 La vieja Europa |
21 de mayo del 2003
3.500 observadores tratarán de evitar el "pucherazo" en el País Vasco
La Comisión de Garantías tratará de proteger la libre concurrencia a las urnas de todas las opciones políticas
Gara
Los quince miembros de la Comisión de Garantías puesta en marcha para proteger la concurrencia a las urnas de todas las opciones políticas se reunirán esta tarde a fin de dar perfilar el trabajo que llevarán a cabo este domingo. El número de observadores necesarios para el control del escrutinio alrededor de 3.500 está prácticamente conseguido, adelantaron ayer. El encuentro servirá también para redactar un informe sobre la marcha de la campaña.
La Comisión de Garantías constituida para controlar el desarrollo de la campaña y de la jornada de votaciones se reunirá esta tarde para concretar el dispositivo que se pondrá en marcha este próximo domingo en los colegios de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa.
Esta comisión está formada por quince personas provenientes de ámbitos tan diversos como el euskara, la universidad, el sindicalismo, la Iglesia, el feminismo o el derecho y, tal y como explicaron en su comparecencia ante los medios de la pasada semana, velará por la libre concurrencia de «todas las opciones políticas».
A tal efecto, solicitó la colaboración de 3.500 voluntarios que ejercieran la labor de observadores en todas y cada una de las urnas. A falta de una cifra exacta, fuentes de la comisión adelantaron a GARA que se encuentran «muy cerca» de ese número y que esperan alcanzarlo antes de este viernes.
Para poder llevar a cabo este trabajo, se ha redactado un impreso que está siendo rellenado por todas aquellas personas que van a ser testigos del recuento.
Este documento, junto con el protocolo confeccionado para la ocasión, se está repartiendo a lo largo y ancho de los cuatro herrialdes, en una labor que se pretende alcance a la totalidad de las poblaciones. La actual legislación permite que cualquier ciudadano permanezca en los colegios durante el recuento.
El protocolo y los impresos se han confeccionado como «la base para poder emitir el resultado de acuerdo con el trabajo del grupo de sociólogos con que contará la comisión».
La labor de estas 3.500 personas será realizar un seguimiento estricto de lo que acontezca en las mesas de votación y del recuento de votos, incluyendo aquellos depositados con papeletas de AuB y de las plataformas municipales declaradas ilegales por los tribunales del Estado español.
En su día, el abogado Urko Aiartza anunció que tratarán de ofrecer resultados provisionales la misma noche del domingo para, durante la próxima semana, contrastar las cifras y ofrecer los datos definitivos.
La reunión de esta tarde no se limitará a los preparativos de la jornada electoral, sino que también servirá para recoger los primeros análisis sobre «las conculcaciones de derechos electorales habidas durante lo que va de campaña», una labor que está siendo desarrollada principalmente por el Observatorio de Derechos Humanos de Euskal Herria.
Las conclusiones a falta de la valoración final, que se efectuará con posterioridad al 25 de mayo se harán públicas en una rueda de prensa que tendrá lugar esta semana.
Los datos recogidos, junto con las resoluciones judiciales dictadas en torno a la prohibición para participar en los comicios, pasarán a engrosar un informe jurídico que la comisión remitirá a las instancias que considere «adecuadas».
En su primera comparecencia, ya denunció que la ilegalización de más de doscientas candidaturas conlleva «la violación de uno de los derechos civiles y políticos más elementales de miles de ciudadanos, el derecho a la participación».
En este sentido, la Comisión de Garantías solicitó que «se otorgue a todas las opciones el derecho a participar», ya que, según recalcaron en su mensaje, «corresponde a todos los ciudadanos vascos, sin injerencias externas, el derecho a elegir y ser elegido el día 25».
