Sin voz y sin voto
La corriente alterna

Trabajan, pagan sus impuestos, sus hijos crecen al lado de los nuestros y van a la escuela con ellos, pero no tienen los mismos derechos. En la actualidad se encuentran empadronadas en España más de 1.500.000 personas extranjeras. De ellas, sólo podrán votar en las elecciones municipales las nacionales de países miembros de la Unión Europea. Las demás, más del 75%, no tiene derecho a hacerlo. España, de momento, sólo reconoce el derecho al voto a extranjeros originarios de países que hayan otorgado este mismo derecho a españoles.

El Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanosde Madrid se acaba de sumar a la campaña por el derecho al votode los inmigrantes en las elecciones locales que ya han iniciado enAndalucía la Apdha, Andalucía Acoge, Asociación Cardijn, el Forum de Inmigrantes y la Plataforma de Asociaciones de Inmigrantes.

Discriminatorio para latinoamericanos

En la legislación española, la participación política es un derecho vinculado a la ciudadanía basada en la nacionalidad española. La Ley de Extranjería establece que los extranjeros no podrán ser titulares de los derechos políticos de sufragio activo y pasivo. Sólo se reconocerá el derecho de sufragio activo en las elecciones municipales a los extranjeros residentes en términos de reciprocidad (si los españoles tienen ese derecho en el otro país).

Otros países de la Unión Europea

Cuatro países conceden ya el derecho al voto en las elecciones locales a todos los residentes extranjeros. Irlanda, desde 1963, a partir de 6 meses de residencia. Suecia, desde 1975, a partir de 3 años de residencia. Dinamarca, desde 1981, a partir de 3 años de residencia; y Holanda, desde 1985, a partir de 5 años de residencia.

Por su parte, Finlandia concede derecho al voto a extranjeros de otros países escandinavos con 3 años de residencia. Portugal, al igual que España, concede derecho al voto bajo la condición de reciprocidad. Bélgica reformó su Constitución en 1998 y, a partir de 2002, basta con una mayoría simple del Parlamento para ampliar el derecho al voto. En Alemania e Italia los gobiernos han previsto en sus programas electorales conceder el derecho al voto después de un año de residencia. Austria, Francia, Grecia y Luxemburgo no tienen de momento nada previsto.