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PAIS VASCO
El rector de la Universidad del País Vasco considera que el impedimento a los presos de cursar estudios en este centro "es un escándalo demócratico"
Manuel Montero, rector de la UPV, ha tachado de "insulto a la institución académica" las declaraciones desde el Gobierno español en las que afirman que la UPV es "un cobijo de terroristas".
El rector de la UPV, Manuel Montero, ha calificado de "escándalo democrático" la reforma de la Ley Penitenciaria en materia de enseñanza porque, a su juicio, "rompe prácticas constitucionales".
Además, ha exigido al ministro de Justicia español, José María Michavila, que se disculpe y retracte de las acusaciones de trato de favor a presos de ETA por parte de la institución académica y ha pedido que sea excluido de la campaña electoral.
"La decisión del Gobierno produce escándalo democrático. Es una auténtica tropelía en el fondo y en la forma y nos preocupa enormemente porque, con esta decisión, el Gobierno de España rompe prácticas constitucionales", ha subrayado Montero.
Para el rector de la UPV esta decisión "se ha tomado en este momento porque coincide con la semana anterior a la campaña electoral". "Por favor, que nos saquen de la campaña y respeten las conviciciones democráticas y la actuación democrática y constitucional de la UPV", ha declarado Montero.
Por otro lado, el rector de la UPV lamentó que se haya dado por supuesto que la UPV es culpable de dar trato de favor a los presos de ETA, "cuestión que desmiento absolutamente". "Ni siquiera se han molestado en pedirnos información", señaló.
"El Gobierno español nunca se ha dirigido a la Universidad y nos han acusado de favorecer a los terroristas sin que previamente se haya pedido ninguna información. Eso se llama prácticas inquisitoriales", ha insistido Montero.
Rectificación
En cuanto a las declaraciones de Michavila, quien señaló el pasado jueves que la UPV ha sido hasta ahora un "instrumento al servicio de los condenados por terrorismo", Montero se ha confesado "muy preocupado por esta frase terrible" y ha exigido "clarísimamente" una rectificación.
"Si se demostrara que eso es cierto, exigiría que se detuviese al propio rector", subrayó.
Por último, ha calificado de "sorprendente" la intervención del presidente del Euzkadi Buru Batzar (EBB) del PNV, Xabier Arzalluz, quien instó a la UPV a "armar una gorda contra la reforma de la Ley Penitenciaria" o "habrán perdido toda su dignidad".
"La universidad ya sabe lo que tiene que hacer, no depende de las opiniones del señor Arzalluz", concluyó.
Michavila niega el derecho a opinar al rector de la UPV
El ministro español de Justicia, José María Michavila, negó la legitimidad para opinar sobre la UPV al propio rector, Manu Montero. Concretamente, Michavila señaló que el máximo responsable universitario «no tendrá derecho a opinar» mientras no investigue el supuesto «trato de privilegio» a presos del que, según dijo, han dado cuenta al Gobierno español profesores del centro.
El titular de Justicia explicó que la reforma aprobada por el Gobierno el viernes pasado busca evitar que «el hecho de ser terrorista sea un privilegio en las instituciones universitarias. El rector lo que debería hacer es atender las denuncias de que han denunciado el hecho de que hay un trato de favor a unos terroristas por el hecho de serlo», argumentó Michavila.
A su juicio, la reforma se ha llevado a cabo «con la legitimidad democrática de unos hechos constatados», aunque el lunes Montero denunció que «el Gobierno ni siquiera se ha preocupado de recabar la información pertinente».
Mientras Michavila hablaba de «hechos constatados», el vicepresidente primero del Gobierno español, Mariano Rajoy, justificó las medidas adoptadas en base a que existe la «convicción» de que los aprobados que consiguen los presos en la UPV «no son como los aprobados de las personas normales».
El Equipo Rectoral de la UPV salió al paso de estas declaraciones y, a través de un comunicado, negó la existencia de un trato de favor. En este sentido, informó incluso de que sólo cuatro de los 272 alumnos presos matriculados en el curso 2001/02 obtuvieron un título de licenciado o diplomado.
En la nota se indica que la UPV «no ha hecho sino seguir las directrices establecidas por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que es quien ha venido fijando las condiciones para las labores de tutorización y evaluación por parte de los pro- fesores».
Por ello, considera «absolutamente irresponsable y rechazable que un ministro de Justicia se atreva a hacer tan graves acusaciones ante los medios de comunicación, sin pruebas y sin haberse dirigido en ningún momento a su Rectorado».
