La Universidad Pablo de Olavide ofreció trabajo y papeles a los inmigrantes que denunciaran a la Red
Rojoynegro.info
El abogado de CGT y miembro de la red de apoyo del encierro protagonizado por más de 400 inmigrantes en las instalaciones de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, tachó de "falsas" las acusaciones realizadas por un nuevo grupo de inmigrantes contra esta organización, que han provocado que la Fiscalía de Sevilla haya solicitado la reapertura de la investigación.
En declaraciones a Europa Press, Carrique explicó que esta nueva denuncia contra la red de apoyo, que sigue a la que presentó la propia universidad y que el juzgado archivó en septiembre pasado tras investigar delitos de coacciones y contra el derecho de los trabajadores, "no es nada nuevo" e "insiste en la misma historia", por lo que comentó que "tendremos que esperar a conocer la decisión de la Audiencia Provincial".
Para el miembro de la red de apoyo, estas denuncias son fruto del "ofrecimiento que hizo la Universidad a los inmigrantes para que declararan en contra de esta organización a cambio de trabajo y regularización" y a los que propusieron "papeles si se apuntaban en una lista para denunciar a la red".
Por ello, Juan Carrique consideró que esta nueva denuncia "no tiene mayor interés" y responde a que el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, "no tiene otra cosa que hacer". Añadió que ahora "tendrán de nuevo que justificar el contenido de la denuncia".
La Fiscalía de Sevilla ha solicitado al juzgado de Instrucción número 5 que reabra la investigación contra la red de apoyo del encierro. Esta petición, según explicó a Europa Press el fiscal jefe de la Audiencia de Sevilla Alfredo Flores, se ha producido a raíz del informe remitido al Ministerio Público por la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, en la que se aportaban documentos de siete inmigrantes, correctamente identificados, que denunciaban ciertos hechos ocurridos durante el encierro protagonizado en junio.
La denuncia iba acompañada de documentos en "árabe" y de una traducción, y según Flores, los hechos que aparecen en la misma han motivado la solicitud del Ministerio Público para que se reabran las diligencias previas que archivó el juzgado para ver "sin son los mismos hechos o hay algún dato nuevo que debe ser investigado".
Flores recordó que la investigación del juzgado, que partió de una denuncia de la propia Universidad Pablo de Olavide (UPO), recogía presuntas coacciones a los inmigrantes para que no abandonaran el encierro, así como la retención de pasaportes o tarjetas de extranjero a algunos de los encerrados.
Asimismo, la denuncia de la universidad solicitaba que se investigara el uso de los fondos recaudados para la manutención de los inmigrantes, al sospechar que podían estar teniendo un uso diferente para el que fueron recaudados.