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Julen Arzuaga, portavoz del Observatorio Vasco de Derechos Humanos, ha permanecido durante tres meses sin poder acceder a la sede de Naciones Unidas en Ginebra. A instancias de Madrid, que lo calificó de «terrorista peligroso» sin aportar ningún tipo de prueba, ha pesado sobre él una orden de prohibición de entrada que le impidió realizar su labor de trasladar las denuncias de tortura.

Desde noviembre de 2002, coincidiendo con las resoluciones «demoledoras» contra el Estado español en materia de malos tratos, el Observatorio Vasco de Derechos Humanos viene observando un salto cualitativo por parte de Madrid a la hora criminalizar el trabajo de erradicación de la práctica de la tortura.

En palabras de Julen Arzuaga, representante de dicho colectivo, «tras aquellas resoluciones empiezan a disculpar su responsabilidad con la tortura diciendo que todo es una estrategia, que son tan terroristas los que las denuncian como los que las publican. En ese momento se queda simplemente en una cuestión de discurso».

Sin embargo, según comenta Arzuaga, las maniobras del Ejecutivo de Madrid van mucho más allá y comienzan a tener una implicación práctica en su labor. De hecho, el Estado español interpone a finales de año una denuncia contra él para impedir su entrada en la sede de Naciones Unidas en Ginebra.

Oficialmente, existen únicamente dos argumentos para llevar a cabo una restricción de ese tipo, que exista una orden de búsqueda y captura de la Interpol o que la persona en cuestión haya causado algún incidente grave en la ONU.

«En mi caso no se da ninguna de las dos condiciones explica Arzuaga a GARA, pero el Gobierno español viene a decir que soy un terrorista peligroso y que aportará pruebas. El director de Naciones Unidas cree en esas acusaciones y en la voluntad del Estado español para demostrarlo, por lo que traslada a Seguridad un aviso de prohibición de entrada».

Tres meses después, ante la falta de respuesta de Madrid, el portavoz de Behatokia, que ve afectada su credibilidad y que se encuentra en la imposibilidad de desarrollar su labor de una forma normalizada, se pone en contacto con Naciones Unidas, que le levanta la prohibición y le pide disculpas achacando a la «inexperiencia» del director del organismo mundial al haber dado credibilidad al Estado español.

La situación se desbloquea en marzo, «a dos semanas de la Comisión de Derechos Humanos, es decir, justo al límite. Un poco más de tiempo y ni siquiera podría haber participado en ella», puntualiza Arzuaga.

En la mencionada comisión, que se celebra por espacio de seis semanas y que sirve para analizar la situación mundial en cuanto a vulneración de derechos, «las autoridades españolas demostraron que no tienen capacidad para encajar la más mínima crítica. Se revuelven ante cualquier posibilidad de ver una demanda contra ellos y, sobre todo, en cuestiones relacionadas con Euskal Herria», afirma el portavoz del citado colectivo.

«Demostraron que están dispuestos a utilizar el reglamento de Naciones Unidas en su beneficio para cortar la voz de todas las personas que realizan una crítica legítima», remarca.

Arzuaga subraya, además, que esas maniobras se producen en un periodo en el que el Estado español ha recibido críticas de diferentes órganos de Naciones Unidas. El Relator para la Tortura, por ejemplo, tomó en consideración cuarenta y ocho casos referentes a ciudadanos vascos incomunicados y que denunciaron torturas en 2002.

El 10% del informe mundial, de cuatrocientas páginas, está dedicado al Estado español, «por lo que se percibe que está sucediendo algo grave», advierte.

«El ambiente que he encontrado este año no lo había vivido antes. La gente tiene otra actitud respecto al Estado español destaca, cada vez tiene más dudas y le huele peor el asunto».