15 de abril del 2003

La corriente alterna
La Asociación Libre de Abogados (ALA) ha presentado una demanda contra el presidente del Gobierno por la participación de España en la guerra contra Irak. Hoy han convocado frente al Supremo a los ciudadanos que deseen suscribir el pleito.

Fernando Laría, al frente del equipo jurídico que ha elaborado la querella, reconoce que 'existe el riesgo de que la razón de Estado impere sobre la interpretación imparcial de las normas', pero defiende la necesidad de que 'se vea como algo normal que la actuación de los gobernantes pueda también ser depurada a la luz del derecho penal'.

¿En qué se basa la querella criminal contra José María Aznar presentada por ALA ante el Supremo?

En la violación de los artículos del Código Penal 611 (aterrorizar a la población civil), 613 (ataques a bienes de carácter civil) y 610 (uso de medios prohibidos). El presidente Aznar es responsable como autor o cómplice. También invocamos la violación de otros artículos, como el 588 (participar en una guerra sin contar con la autorización de las Cortes).

Algunos juristas señalan que es 'técnicamente muy difícil' enjuiciar a los promotores de esta guerra.

Comparto la opinión de que es difícil conseguir la intervención de un tribunal internacional. Los Estados, el Fiscal y el Consejo de Seguridad son los únicos que tienen acción para reclamar la actuación de la Corte Penal Internacional. Eso, con independencia de que hay Estados como EE.UU. que no quedan sometidos a esa Corte al no haber ratificado el tratado de adhesión.

¿No deben ser los votantes y no los tribunales quienes juzguen la actuación del Gobierno?

Son dos cuestiones diferentes. Es cierto que en un régimen democrático se puede 'castigar' al dirigente que se aparta del sentimiento popular mediante el voto. Pero cuando se infringen disposiciones penales, no debemos dudar en acudir a los tribunales. La razón política no lava el crimen.

ALA presentó también una querella contra Aznar cuando la intervención en Kosovo de la OTAN. ¿Cuál fue el resultado?

No fue admitida a trámite porque el Supremo entendió que los delitos por los que acusábamos (artículo 588 en primer lugar) quedaban fuera del alcance de los ciudadanos, dado que requieren la iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y la aprobación por la mayoría. Acudimos al Constitucional, que sin el menor rubor no admitió el recurso, afirmando que 'no había materia constitucional'.

¿Podría suceder lo mismo con esta querella?

Siempre que se formule una denuncia contra el presidente de cualquier Gobierno, existe el riesgo de que la razón de Estado impere sobre la interpretación imparcial de las normas. Pero es obligación de los ciudadanos reclamar la tutela de los tribunales con independencia del resultado. Hay que cambiar la cultura política y jurídica de la sociedad. Hace falta que se vea como algo normal que la actuación de los gobernantes pueda también ser depurada a la luz del derecho penal.

Una vez presentada la querella, ¿cuál es el siguiente paso judicial?

Si se admite a trámite, el Supremo tiene que pedir un suplicatorio al Congreso, porque Aznar goza de inmunidad parlamentaria. Si no se admite, tendríamos un recurso de súplica frente al Supremo. Y si no se admite ese recurso, cabría la posibilidad de ir ante el Constitucional con un recurso de amparo.

¿Existe algún recurso legal que impida a un Gobierno con mayoría absoluta hacer algo contrario al deseo de la mayoría de la población?

No. La única posibilidad es 'sancionarlo' con el voto popular.