español se enfrentó a estas acusaciones afirmando que no hay condenas en su contra en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que los informes «no formulan conclusiones que constaten torturas en un caso concreto». Hay que tener en cuenta que estos informes sirven para elaborar recomendaciones a los Estados en relación a tratados y protocolos internacionales, y que ni tan siquiera pretenden establecer constataciones en referencia a casos concretos. Estos organismos no tienen capacidad de juzgar y dictar sentencias, sino, apoyados en su credibilidad moral, identificar el problema genérico de la tortura tal y como hacen en el caso español..
Como es habitual en estos casos, el Gobierno no podía dejar de criminalizar al denunciante: «hay una estrategia de ETA y de las personas de su entorno consistente en la denuncia sistemática de torturas en el momento de su detención». Es recurrente para el Estado eliminar la legitimidad de cualquier denuncia introducida sobre la tortura dando la vuelta a la situación y querellándose contra las víctimas de la tortura, como la presentada contra los miembros de ''Egunkaria'' que informaron públicamente del trato que recibieron en comisaría..
Sin embargo, en la respuesta ofrecida por el gobierno, éste reconoce que está estudiando de forma «pormenorizada» recomendaciones como las emitidas por el CAT de la ONU en su cuarto informe, entre ellas la opción de grabar los interrogatorios policiales que se producen bajo el régimen de detención incomunicada. Ya anteriormente esta "concesión" fue realizada también por el representante del Gobierno español en la intervención en la última sesión del CAT -Ginebra, Noviembre de 2002- ante las preguntas de los expertos relatores por la opacidad de la detención bajo incomunicación. El delegado español aseguró que la implementación de esta medida -grabación de los interrogatorios- se estaba retrasando "porque la querían aplicar realmente bien". Queremos señalar que medio año después todavía no han encontrado la forma de "aplicarla realmente bien"..
Tal vez cuando el estado español no tiene otra posibilidad de justificar su actuación en torno al mantenimiento de la detención incomunicada se encuentra en la necesidad de demostrar cierta buena voluntad... El recorrido para demostrar esta buena voluntad es sin embargo dilatado, teniendo en cuenta la batería de recomendaciones que han sido hechas por estos organismos internacionales.