 La vieja Europa |
1 de marzo de 2003
Dilemas políticos del pacifismo (I)
Octavio Hernández
Resulta inevitable establecer un paralelismo entre el uso que Felipe González hizo del pacifismo anti-OTAN contra UCD antes de ganar las elecciones y la utilización que Luis Rodríguez Zapatero está haciendo del pacifismo contra el PP por su apoyo a la segunda intervención norteamericana en Iraq. Este paralelismo enfrenta al PSOE a su propio carácter de partido social-imperialista1, cuya gestión de los Acuerdos Hispano-Norteamericanos y de la adaptación a los protocolos suscritos con la OTAN entre 1986 y 1996 dejó el camino expedito al PP para rubricar la integración plena en la Alianza Atlántica, reforzar las relaciones con el Pentágono y el DOD, e incorporarse a la segunda guerra de Iraq sobre la experiencia de la colaboración española en la primera. Sin embargo, las condiciones políticas son muy distintas a las que encontró Felipe González en la primera mitad de los años 80. Zapatero se halla ahora ante un movimiento pacifista que, debido a la crisis de Izquierda Unida y la desmovilización del movimiento de insumisión, va a rastras de la opinión pública. Y como el PSOE cuenta con PRISA, Canal Plus, una parte menguante de Tele5 y la intelectualidad orgánica que dejó huérfana en 1996, esa opinión pública no va a poder ser catalizada por el movimiento pacifista como ocurrió en 1986, no va a tener un correlato de expresión política alternativa como fue la creación de Izquierda Unida, sino que va a desembocar, junto con las otras operaciones de desgaste mediático, en un avance significativo del PSOE en las elecciones autonómicas y locales del próximo 25 de mayo y en la posible victoria de Zapatero en las generales. El trabajo paciente y sacrificado de muchos pequeños colectivos rebeldes, desobedientes e insumisos durante todos estos años, ahora aquilatado y socializado con la ola de autoritarismo imperialista tras el 11-S, está a punto de sernos hurtado por el PSOE para ser invertido arteramente en el ascenso electoral de Zapatero. Este es un dilema político de envergadura tras la impresionante movilización social del 15 de febrero.
¿Debilidad social o debilidad política?
En varias ocasiones, Felipe González ha calificado la convocatoria del referéndum de 1986 como "un error" que él mismo había decidido incluir en el programa electoral de 1982. La razón de ese error no hay que buscarla en el contenido de la consulta. Las tres "condiciones" en que se basó la propuesta del Sí a la OTAN fueron un clamoroso engaño del PSOE para minar un discurso pacifista que venía organizándose desde que el Gobierno de Calvo Sotelo había decidido la adhesión y que era el movimiento de recalada de gran parte de la izquierda en reflujo de la Transición. Entre el 15 de junio de 1980 y el 12 de marzo de 1986 la izquierda se volcó en socializar las ideas pacifistas. Recordemos las marchas a Torrejón, las Comisiones Anti-OTAN impulsadas por el Movimiento Comunista y la Liga Comunista Revolucionaria, el Movimiento de Objeción de Conciencia, la revista En pie de Paz, la Mesa por el Referéndum y la Plataforma Cívica por la Salida de la OTAN que marcan la recuperación del PCE y conducen a la creación de Izquierda Unida. Este es el "error" del PSOE: haberse acercado de manera oportunista con su promesa electoral de referéndum a un movimiento por la paz que había tenido tiempo de organizarse desde que comenzó el debate de la adhesión en el Congreso en 1980, y que estaba preparado para disputarle la opinión pública desde la Coordinadora Estatal de Organizaciones Pacifistas si lo convocaba. ¿Qué queda hoy de esa izquierda articulada en torno a la convocatoria de 1986? El movimiento pacifista actual es un retal de retales, su propia debilidad compite con la debilidad de los otros espacios de la izquierda resistente que acuden ahora a reuniones de coordinación, se suman a plataformas y confluyen en las manifestaciones. ¿Cabe esperar que este reencuentro en torno a la paz suponga una reactivación política capaz de llevar a la sociedad un mensaje que incrimine por igual al PSOE y al PP en la creación del orden imperialista unipolar de EEUU? Cuando uno ve la ligereza con que los seguidores de Zapatero se afanan contra al Gobierno de Aznar ante la participación española en la guerra, salta a la vista con qué facilidad han ocupado el centro de la opinión pública. La mágica prestidigitación de los militantes del PSOE que piden en las reuniones que se admita a su partido en las coordinadoras y plataformas pacifistas, codeándose en las manifestaciones con los insumisos que fueron encarcelados durante los Gobiernos de Felipe González y con quienes nos opusimos a las intervenciones en Iraq y Yugoslavia y al tándem González-Solana en la OSCE y la OTAN, es fruto de la propia debilidad del pacifismo, que está siendo arrastrado por la ola mediática destinada a convertir a Zapatero en Presidente. Pero hay motivos para pensar que esa debilidad tiene un trasfondo político que señala a la propia incapacidad de Izquierda Unida y otros partidos de raíz marxista para plantear alternativas. Cuando el Gobierno de Aznar decidió la plena integración en la OTAN en 1996, el pacifismo demostró su debilidad política al carecer de un discurso coherente y desempolvar consignas de 1986 que repetían incesantemente la memoria del "dijimos No" y la petición de cumplimiento de las "condiciones del referéndum" del PSOE y una nueva consulta popular. Pero no estaba débil, ni mucho menos, desde el punto de vista social. Al celebrarse en Madrid la Cumbre de la OTAN en julio de 1997, cientos de miles de objetores de conciencia, miles de insumisos, cientos de desertores e incontables reclutas saboteadores cuestionaban, no en los discursos sino en la práctica, el futuro inmediato del ejército en el estado español. Entre enero y agosto de ese año, el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia había recibido 79.293 solicitudes, un 23’4% más que en el mismo periodo de 1996, alcanzando la cifra de 500 objetores diarios, sin parangón en la Unión Europea. La cifra anual había pasado de 6.047 objetores en 1986 a 93.279 en 1996, sin incluir la insumisión, las deserciones y no incorporaciones, la objeción sobrevenida o la tragedia de los suicidios2. En cuanto a la OTAN, en septiembre de 1996 se publicaron los resultados de un estudio encargado por la United States Information Agency (USIA) a varias empresas de opinión, que revelaba que durante los años 90, en Alemania, Francia, Italia y Gran Bretaña entre un 60 y un 70% de los encuestados consideraba a la OTAN esencial para la seguridad de su país. En cambio, en el estado español ese porcentaje bajaba al 40-45%. Pero además, del 49% de quienes aquí consideraban que la OTAN no era esencial para la seguridad, casi la totalidad afirmaba que la organización debería desaparecer. Es decir, cuatro de cada diez encuestados planteaban en el estado español el desmantelamiento de la OTAN en 1996, cosa que solo pensaban algo más de dos de cada diez franceses y uno de cada diez en los otros países europeos3. Si en 1986 el Sí del referéndum ayudó a la Alianza Atlántica a sortear la crisis interna provocada por el despliegue de los misiles Pershing en Europa, en 1996 la integración plena junto con el anterior nombramiento de Javier Solana como Secretario General fueron una respuesta al descrédito público de este organismo imperialista en el estado español, un socio de referencia para Estados Unidos. Quiero decir con ello que, probablemente, Solana le debe el puesto de Secretario de la OTAN y Mr. PESC en un 40-45% al imperialismo y en un 49% a la penetración social del pacifismo y, sobre todo, del movimiento de insumisión. Con esta situación favorable, el comportamiento político del pacifismo fue incapaz de avanzar desde una postura estereotipada de oposición a la OTAN inspirada en el referéndum de 1986. En el caso de Izquierda Unida, dejó pasar la oportunidad de proponer abiertamente a la sociedad la disolución del ejército y además cayó en una política de antiamericanismo que se deshacía de la tradición prosoviética iniciada por el Kominform y se acercaba al discurso elaborado desde los años 40 por los imperialistas franceses y británicos cuando EEUU fue desplazándolos de sus zonas de influencia colonial, reeditado en la Unión Europea con una falsa radicalización de la Identidad Europea de Seguridad y Defensa. En lugar de reorientarse y reorganizarse políticamente, el pacifismo fue desorientado y desorganizado por una política incoherente que no se atrevió a lanzar la propuesta de disolver el ejército español y buscó alternativas en el terreno del social-imperialismo y en la sustitución del esquema bipolar EEUU-URSS por el esquema EEUU-Unión Europea.
El fraude de 1986
En 1996 ya se conocía qué había hecho el PSOE con el referéndum de la OTAN. Las "condiciones" del Sí en la consulta del 12 de marzo estaban perfectamente informadas de las reservas planteadas por el régimen franquista durante la negociación de la renovación de los acuerdos bilaterales con EEUU en 1968 y 1976, que habían sido retomadas por UCD durante la Transición. La posición de partida de UCD en 1979 para iniciar las conversaciones sobre la adhesión al Pacto Atlántico se basaba en cuatro puntos esenciales: 1) La exclusión de Canarias del esquema defensivo de la OTAN; 2) Acuerdo de soberanía sobre Gibraltar; 3) Retirada de tropas extranjeras de la Península, y 4) Supresión de todo proyecto de nuclearización en territorio español. Esta política apenas se diferencia de las condiciones del referéndum de 1986, excepto por la exclusión de la referencia a Canarias en la consulta. En 1996 pedir que se cumplieran las condiciones planteadas por Felipe González no resultó, con Aznar ya en el poder, ningún desafío, ya que habían sido redactadas por motivos totalmente ajenos al pacifismo. En lugar de denunciar el referéndum como el fraude que en realidad fue y explicar cómo se engañó a la sociedad, se le daba credibilidad a la consulta y a las condiciones de la misma; y a los propios PSOE y PP, a los que se obsequiaba con el beneficio de la duda y con la vana ilusión de que dieran el visto bueno a una nueva convocatoria, es decir, un nuevo fraude. Así ha sido posible la tremenda confusión del 15 de febrero, cuyo manifiesto de nuevo habla del incumplimiento de las condiciones del referéndum de 1986 concediendo legitimidad al PSOE, ignorando que ya se ha producido en 1996 la plena integración en la OTAN, que los preparativos de la misma fueron realizados por los sucesivos gobiernos de Felipe González, que en la renovación de los Acuerdos Hispano-Norteamericanos se habían ya anulado las falsas ilusiones que el PSOE utilizó para ganar el referéndum y que las condiciones representaban la continuidad de los planteamientos franquistas y ucedistas de los años 70. Para comprender qué permite a Zapatero invertir en su campaña el capital social de nuestro esfuerzo de muchos años, veamos qué fue de las famosas "condiciones". La "no nuclearización" del territorio de soberanía española era una política de origen franquista vigente en los Acuerdos Hispano-Norteamericanos desde la crisis de Palomares en enero de 1966, que provocó la reacción del régimen para modificar la cláusula nuclear de los Acuerdos de 1953 y convenció al Pentágono de la necesidad de abandonar los vuelos nucleares y sustituirlos por el despliegue de un sistema de misiles tierra-tierra y submarinos portamisiles con cabezas Polaris. En los años 80, con los misiles Trident, los submarinos norteamericanos son el principal dispositivo de transporte y agresión con armas atómicas, de manera que disminuye la importancia de los B-52 y los emplazamientos fijos de misiles, a excepción de los radicados en Gran Bretaña y Alemania. En cambio, la base de Rota adquiere el mayor interés para EEUU. El 28 de septiembre de 1988, el Ministro de Exteriores Fernández Ordóñez acordó con su homólogo norteamericano George Shultz en Nueva York que el gobierno español deberá autorizar la introducción, almacenamiento y transporte de armas nucleares en territorio español, pero renuncia, según el acuerdo, a solicitar información sobre el tipo de armas a bordo de los buques que hagan escala en puertos españoles o se encuentre en tránsito por sus aguas jurisdiccionales. Así se anuló la condición establecida en el referéndum. Bajo el gobierno del Partido Popular esta cláusula ha sido desarrollada: en abril de 2002 Josep Piqué y Colin Powell firmaron en La Moncloa la modificación del Convenio de Cooperación para la Defensa con EEUU que había sido suscrito en 1988, incluyendo la "protección de fuerzas" (Art. 9.2), que compromete al estado español a dar protección a los buques norteamericanos que hagan escala en sus puertos o naveguen por sus aguas jurisdiccionales (submarinos, VI Flota y cargueros de armamento del Escuadrón Uno de Preposición) y permite a EEUU adoptar medidas de prevención y autodefensa, incluidas actividades de inteligencia, en territorio de soberanía española. Así es como se ha permitido el tránsito nuclear por Rota, Mallorca o Canarias. El PSOE empezó respetando en 1982 la decisión del Gobierno Calvo Sotelo de participar en el Grupo de Planes Nucleares de la OTAN y terminó colaborando en 1996 con el PP para que el estado español no suscribiera el Tratado de Pelindaba de no proliferación nuclear en África, por alusiones al estatus colonial de Canarias. La "no pertenencia" a la estructura militar ya había sido acordada con anterioridad durante el gobierno de UCD, mientras no hubiera una reforma de la misma que desposeyera a Gran Bretaña del GIBMED o permitiera el mando compartido de la OTAN en la base británica de Gibraltar. Esta condición no fue una concesión al antimilitarismo, sino a los propios intereses diplomáticos del Estado español de no ceder en Gibraltar, puesto que integrarse plenamente en esa situación hubiera significado aceptar de plano la posición británica en el Peñón. Tras el referéndum, los ministros Serra y Younger trataron esta cuestión bilateralmente, ya que afectaba a la coordinación con los mandos aliados y además el "Control del Estrecho y sus accesos" era un objetivo expreso de la participación española en la OTAN. Salvando esta objeción relativa a Gibraltar, desde el Plan General de Defensa Nacional (1985) hasta el Plan Estratégico Conjunto (1990) el Gobierno se consagró a crear cauces "analógicos" de participación en la estructura militar, aún estando formalmente fuera de la misma, y se establecieron Acuerdos de Coordinación entre el Jefe del Estado Mayor español y los Mandos Supremos de la OTAN (SACLANT y SACEUR). El 1 de diciembre de 1988 fue aprobada la contribución española a la Alianza por el Comité de Planes de la OTAN, al mismo tiempo que se suscribía el Convenio Defensivo con Estados Unidos. Esto explica por qué el Partido Popular acuerda la plena integración en 1996, en el marco de una modificación de la estructura militar que hace desaparecer el GIBMED y reconoce un mando subregional español con base en Madrid (Retamares). Por último, la reducción de la presencia militar norteamericana no fue una condición establecida para satisfacer la aceptación de la adhesión en el referéndum, sino una medida de racionalización acordada por el propio Pentágono, que afectó a la base de Torrejón. En 1968 ya Franco había hecho saber a las autoridades militares norteamericanas que esta base podía convertir Madrid en objetivo nuclear de la URSS en caso de conflicto. Durante el franquismo se cuestionó más la existencia de las bases militares que con los gobiernos del PSOE. El "Documento Ojeda" presentado en enero de 1988 ya contemplaba la "utilización del territorio español como plataforma plurifuncional (tránsito, apoyo, logística) de retaguardia". Durante ese año, al mismo tiempo que se ultimaban tanto la renovación de los Acuerdos Hispano-Norteamericanos como las directrices de participación española en la OTAN, se constituyó en Washington un grupo de expertos dirigido a estudiar una significativa reducción de las bases de Estados Unidos en el extranjero y, especialmente, en las zonas bajo control europeo. Este grupo consideraba suficiente la capacidad de respuesta de las fuerzas aeronavales europeas en caso de conflicto para evitar que la flota rusa cruzara el Estrecho con submarinos y atacara las rutas marítimas de transporte de refuerzos. Después del referéndum, se decidió el traslado del Almirante de la Flota española desde El Ferrol a Rota, se reforzó el sistema de comunicaciones en esta base al servicio de la VI Flota norteamericana (OSIS), se admitió en Morón de la Frontera el Centro de Mando de la OTAN para operaciones aéreas ofensivas, defensivas y de apoyo, se proyectaron las maniobras "Tapón" en el Estrecho y se creó el Grupo Aeronaval del Portaaviones Príncipe de Asturias. Son los avances en la tecnología militar, el final de la Guerra Fría, el aumento del presupuesto español de Defensa, la adquisición por delegación de nuevas competencias y funciones defensivas, y no el referéndum de la OTAN, las auténticas "condiciones" de la reducción de la presencia militar norteamericana durante los gobiernos de Felipe González. Si ha habido reducción ha sido porque EEUU ha concentrado su interés estratégico en la ampliación de la base de Rota, concedida durante el primer gobierno de Aznar. Con la Cumbre de Praga, celebrada en noviembre pasado, de nuevo se reconsidera la estructura de mandos, reduciéndola, y su ubicación. El estado español participará activamente en la nueva Fuerza de Respuesta de la OTAN (NFR) con el Cuartel General de la Fuerza de Maniobra de Bétera para la "Alta Disponibilidad Terrestre" y el buque LPD Castilla con base en Rota para la "Alta Disponibilidad Marítima"4. En definitiva, se puede afirmar que las condiciones incluidas por el PSOE en la consulta sobre la pertenencia española a la OTAN formaban parte de la propia estrategia militar hispano-norteamericana en aquel momento y de un proceso negociado de adaptación que debía conducir directamente a la plena integración en la Alianza. La aplicación de esta política ha dado contenido al social-imperialismo en el estado español. La actual postura del Partido Popular puede que peque de falta de discreción, pero no es más cercana a EEUU de lo que fue la política del PSOE. El equipo de Aznar no ha realizado un cambio significativo respecto a Estados Unidos en la diplomacia heredada de la etapa de Felipe González, sino que ha tenido que encajar un giro estratégico de la política exterior norteamericana que Zapatero, de haber estado en el Gobierno, habría asumido también de una forma u otra.
¿Por qué insistir entonces en dar credibilidad al fraude de 1986 legitimando la política del PSOE? ¿Por qué no se ha llevado a la opinión pública la denuncia de este fraude, en lugar de limitarse a denunciar el "incumplimiento" de las condiciones del referéndum como si las propias condiciones no fueran fraudulentas? Si hubiésemos denunciado cada 12 de marzo esta realidad en lugar de recordar los resultados del No o dar crédito a las condiciones del referéndum y hubiéramos dejado sentada esta posición en 1996, ahora probablemente el PSOE no habría asistido a la manifestación del 15 de febrero tan cómodamente arropado por nuestra impotencia. Esta debilidad condena políticamente al pacifismo a una continua claudicación ante el social-imperialismo –que tiene en Blair el ejemplo de lo que será Zapatero- y deja indefenso al movimiento frente a la instrumentalización de su trabajo en la sociedad. La única salida para marcar distancias políticas es vincular de nuevo el "No a la guerra" con la reivindicación de "Disolución del ejército", ya que gran parte de la debilidad existente proviene de la negativa de Izquierda Unida a asumir una oposición radical al militarismo en función de intereses más pragmáticos que conducen a flagrantes incongruencias. El apoyo tácito o la dejación de oposición al ejército profesional es una alternativa peor que el servicio militar obligatorio desde un punto de vista pacifista consecuente, porque "nos deja vendidos" frente al instrumento militar de las multinacionales españolas en el mundo. Quedarse satisfechos con el final del servicio militar obligatorio y no pedir la disolución de las fuerzas armadas y la reconversión civil de la industria militar por posibilismo es prestarse a concepciones de la seguridad y la defensa que coinciden con el social-imperialismo del PSOE y con los imperialismos europeos en sus actuales diferencias con EEUU.
1 Emplearé el término "social-imperialismo" para referirme al apoyo que los intereses económicos y la expansión exterior del complejo militar-industrial y las empresas multinacionales han obtenido en los programas y acciones de gobierno de fuerzas políticas socialdemócratas (PSOE) y comunistas en el poder (PCUS) en Europa.
2 EL PAÍS, 24 de octubre de 1997.
3 ORTEGA, Martin C. (septiembre-octubre de 1997): La opinión pública española y la nueva OTAN págs. 65 y 73, en la revista POLÍTICA EXTERIOR Vol. XI nº 59.
4 La disponibilidad marítima se ha negociado con el Pentágono para estacionar una fragata F-100 frente a las costas de Libia, en misión de interceptación de misiles (EL PAÍS, 21 de junio de 2001). Se considera que Libia podría amenazar Canarias o Andalucía con misiles de largo alcance en caso de conflicto con EEUU, para disuadir la necesaria colaboración logística española en una intervención militar norteamericana, como hizo con Malta en los años 80.
